Prácticas terroristas en la República de Roma, en la Francia Revolucionaria y en la Venezuela Independentista

Resumen

Este ensayo identifica y analiza las características del terrorismo, entendido como “actos violentos o intimidatorios con objetivos políticos” durante la República de Roma, e intenta relacionarlos desde el punto de vista teórico con aquéllas prácticas que por sus características se asemejen a las desarrolladas durante el régimen del terror en Francia (1793-1794) y las llevadas a cabo durante la guerra de independencia en Venezuela, especialmente entre 1813 y 1814 bajo el decreto de Guerra a Muerte de Simon Bolívar.

Introducción

Un estudio con las ambiciones que este título sugiere, inmediatamente exige alguna aclaratoria sobre la perspectiva bajo la cual se analizará el fenómeno del terrorismo. Se trata de un fenómeno que entendemos como multidimensional, heterogéneo, multiforme, que se ha presentado en distintos lugares y tiempos con características muy disímiles.  Se le ha llamado, o confundido con guerra campesina, bandidaje, guerra civil, revolución, guerra de liberación nacional, movimientos de resistencias, etc.  El concepto de terrorismo es esencialmente subjetivo y depende mucho de la valoración política y ética que tenga el autor así como de su propia agenda, y en consecuencia, su sentido y contenido no son absolutos, unívocos ni transparentes. Es fácil pensar que quien esta aterrorizado es quien decide qué puede ser considerado como  terrorismo. No obstante, esta forma de explicar el fenómeno es excesivamente amplia, y no dirime las tradicionales dudas acerca de la legitimidad en el uso o amenaza de uso de la fuerza.

Buena parte del debate que siempre ha existido respecto al terrorismo gira en torno a la definición del término. Como observamos en este ensayo, no se trata de un fenómeno nuevo, pero el terrorismo global de las últimas décadas ha llamado mucho la atención de los medios y ha planteado nuevos desafíos a los discursos político, jurídico y filosófico. Pareciera que siempre es “el otro” el que desencadena el terror, y todos los terroristas afirman estar reaccionando a un acto de terror previo. Por otra parte, hay que tener presente que el terrorismo es sin duda un tipo de violencia que genera efectos emocionales desproporcionados en relación a sus consecuencias materiales, es decir, es mayor el impacto mediático que genera miedo e incertidumbre en una amplia audiencia, que el número de aquéllos que sufren directamente de la violencia. El mensaje, en este sentido, es el objetivo, no la víctima. A través del miedo los terroristas aspiran condicionar sus actitudes y comportamiento en una dirección favorable a sus intereses y objetivos políticos.

Un dilema que siempre ha estado asociado a los estudios sobre terrorismo es si tales prácticas podrían considerarse como parte del concepto de “guerra”.  Este dilema se presenta esencialmente en los casos en los que los analistas definen el fenómeno como “terrorismo de Estado” y cuando los medios que se utilizan para generar violencia son en teoría “legítimos”. De manera abstracta, la guerra ha sido definida como el empleo de la violencia organizada, a gran escala, y con una motivación concreta. Muchos de los analistas dedicados al tema de seguridad y defensa, responden al dilema antes indicado con los principios esenciales del modelo teórico expuesto por Clausewitz, el autor más citado en las aproximaciones conceptuales a este fenómeno. De su teoría destacan principalmente dos elementos: la guerra es violencia entre Estados y la guerra es combatida por ejércitos o fuerzas regulares que responden al gobierno del Estado. [1] Este modelo teórico sirvió especialmente para entender todas las guerras desde la creación del Estado-Nación en el Congreso de Westfalia de 1648 y hasta la Segunda Guerra Mundial de 1939. Fuera de ese paréntesis histórico, mucha violencia, y diríamos, mucho “terrorismo” ha tenido lugar en la historia de las relaciones internacionales que no ha contado con el debido reconocimiento del fenómeno.

Existe en consecuencia, un desfase entre teoría y realidad que no se reducen a lo meramente académico. La carga de legitimidad que arrastra el concepto de guerra de Clausewitz se mantiene en muchos estudios y a todos los niveles. Decir que un determinado acto violento se enmarca en un contexto de guerra es sin duda una aventura conceptual.  Robert Kaplan por ejemplo, señala que un conflicto puede ser librado por ejércitos convencionales pero también por lo que él denomina guerreros, combatientes que luchan con reglas distintas y que se rigen por una escala de valores distorsionada y, a menudo, brutal.[2] La figura que define Kaplan engloba a ejércitos de adolescentes asesinos en África Subsahariana, mercenarios, milicias de autodefensa, grupos guerrilleros aliados con narcos, hombres armados que sirven a los señores de la guerra, y a muchos integrantes de la red terrorista Al-Qaeda.

Lo que intentamos hacer en este ensayo es una revisión de las prácticas que podrían denominarse como terroristas, es decir, opuestas a la línea de pensamiento dominante en tiempos de la República de Roma, y extrapolar las características propias de ese fenómeno, salvando la coyuntura y las condiciones políticas e históricas del momento, a las prácticas terroristas durante la Revolución Francesa y durante la Guerra de Independencia en Venezuela.

Durante la Roma republicana no existían palabras para definir al terrorismo o a los terroristas. Sin embargo, podemos encontrar en muchos estudios, acontecimientos y acciones llevadas a cabo por personas que estaban dispuestas a utilizar  de manera calculada la fuerza y el terror para lograr determinados fines. Se encuentran palabras como villanos, rebeldes y tiranos, así como “zelotes” y “sicarios” que veremos más adelante, pero los motivos y métodos que utilizaron pueden ser íntimamente relacionados  con los que consideramos hoy como los de los terroristas.

El FBI define al terrorismo como “el uso ilegítimo de la fuerza contra personas o cosas para intimidar o coercer al gobierno o a la población civil, con el fin de lograr determinados objetivos políticos o sociales”.[3] Esta definición tan actual, es útil sin embargo para entender y analizar acciones violentas e intimidatorias con objetivos políticos que tuvieron lugar durante la República de Roma pese a que en estudios y escritos de la época tales actos no se llamaron de la misma forma. Hasta Aristóteles reflexionó sobre la violencia con objetivos políticos en su obra “La Política”.

Este ensayo no intenta desarrollar el concepto de terrorismo ni tampoco trazar una línea cronológica en el tiempo para entender su evolución en la historia.  Mi objetivo es identificar aquéllos elementos o características del fenómeno que independientemente de la coyuntura o las condiciones, puedan ser repetidas y generales en cuanto a estructura y dinámica. Lo que argumentaré aquí es que el ciclo de violencia se entremezcla con un ciclo de pensamiento, y que se trata de un conjunto de creencias y valores diferentes al del poder dominante, o en todo caso, al del analista que estudia el fenómeno. Es por ello que la violencia y la amenaza de su uso, ejercida tanto por el poder dominante en tiempos de la República de Roma como por grupos rebeldes que aspiraban derribar ese poder, podría, según la perspectiva, ser considerado terrorismo. El primero, terrorismo de Estado, y el segundo, simple y llano terrorismo. La misma argumentación puede sostenerse para muchos otros casos, como el de la Revolución Francesa y el llamado “régimen de terror” de Robespierre y la Guerra de Independencia en Venezuela y el decreto de “guerra a muerte” de Simón Bolívar.  Podríamos aventurarnos a decir que esas acciones se enmarcan dentro de lo que entendemos por terrorismo de Estado? O, rechazar tal argumento de manera categórica y señalar que el fin justifica los medios?  …los fines de quién? Es por eso que el término de terrorismo es puramente evaluativo y subjetivo, y resulta útil para condenar un amplísimo y borroso conjunto de actos violentos.

Específicamente para el estudio de la guerra de independencia en Venezuela, el Dr. Víctor Genaro Jansen en su obra “La República Romana y su Resonancia Política en la República de Venezuela Independentista (1810-1814)” arguye que la actuación de Simón Bolívar y de los próceres venezolanos respondía a las virtudes romanas republicanas: el amor a la patria, el sacrificio de la vida como último gesto de amor por la patria, el respeto de las leyes, y la buena moral, entre otros. También adoptan la institución de la dictadura que es considerada una sabia invención de la República Romana, para hacer la guerra o reprimir una rebelión interna en tiempos de peligro.[4]

Sobre esto Jansen destaca que una de las causas de la caída de la Primera República fue la falta de severidad  por parte de quienes gobernaron a la patria durante ese período, y por ello la necesidad de una dictadura. También Gerhard Masur refuerza esta postura, señalando que  “…a juicio de Bolívar, no había que hablar de clemencia para los dirigentes de la conspiración y aconsejaba que fueran liquidados. Además, quería extender las expediciones de castigo a otras provincias leales a la Corona y, por consiguiente, enemigas de la revolución. Una vez sacada la espada, no podía volver a envainarse sino cuando todos sus designios se hubieran cumplido. Bolívar estaba firmemente persuadido de que nada se ganaría con medidas intermedias, que sólo servían para irritar a los enemigos de la República, no para acabar con ellos. Miranda sentíase más inclinado a una política benigna. (…) Para Bolívar la primera causa de la destrucción de la República fue su falsa tolerancia.” [5]

Por ejemplo, Jansen cita a Juan Germán Roscio, y éste a su vez al ejemplo de Roma, al justificar la muerte como castigo por considerarla una sanción incluida en las sociedades para su funcionamiento y aceptada por quienes las integran. Se ubica en la Roma de finales de la República y trae a colación el caso de la Conjuración de Catilina en el siglo I a.C. para destacar que la muerte es el castigo para preservar la paz y la salud de la república. [6] En estos casos, no estamos hablando de terrorismo, sino de “dictadura” y “muerte” pero para la argumentación que sostendré más adelante, el decreto de Guerra a Muerte de Simón Bolívar podría considerarse una práctica terrorista, que, aunque justificada y basada en principios republicanos (según comentado anteriormente), no necesariamente debe ni es entendido así por todos los historiadores. No constituye el objetivo de este ensayo evaluar la esencia, objetivos y significación histórica del decreto de guerra a muerte, pues eso sería una tarea titánica. Sólo nos limitaremos a relacionar algunos elementos del republicanismo romano sobre la muerte y el terror, para trasladarlo luego a la Francia revolucionaria y finalmente conectarlo con el decreto de guerra a muerte en la Venezuela independentista.

Prácticas terroristas en la República de Roma

(Zelotes y  Sicarios)

Es fácil coincidir con quienes consideran que el estudio y conocimiento de las civilizaciones antiguas, y en particular de Roma, constituyen un referente obligado para interpretar la historia de la Humanidad. Así lo indica el Dr. Jansen en el texto que hemos citado y que sirvió de regulador y conductor de las ideas y argumentos expuestos en este y el último apartado del ensayo. En vista que queremos dedicarnos exclusivamente al tema que nos interesa, el de las prácticas terroristas en tiempos de la República de Roma, la investigación se hizo relativamente limitada. La mayor parte de las acciones violentas que fácilmente podríamos citar y estudiar para evaluar las características del terrorismo que mencionamos en la introducción, tuvieron lugar fuera del período de la República.

No obstante, algunos analistas dedicados al fenómeno del terrorismo, al hurgar en sus orígenes, mencionan las acciones violentas llevadas a cabo durante el período de la Roma republicana, por un grupo llamado los Zelotes. Se trata de un grupo que rechazaba la opresión romana y consideraba el uso de la violencia en contra de civiles como la única solución para rebelarse a la autoridad romana. Era un movimiento político nacionalista en el Israel del siglo I fundado por Judas el Galileo que algunos historiadores consideran el primer grupo terrorista de la historia ya que utilizaba el homicidio de civiles que colaboraban con el gobierno romano para disuadir a otros de hacer lo mismo. El historiador Flavio Josefo cuenta que de entre los zelotes, surgió durante los años sesenta y setenta del primer siglo d.C. una temible secta llamada los sicarii. Los sicarios ganaron su nombre gracias a su habilidad mortal en el manejo de la sica, una pequeña daga con la que solían degollar a los legionarios romanos y a los judíos traidores o apóstatas, generalmente por sorpresa, a la luz del día y en medio de alguna muchedumbre. [7]

Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada tal y como sucedió en la Gran Revuelta Judía del 66-73 durante la cual controlaron Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el Templo, y tres años más tarde ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio zelote, tras el suicidio de sus defensores.

La política de los últimos procuradores romanos y el estallido del conflicto final contra Roma provocó el nacimiento de los zelotes.  Sin embargo, autores como Vidal Manzanares no creen que se pueda afirmar que existieran zelotes desde el periodo que va de la muerte de Judas el galileo a los primeros años posteriores a la muerte de Jesús y, muy probablemente, al 66 d. de C. [8]

Para la Ley romana, los peores delitos eran los de rebeldía, sedición o traición al Imperio, reservándose para ellos el horrible castigo de la muerte por crucifixión. Tan temida era esta pena que los judíos que se rebelaron contra las autoridades romanas en el siglo I d.C. y que se refugiaron en la fortaleza de Masada, tomaron la decisión de suicidarse antes que entregarse ya que sabían lo que les esperaba a los supervivientes del asedio.

“La teología específica de los zelotes no parece haber sido distinta de la de los fariseos pero, a diferencia de éstos, ellos se manifestaron partidarios de iniciar una acción armada contra Roma que, pensaban, sería respaldada por Dios. Precisamente por ello, eran contrarios al pago del tributo al emperador y a los matrimonios mixtos. Su postura sólo se diferenciaba empero de la de otros judíos en su disposición a usar la violencia. Parece también claro que a su uso de la fuerza armada ligaron aspectos típicos de la violencia revolucionaria como quemar los registros de propiedad, asesinar a miembros de la clase alta, etc.”  [9]
Flavio Josefo, en su obra “Antigüedades Judías”, describe a los zelotes como una de las cuatro sectas judías del siglo I siendo las otras los saduceos o casta sacerdotal, los fariseos y los esenios. Cuando los zelotes atacaron una guarnición romana en Séforis, a siete kilómetros de la localidad de Nazaret, un año después de que el cónsul romano ordenara el censo en Nazaret, se inició una revuelta judía que motivó la dura respuesta romana que derivó en la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén algunas décadas después.

Considerar a los zelotes como el verdadero primer grupo terrorista de la Historia por las acciones violentas que llevaban a cabo contra el poder romano es sin duda temerario, pues otros analistas, en todo caso, les ven como un movimiento de resistencia ante un invasor. Ahora bien, la propia autoridad judía ya había aceptado al poder romano como referencia administrativa probablemente por una pura cuestión práctica: oponerse solo hubiera servido para ver aniquilado al pueblo judío. Sea cual sea la razón, el caso es que Roma era el Estado y los zelotes luchaban contra el Estado pero no de manera abierta sino mediante acciones planificadas y perpetradas por lo que hoy llamaríamos terrorismo. Los “sicarios” fueron especialmente despiadados, pues no dudaban en matar a civiles para que el resto de la población dejara de pagar los impuestos debido al temor que despertaban los sicarios.

Por otro lado, tenemos el uso de la violencia por parte de Roma, el poder de la República. La formación y consolidación de la Constitución Republicana (510 – 27 a.C.) se caracteriza por las luchas entre los patricios y plebeyos. En un principio, los plebeyos no gozaban de ningún derecho político, ningún privilegio, sus ventajas consistían en la libertad de su persona y de sus bienes, o en la libertad civil. El exclusivo goce de los derechos políticos y los continuos abusos de la clase dominante de los patricios ocasionó la resistencia pasiva de los plebeyos que realizaron secesiones o retiradas en masa a los montes Sacro o Aventino. El primer conflicto social tuvo como causa las continuas levas o reclutamientos militares y la prisión por deudas de los plebeyos incapacitados para pagarlas.  Estas luchas se prolongaron por más de dos siglos con varios períodos de calma, y estallidos violentos. [10]

Es de mencionar, la ley de las XII Tablas, el más antiguo código de Derecho romano. Fue redactado entre los años 451 y 450 a.C., y tomó como fuente el Derecho oral existente en aquel momento. La Ley de las Doce Tablas fue establecida para calmar las exigencias de los plebeyos, que mantenían que sus libertades no se encontraban protegidas de forma conveniente por el Derecho escrito, al menos tal y como lo aplicaban los jueces patricios. El sistema legal instaurado por este Código y el conjunto de reglas que se desarrollaron a su alrededor era aplicado en exclusiva a los ciudadanos romanos y se conocía como el ius civile, pero no a los hombres de los espacios conquistados que no gozaban del estatus de “ciudadano”.

Durante la segunda etapa de la República, los derechos de la plebe y el patriciado se equiparan y los plebeyos tienen acceso a las magistraturas. Y finalmente, durante la última etapa, la decadencia del período republicano y el paso al principado, dará lugar a un sin número de acciones violentas que fácilmente podrían ser objeto de estudio para este ensayo, pues cabrían bajo la definición de actividades terroristas, o terrorismo de Estado. Sin embargo hemos limitado este apartado al período de la República de Roma, y en consecuencia lo limitamos a mencionar solamente a los zelotes y los sicarios, así como a las luchas de la plebe con el patriciado.

Prácticas terroristas en la Francia Revolucionaria

(Pensamiento de Saint-Just y Robespierre)

Antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa, el de las prácticas terroristas durante la Francia Revolucionaria, debemos hacer un breve paseo por la coyuntura histórica y de las ideas que predominaba en ese momento. Desde la época del Renacimiento se inició en Europa un proceso de recuperación de los clásicos y del pensamiento del mundo antiguo. Las obras de los clásicos, por ejemplo, los escritos de Cicerón, Tácito, Plutarco, Tucídides, Lucrecio, Estacio, Manilio, Polibio y otros, comenzaron a ponerse de moda. El propósito, sin duda, de esta recuperación del pensamiento antiguo, era encontrar “un modelo para la creación de buenos ciudadanos, de hombres virtuosos capaces de rechazar los vicios”. Este denodado estudio de los clásicos, y sobre todo, de la experiencia de la Antigua Roma, generó una exaltación de la época de la República romana, fomentó una revalorización del republicanismo y la idea del “ciudadano virtuoso”. [11]

El ejemplo de Roma, como República donde existió la estabilidad y se protegía y garantizaba plenamente la “libertad”, fue vital durante el período del Renacimiento para autores como Nicolás Maquiavello, Girolamo Savonarola, Jacques Rousseau, que destacaron en sus obras la importancia y el legado de Roma.  Decía por ejemplo Maquiavello, que la República romana era el régimen que mejor protegía la libertad, estimulaba el progreso y también la que amparó más claramente la propiedad:

“Todas las tierras y las provincias que viven libres, hacen enormes progresos. Porque allí los pueblos crecen, por ser los matrimonios más libres y más apetecibles para los hombres, pues cada uno procrea voluntariamente todos los hijos que cree poder alimentar, sin temer que le sea arrebatado su patrimonio, y sabiendo que no solamente nacen libres y no esclavos, sino que pueden, mediante su virtud, llegar a ser magistrados. Las riquezas se multiplican en mayor número, tanto las que provienen de la agricultura como las que proceden de las artes, pues cada uno se afana gustosamente y trata de adquirir bienes que, una vez logrados, está seguro de poder gozar. De aquí nace que los hombres se preocupen a porfía de los progresos públicos y privados, y unos y otros se multiplican asombrosamente”.[12]

Estas ideas republicanas llegaron a la Francia revolucionaria y se plasmaron en la Constitución jacobina de 1793, primer texto republicano de Europa, siguiendo la línea de Rousseau y Robespierre.  Los jacobinos exaltaron las experiencias de Esparta y Roma y esta influencia clásica quedó plasmada en el arte oficial, en la arquitectura, en la literatura, en la oratoria parlamentaria, en la educación, y de manera más fuerte “en el magisterio de la obediencia que constituyó el lazo de unión entre las repúblicas antiguas y el ensayo utópico de los hombres del 93”. [13]

Es en este entorno de influencia clásica, de exaltación del republicanismo, y de ilustración, donde supuestamente nace el fenómeno del terrorismo.[14] Por lo general, al estudiar este fenómeno y sus orígenes, los expertos señalan que el término “terrorismo” nació en el período denominado el régimen del terror en Francia entre 1791 y 1794. Tal período se inicia cuando en la  Convención Nacional, celebrada en el Convento de San Jacobo en 1792, los moderados del partido de los girondinos son remplazados por un grupo que se pasarían a llamar los jacobinos y sus principales activistas fueron: Dantón, Robespierre, Marat y Saint Just.

La república jacobina en el plano exterior debió frenar el avance de los ejércitos extranjeros y en el plano doméstico debió combatir la aristocracia, y terminar con la resistencia de los girondinos, que se oponían a la nueva forma de gobierno. Los jacobinos hicieron alianzas con los sans-culottes (sectores humildes y populares), y durante 1793, se creó una institución destinada a establecer un rígido control de los opositores, castigarlos duramente y aplicar la pena de muerte a todos aquellos que no apoyaban el sistema de gobierno republicano. En la Convención Nacional de 1793, Robespierre señala “si el esfuerzo de un gobierno del pueblo en tiempo de paz es la virtud, la fuerza de ese gobierno en momentos de revolución es, a la vez, la virtud y el terror. La virtud sin el terror es algo funesto. El terror es la emanación de la virtud.” [15

Este instrumento fue dirigido en persona por Robespierre y tenia por objetivo mantener dominados a sus opositores, a través del miedo, por lo que se le llamó: “régimen del terror”. Así, los jacobinos juzgan al rey Luis XVI y a María Antonieta, y los condenan a la guillotina, a facciones moderadas a la revolución como los girondinos, y en especial a los aristócratas a través de los llamados “comisarios”, policías al servicio de la Convención, figura que se crea para el control militar del Estado; el terror llega a todo sospechoso de no ser un radical defensor de la Revolución Francesa.

El terror durante la Francia revolucionaria se entendía como un método institucionalizado de excepción para consolidar la revolución y transformar en virtuosos a los ciudadanos. El comité de Salud Publica, encabezado por Robespierre, era el responsable de instaurar la violencia política revolucionaria del gobierno. De esta forma, la virtud y el terror se asociaban como dos pilares fundamentales del gobierno revolucionario. Se trataba de una situación de emergencia, excepcional, que exigía el uso sistemático del terror para ayudar al establecimiento de un nuevo gobierno, eliminar a los aristócratas, a los contrarrevolucionarios, y a todos los adversarios del régimen. Robespierre justificó el uso del terror por la necesidad de “obligar a lo hombres a ser libres”.

Para los activistas jacobinos, la salvación del hombre debía darse por intermedio de una buena legislación y de buenas instituciones, que necesitaban del sometimiento de la voluntad individual a la voluntad general. Este planteamiento quedaría plasmado en los textos “La Educación Republicana” y las “Instituciones Republicanas” de Le Peletier y Saint Just respectivamente. Allí argumentaron que el Estado debía proporcionar una educación que garantizara la dominación del individuo por intermedio del entrenamiento militar, la práctica de las virtudes cívicas y la administración de las instituciones sociales. Saint Just propuso, para reafirmar este último aspecto, que el Estado tenía que crear una Superintendencia de la Moral y de las Buenas Costumbres. Órgano tomado del Censor romano, que debía conservar la moral y garantizar la amistad.[16]

Como vemos, el legado de la República de Roma puede observarse de manera incontestable tanto en el período del Régimen del Terror, como en los discursos del Libertador Simón Bolívar, que veremos en el siguiente apartado.

Apoyado en los postulados constitucionales de 1793, Robespierre expuso, como expresión de contundente pensamiento republicano, el 5 de febrero de 1794 en su discurso “Sobre los Principios de Moral Política”, el ideal básico del gobierno democrático de la Virtud, que se expresaba en la total aplicación del principio de igualdad y, por ende, en la proscripción del interés particular:

“Hablo de aquella virtud pública que tantos prodigios obró en Grecia y Roma y que en la Francia republicana deberá obrar  otros mucho más asombrosos, hablo de la virtud que es en sustancia, el amor a la patria y a sus leyes.

Pero dado que la esencia de la república, o sea, de la democracia, es la igualdad, se deduce de ello que el amor a la patria implica necesariamente el amor a la igualdad. Además este sublime sentimiento presupone la prioridad del interés público sobre todos los intereses particulares, de ahí resulta que el amor a la patria presupone también – o produce todas las virtudes.

En efecto, ¿acaso las virtudes son otra cosa que la fuerza de ánimo que hace posibles tales sacrificios? ¿Acaso puede el esclavo de la avaricia o de la ambición sacrificar sus ídolos a la patria? (…) Pero los franceses son el primer pueblo del mundo que han instaurado la verdadera Democracia, concediendo a todas las personas la igualdad y la plenitud de derechos del ciudadano (…)”.[17]

Como indicamos un poco más arriba, el Republicanismo como modelo político defiende y garantiza la libertad, pero también la propiedad privada. Sin embargo, en las reformas propuestas por Robespierre las propiedades de los grandes burgueses estaban en peligro. De manera que, durante el régimen del terror, la oposición de la burguesía fue creciendo, pero también la del pueblo, pues a cualquier crítica el gobierno dictatorial respondía con la detención y la muerte. Cuando la guerra dejó de ser un problema y las victorias del ejército republicano garantizaban la estabilidad de la República, gran parte de los diputados de la Convención se pusieron de acuerdo para dictar una orden de detención contra Robespierre, que fue guillotinado el 28 de julio de 1794.

En 1794 se produce un golpe de estado propiciado por la alta burguesía que desplaza la república y crea un Directorio, con el apoyo de los militares. Todos los líderes de la Convención fueron guillotinados. El Directorio, eliminó la libertad política de votar a los más humildes, se eliminó el control de precios y se tomaron medidas que favorecieron a los comerciantes y especuladores. Este nuevo régimen, el Directorio, evolucionó hacia un sistema autoritario que eliminó por completo los logros alcanzados durante la República. Entre los militares que apoyaron el Directorio, se encontraba Napoleón Bonaparte, quien luego alcanzó el poder mediante un golpe militar, y en 1799 se apoderó del gobierno de Francia. Se coronó como Primer Cónsul, concentrando cada vez más poder, hasta llegar a convertirse en emperador en 1804.

Pese a que el régimen del terror duró solamente dos años, 1793 y 1794, su influencia e impacto en la historia moderna de la Humanidad, es indiscutible. De Robespierre, el hombre que puso en marcha ese sistema, existen múltiples percepciones. Aquéllas en las que se lo enaltece por haber llevado adelante reformas sociales positivas para las clases mas humildes, así como por la reinstauración del modelo de la República romana en Francia, y otras en las que se lo considera un hombre cruel y sin escrúpulos, autor del peor terrorismo de Estado. Por ejemplo, de la primera interpretación, tenemos posiciones como la de Shulim: “Robespierre, inspirado por Rousseau, fue conocido como el hombre de Estado incorruptible, práctico, patriota, que luchó por establecer una republica democrática basada en la libertad, la igualdad, la fraternidad, y la justicia. Empleó el terror sólo debido a la necesidad, y con gran moderación, esperando darle fin prontamente. [18]

Y la de Lefebvre: “I wish to indicate the place I would assign to Robespierre in the perspective of history. During the French Revolution, the capital fact that molded French society so profoundly that no one has ever dared impair it, is then the Revolution of 1789, sanctioned by the night of August 4 and the proclamation of equality before the law, freedom of thought, suppression of the tithe and the sale of the lands of the Clergy; it was above all the disappearance of the overlord in our villages by the suppression of seigniorial privileges. This unbelievable collapse of a social structure many centuries old, provoked in France and in neighboring countries a terrible upheaval, and it is necessary to recognize this in order to understand the revolutionary mentality. Robespierre appears to me as the resolute and faithful representative of that revolutionary mentality; he was the intrepid defender of the Revolution of 1789 which destroyed in France the domination of the aristocracy; the immovable and incorruptible head of revolutionary Resistance. This place in history can never be taken from Robespierre”.[19]

Robespierre fue sin duda considerado la cabeza visible de este período, hasta que fue ejecutado y perseguido por los diputados jacobinos considerados “terroristas”, de donde viene el término. Cuando Robespierre fue ejecutado, previa condena, lo fue en calidad de quien practicó el terrorismo y así aparece el término como referido al abuso del terror ejercido por el Estado. Terrorismo es sinónimo entonces de terror organizado por el Estado.[20]

A raíz de la Revolución Francesa nació una filosofía del terror que sería controlada por Napoleón pero que tras la muerte de éste renacería en la forma del terrorismo anarquista que atenta contra cualquier forma de poder sin importar los daños colaterales.

Prácticas terroristas en la Venezuela Independentista

(Pensamiento del Libertador Simon Bolívar)

Decreto de Guerra a Muerte: Españoles y canarios contad con la muerte aunque seáis indiferentes, si no obráis por la liberación de América, Venezolanos contad con la vida aunque seáis culpables.

No hay duda que el legado de Simon Bolívar, su pensamiento, sus escritos, su vida, han sido objeto de todo tipo de interpretaciones. Su memoria se ha distorsionado como se distorsionan fácilmente la memoria de todos los grandes personajes de la historia.  Este aspecto de la “distorsión” en la interpretación, es común en el lenguaje de los analistas del terrorismo porque es una de las aristas que perfilan significativamente el debate sobre el tema, según expusimos en la introducción de este ensayo.  Así como “the beauty is in the eye of the beholder”, así la memoria histórica y los valores que se le atribuyen a personajes como Simon Bolívar dependen en gran medida de los propios valores del analista, el historiador o el político.[21] Durante los años de la lucha independentista, así como los próximos posteriores, la imagen de Simon Bolívar no varió mucho, pues existía un conjunto de valores políticos y culturales comunes a través de los cuales se percibía al Libertador, fundamentalmente, por el concepto del republicanismo. De hecho son varios los autores que coinciden en decir que el concepto de republicanismo es vital para entender a Bolívar. [22]

Adicionalmente, no hay que olvidar que el proyecto de construir una república en Venezuela ocurrió en un “momento ciertamente complejo en la historia de las ideas y las corrientes republicanas. Los hechos revolucionarios a nivel internacional y las corrientes de pensamiento de la ilustración, habían dado a luz una lucha que se extendía a todos los ámbitos del pensamiento y la acción humana: la de los “antiguos” contra los “modernos””.[23]

Sin embargo, como hemos dicho, el carácter de Simón Bolívar es disputado tanto en la escritura norteamericana como en la latinoamericana. Se ven unas imágenes distintas de Bolívar en la prensa estadounidense de los 1820’s, en la que su representación cambió de un “Washington del Sur” a un dictador napoleónico. Esta transformación ocurrió en el contexto del republicanismo en los Estados Unidos, diferencias políticas domésticas y competencias internacionales. En particular, los republicanos consideraban dignos de elogio los sacrificios iniciales de Bolívar por la independencia de la región, pero no su propensión a considerar la autoridad centralizada casi una “tiranía” y el antagonista moral de una sociedad republicana. Unos eventos durante 1827 y 1828 en Colombia fueron centrales para las dos imágenes de Bolívar: los campos políticos en los Estados Unidos identificaban su “dictadura” o como necesaria o como una traición de la libertad.  Quienes sostenían la imagen de Simon Bolívar como dictador eran básicamente editoriales estadounidenses que notaban la dura posición contra España y los españoles y, por otra parte, su visión favorable hacia la política británica y la ilustración europea. Era evidente su preferencia por Gran Bretaña sobre los Estados Unidos en su posición respecto al Congreso de Panamá y la Doctrina Monroe y está presente en varios de sus escritos. [24]

Se construyó una imagen de Bolívar en la que se consideraba que éste daba preferencia al sistema monárquico y dictatorial, y desplazaba las virtudes republicanas. Percepción sin duda equivocada, pues como demuestran innumerables fuentes, el lenguaje del republicanismo estaba muy extendido entre los venezolanos que lucharon por hacer de “Venezuela” una República independiente, especialmente valores tales como “el amor a la patria, la virtud como principal soporte de la republica, el sacrificio como último gesto de amor por la patria”, [25] etc.

La “libertad” es otro de esos conceptos claves para entender la esencia y la imagen de Simon Bolívar. La libertad exige que los ciudadanos cultiven virtudes cívicas, las cuales son las principales pesos y contra-presos de la tiranía, antagónica con el republicanismo. Ser hombres con virtud significa fundamentalmente que los ciudadanos ponen de lado sus intereses privados a favor del bien común.  Es, según dice Harry Watson, “el cemento moral de la sociedad republicana”[26], y según señala Víctor Jansen, “el ideal de libertad es otro concepto legado por el pensamiento político de la antigüedad a los republicanos de los siglos posteriores. La virtud en los ciudadanos era una cualidad exigible imperiosamente porque así se mantenía la libertad de sus ciudades. La virtud no era mas que un concepto ético y moral, que, debido a esta sustancia, exigía ciertos comportamientos al hombre romano si quería ser ciudadano. Estos conceptos, virtud, libertad, ciudadanía, y su interrelación, será la base fundamental de lo que se vino a conocer luego como la tradición romana clásica.” [27]

En su famoso Discurso al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, y en su Mensaje al Congreso Boliviano del 25 de mayo de 1825  el Libertador planteó la noción de ciudadanos virtuosos, que amaran su libertad y su patria, así como el orden y las leyes. Hasta que los ciudadanos de las naciones hispanoamericanas se convirtieran en virtuosos ciudadanos, era necesario gobernar de manera fuerte y severa. [28]

Elementos que favorecieron positivamente la imagen del Libertador fue su voluntad y decisión para sacrificar el poder militar obtenido a cambio del servicio público, pero además, el énfasis en valores republicanos, tales como la igualdad ante la ley, y la virtud de servir a la Patria desinteresadamente. El republicanismo del Libertador estaba asociado con el ideal de orden. En muchos de sus escritos Bolívar abogó fuertemente en contra de la anarquía y el absolutismo, que consideraba terribles males sociales y políticos, pues podían generar despotismo y tiranía. Así mismo descartaba la monarquía como un sistema político viable en América Latina dada la ausencia de condiciones para ello en America Latina que sí estuvieron presentes en Europa. Simón Bolívar se apoyó en el tipo de constitución mixta que existió en Roma durante la época de la República, en la que había división de poderes y control mutuo. “Las instituciones de los cónsules, del Senado y de los Comicios del pueblo participaban por igual en el gobierno de la cosa pública. El propósito de la Constitución romana era el de dar estabilidad a la República.” [29]

La corrupción era entendida como una forma de perseguir intereses privados y poder personal, lo cual chocaba con el concepto de virtud. Cuando la corrupción se adueñó de los hombres responsables de la administración de Roma, el imperio se debilitó y finalmente desapareció.  Esta visión de la corrupción y de las virtudes romanas que hereda el  republicanismo  ha sido entendido por algunos autores como una permanente vigilancia en contra de fuerzas subversivas  e individuales que hace “del republicanismo una ideología política intolerante”. [30] Según Watson, el republicanismo presume de superioridad sobre otras formas de gobierno, y es por eso, según él explica, que los Estados Unidos tratan de convencer a otras naciones y por diversos medios, de seguir su modelo de republicanismo.

Si tomáramos esa premisa por cierta, particularmente la idea del republicanismo como una ideología intolerante, podríamos inferir que bajo su bandera y con la misión de suprimir “intereses individuales” se han llevado a cabo acciones violentas cuyo fin es mantener y salvaguardar la “republica”. Tales acciones, no podrían ser definidas como “terroristas”? Esto no significa que todas las acciones violentas que ocurren en el marco de un contexto republicano deban o puedan ser consideradas terroristas. Pero quizás algunas de ellas, si. Analicemos el caso de la lucha independentista en Venezuela y la forma en que los próceres trataron de construir y ‘salvar’ la naciente república.

“Los próceres venezolanos se miraron en el espejo de esa República Romana para tomar los ejemplos de Schevola, Cicerón, Cincinato entre otros y aplicar sus principios a su proceder … las actuaciones de los romanos en esa época de esplendor eran reflejo  de una convicción acerca del significado relevante de la patria que absorbía  por completo el interés privado frente al interés  público y a la vez retrataba la vocación de servicio por esa patria que  les otorgaba todo.”[31] Justamente haciendo uso de un gobierno “severo” para mantener el orden y para defender la patria republicana de todas las amenazas que existían en los años 1813 y 1814 , así como para combatir la corrupción, el Libertador Simón Bolívar se vio en la necesidad de dar a la lucha independentista un carácter más violento. Esta posición tenía por objetivos evitar el éxito del enemigo, crear una conciencia nacional en favor de la independencia y especialmente, transformar la guerra civil en guerra internacional; para fomentar tanto en el pueblo como en los soldados la imagen de la patria libre que lucha por su independencia nacional.

Es así como la guerra en Venezuela adquirió un carácter particularmente violento entre los años 1813 y 1814. Desde 1811 los realistas se habían negado a reconocer la beligerancia de los patriotas, considerándoles alzados, bandidos y traidores al Rey (terroristas), sin reconocerles el derecho a luchar por la causa que defendían. En el Cuartel General de Trujillo, Simón Bolívar emite el Decreto de Guerra a Muerte, que transcribimos a continuación:

SIMÓN BOLÍVAR,

Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejercito del Norte,

Libertador de Venezuela

A sus conciudadanos Venezolanos:

Un ejército de hermanos, enviado por el soberano Congreso de la Nueva Granada, ha venido a libertaros, y ya lo tenéis en medio de vosotros, después de haber expulsado a los opresores de las provincias de Mérida y Trujillo.

Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos, y a restablecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Los Estados que cubren nuestras armas, están regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia; porque nuestra misión sólo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre, que agobian todavía a algunos de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes, ni ejercer actos de dominio, a que el derecho de la guerra podría autorizarnos.

Tocado de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles, que os han aniquilado con la rapiña, y os han destruido con la muerte; que han violado los derechos sagrados de las gentes; que han infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes; y, en fin, han cometido todos los crímenes, reduciendo la República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así pues, la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan y han cubierto de sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia, y mostrar a las naciones del universo, que no se ofende impunemente a los hijos de América.

A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, nuestro magnánimo corazón se digna, aún, abrirles por la ultima vez una vía a la conciliación y a la amistad; todavía se les invita a vivir pacíficamente entre nosotros, si detestando sus crímenes, y convirtiéndose de buena fe, cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de España, y al restablecimiento de la República de Venezuela.

Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo, y castigado como traidor a la patria y, por consecuencia, será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas; a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra, y magistrados civiles que proclamen el Gobierno de Venezuela, y se unan a nosotros; en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado, serán reputados y tratados como americanos.

Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de las sendas de la justicia, sabed que vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no podéis ser culpables, y que sólo la ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente los autores de vuestros crímenes, han podido induciros a ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedades; el solo título de americanos será vuestra garantía y salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros, y no se emplearán jamás contra uno solo de nuestros hermanos.

Esta amnistía se extiende hasta a los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de felonía; y será tan religiosamente cumplida, que ninguna razón, causa, o pretexto será suficiente para obligarnos a quebrantar nuestra oferta, por grandes y extraordinarios que sean los motivos que nos deis pare excitar nuestra animadversión.

Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables.

Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813.—3

Simon Bolívar.

Es copia.

Pedro Briceño Méndez,

Secretario

Hay que recordar que el decreto de guerra a muerte suscrito por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 es posterior a la contrarrevolución de Monteverde, la cual fue muy cruel, e incluyó la matanza de civiles, saqueos en masa y muchos crímenes que siguieron a la derrota de Miranda. Monteverde había escrito al Consejo de Regencia español que Caracas y otras provincias leales a la causa de la independencia debían ser tratadas de acuerdo a la “ley de la conquista”, que significaba la ley del terror, lo cual resultó en la muerte de miles de personas. [32]

A partir del decreto de guerra a muerte, y sobre todo durante la Segunda República, la imagen de Bolívar genera diversas percepciones que aun hoy en día son objeto de discusión entre historiadores. [33] Por ejemplo, Bushnell dice lo siguiente:

“…in the vacuum left by the failures of socialism and liberal democracy, the authoritarian elements of Bolívar’s legacy may be appropriated to legitimate antidemocratic causes. Clearly, Bolívar can still be used to support opposing political positions” [34]

Mucho más adelante, en 1828, años que no son objeto de esta investigación, la prensa extranjera utilizaría palabras como “despótico”, “dictador”, “tirano”, para referirse a Bolívar, tal cual como se utilizaron a su vez con Napoleón.

La gaceta de los Estados Unidos publicó ese año una semblanza de Bolívar escrita por Manuel Lorenzo Vidaurre, quien representó a Perú en el Congreso de Panamá. Además de una descripción física, Vidaurre describe al Libertador como un hombre “complejo”:

“Bolívar is a man of strong memory, a sublime practical genius, a vast understanding, great ideas, general knowledge, a taste for military exercises, dislike to the table, hatred of constitutional laws, passion for despotism, a misconceived thirst for glory, contempt for money, a very strong propensity to deceit, frustrated on many occasions by his ardor and imprudence, variable in friendship, austere in conversation, a satirical devourer of those persons who approach him most, and whom he appears most to distinguish, lascivious without love, jealous from pride, indifferent to all religion”.[35]

La Gaceta de Colombia, por otra parte, tendría el mismo año, otra imagen del Libertador completamente opuesta a la descrita en la Gaceta de Estados Unidos:

“If Washington spent the best part of his year winning and consolidating the independence of his country, then so did Bolívar, and even more: with vigor he has struggled from district to district, from conflict to conflict, where even liberty was in danger, being satisfied only with the liberation of the entire continent. And if Washington fought with various deprivations and dangers, sacrificing his comfort for the good of his country, then Bolívar did even more of the same. And if Washington stood ready to help with his private fortune to advance the cause that “proves the spirit of men,” then so did Bolívar, and in this his sacrifices were greater than Washington, because his financial sacrifices had been much greater”. [36]

Para el Dr. Jansen, el Libertador Simon Bolívar demostró con su pensamiento y sus acciones, querer superar las virtudes romanas, donde destacaba fundamentalmente el amor a la patria y el amor a la libertad. Dice al respecto: “el costo de la libertad suele ser elevado, mas aun cuando el adversario cuenta con muchos mas recursos que quien desea romper con el yugo de la dominación. Los realistas poseían la fuerza de un ejercito organizado y contaban con recursos para avanzar a la reconquista de Venezuela. (…) En el seno del gobierno patriota existía la necesidad de endurecer su postura frente a un enemigo implacable y dejar de lado el temor y confrontar a ese enemigo sin tregua ni contemplaciones.” [37] Y agrega, “la historia ha criticado a Bolívar por su actuación como dictador. No obstante, la realidad venezolana exigía de una mano firme, quizá el Decreto de Guerra a Muerte fue interpretado con ligereza por sus ejecutores. Bolívar no podía enfrentar a un enemigo vil y sanguinario con sutilezas y perdón”. [38]

Existen fuentes que corroboran el desagrado de Simón Bolívar por lo que llamamos prácticas terroristas, pero que como decíamos en la introducción no necesariamente son interpretadas así por todos los historiadores. Por ejemplo, poco antes del decreto de guerra a muerte, hay un episodio con Antonio Briceño que pone en evidencia el horror que sentía Bolívar por las prácticas crueles ejecutadas por Briceño. “Este soldado irresponsable comenzó su propia guerra de venganza contra los españoles e informó a sus tropas que su graduación dependería del número de españoles que exterminaran. Briceño mismo consiguió decapitar a dos españoles en la primera batalla. Su ejército, sin embargo, fue vencido y él mismo capturado. Al principio, Bolívar había considerado la jactancia de Briceño como una forma de aterrorizar al enemigo. Pero cuando recibió de Briceño las cabezas de los dos españoles, acompañadas por una nota escrita con sangre, se horrorizó y se separó de el. A fines de mayo, Bolívar prometió indulgencia a los desertores, prisioneros y tropas dispersas del enemigo” [39]… Pero poco después, sólo una semana después, dio a conocer la terrible proclama pidiendo la muerte para todos los enemigos de la independencia americana.

De acuerdo a Masur, Bolívar debía hacer frente al terror con el terror y por ello esta proclama: “Nuestra vindicta será igual a la ferocidad española. Nuestra bondad se agotó ya, y puesto que nuestros opresores nos fuerzan a una guerra mortal, ellos desaparecerán de America, y nuestra tierra será purgada de los monstruos que la infestan. Nuestro odio será implacable, y la guerra será a muerte”. [40]

La crueldad de los españoles podría explicar los actos de Bolívar, pero no puede disculparlos. Quizás fueron los españoles los que suscitaron esta situación anárquica; sin embargo, fue atroz colocarse más allá de todos los conceptos éticos y legales. Pero en la vida de los mas grandes artífices de Estados se pueden hallar hechos en los que la intención política sobrepasa los límites del derecho y del decoro: Richelieu, Cromwell, Federico el Grande, Napoleón, Bismarck, todos hallaron difícil mantener un equilibrio ético. Sólo una línea estrecha divide las acciones dictadas por la necesidad y aquéllas que provienen de la arbitrariedad.[41]

CONCLUSIONES

De manera general, podemos decir que el terror y las prácticas terroristas surgen como consecuencia de una convicción o postura inflexible en nuestra forma de pensar, que no da cabida a la diferencia. Cuando tales convicciones son absolutas y se nutren de otros elementos como la religión, un problema psico-social de alienación y exclusión, o una pasión desmedida por algo que llega al punto del fanatismo, se convierten en acciones extremamente violentas que aprueban el suicidio y el asesinato indiscriminado de inocentes. Sin embargo, este ensayo fue predominantemente de carácter histórico, y el gran fundador del positivismo en las ciencias históricas, Leopold von Ranke decía: “Solo las ideas absolutas sobreviven en la historia del mundo”. La historia refleja pasiones, pasadas y presentes, porque sólo los vencedores hacen la historia: la objetividad nace de la  metamorfosis  de  subjetividades acumuladas. [42]

El terrorismo gana cada vez más una reputación negativa, particularmente después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York, y es básicamente interpretado de manera peyorativa, lo que hace muy complejo su análisis desde el punto de vista jurídico. En algunos casos, el “terrorismo” se ha vuelto el objeto, mal definido, de la retórica de numerosos Estados en conflicto cuyo propósito es deslegitimar política y jurídicamente el accionar de unos grupos armados no legales. [43] Probablemente Eric Lair se refiera indirectamente a muchos casos de nuestra historia contemporánea en los que destacan: Israel-OLP, Sri-Lanka-Tamiles, Filipinas-Abu Sayaf, Timor-FRETILIN, España-ETA, Colombia-FARC… etc. Sin embargo, debe tenerse cuidado en no mal interpretar la afirmación de Lair. No todos los conflictos internacionales responden a la misma dinámica, a los mismos objetivos políticos, ni a los mismos medios para conseguirlos. Grupos armados al margen de la ley, podrían auto-denominarse “liberadores” y no necesariamente defender una causa “justa” ni tener objetivos realmente políticos sino de otra naturaleza. De nuevo, se infiere y se confirma, en consecuencia, que el fenómeno del terrorismo es esencialmente subjetivo, tal como sutilmente lo señala Hernando Valencia: ”si hay alguna violencia justa, es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y, por consiguiente, felices”. [44]

Otra manera de explicar e interpretar el terrorismo es a través de perspectivas psico-sociales en las que predominan teorías que identifican causas tales como viejos odios seculares, la impotencia del que ha estado humillado y ofendido por centurias y que necesita saciar su sed de sangre con el odio y la alienación. “Pero el terrorismo también puede ser parte de la estructura de la razón técnica, detrás de éste pueden estar los intereses de los perros de la guerra, o de un estatuto epistemológico que no conoce de la ética y de la moral tal cual la manejamos comúnmente, o como no las ha enseñado el sentido común. El terrorismo también consiste en la justificación de lo injustificable”. [45]

Pareciera que se justifica lo injustificable, cuando el objetivo o fin de la violencia y el terrorismo, es considerado noble, justo, verdadero, correcto. Pero esta connotación varía según la agenda del analista y del historiador. Y adicionalmente, sin duda, del impacto y resultado que tales prácticas terroristas ocasionaron; tal  como dijo Ranke, del vencedor. Por ejemplo, la creación del Estado de Israel es el resultado de las prácticas de un grupo terrorista denominado el Irgun (Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel). Se trataba de una organización paramilitar sionista que operó durante el Mandato Británico de Palestina, entre los años 1931 y 1948. En los años 1940, las autoridades británicas acusaron al Irgún de perpetrar actos de terrorismo contra el gobierno del Mandato Británico de Palestina y fue descrito como una organización terrorista por el Comité Anglo-Americano de Investigación. El Irgún fue el predecesor del partido político nacionalista Herut (“Libertad”), lo que condujo al actual partido Likud. El Likud ha conducido o ha sido parte de la mayoría de los gobiernos israelíes desde 1977. En la actualidad, la opinión internacional ha tendido a desconocer el pasado terrorista del partido Likud, y simplemente se le considera un partido político legítimo dentro de la estructura política de Israel.  Sin esas prácticas terroristas, es probable que el Estado de Israel no existiera. Así, al evaluar qué es considerado terrorista o no, se podría argumentar que aquéllas prácticas de la Irgun no lo fueron, pues tenían el objetivo “justo” (para los israelíes) de crear un Estado soberano. Podría extrapolarse esta experiencia a la de la Venezuela que se independiza de España en 1810? No hay respuestas.  Sólo fragmentos sueltos que cada analista e historiador atará según su perspectiva.

Dos autores que se han dedicado a interpretar al terrorismo y a identificar sus causas, nos brindan luces sobre este dilema de la subjetividad. Para Jurgen Habermas, el terror es un síntoma de la falta de comunicación entre el mundo occidental, democrático y rico, y el otro mundo. Para Jacques Derrida el terror indica la creciente marginación del otro en el seno de la propia modernidad. Según ambos, la única manera de atender este fenómeno con eficiencia comienza por reconocer estos conflictos y admitir la dinámica de exclusión y represión, así como dar voz y prestar oídos a lo que ha sido silenciado y reprimido. Derrida, como Habermas, apoya el papel de las instituciones internacionales como propiciadoras de un diálogo, pero también pone de relieve la importancia de un cambio de actitud que acoja a la otredad no meramente como un interlocutor externo, sino como una promesa real y como un riesgo real que siempre está ya dentro. [46]

Esas ideas no son del todo modernas. Rescatan la idea de Kant a propósito de un “orden de paz perpetua” según la que una “Liga de Naciones” haría innecesaria la beligerancia y las naciones tendrían un interés común: resolver las disputas recurriendo a la negociación. Según Kant,  las guerras sobrevienen porque las naciones existen en un estado de naturaleza las unas respecto de las otras; pero al incorporarse a una Liga, en cambio, pueden avanzar hacia una “república mundial” en la que los intereses nacionales quedan subordinados a la búsqueda común de un orden legal.

El concepto de democracia cosmopolita, que se deriva de las ideas de Kant sobre la Paz Perpetua, y que tiene por objetivos la comunicación y el respeto que Habermas considera vitales para disminuir el flagelo de la guerra y de la violencia política, ha sido desarrollado y detallado por autores contemporáneos como David Held, Ulrich Beck y Daniel Archibugi. Sin embargo ya en las Historias de Polibio, se reseña cómo los romanos habían encontrado un elemento clave para la supervivencia de la República: “la creación de un gobierno mixto, en donde tuvieran representación todos los estamentos que componían la sociedad (excepto aquéllos que no tenían la condición de ciudadanos), para así evitar los conflictos políticos que generaban la violencia entre los propios ciudadanos que se creían oprimidos”. [47]

No cabe duda que en las reflexiones que podemos hacer hoy en día sobre la violencia, el terrorismo, y los conflictos internacionales, los analistas en relaciones internacionales nos encontramos con el desafío de tratar de resolver problemas modernos con herramientas modernas, pero sin duda apoyados en el legado que civilizaciones antiguas nos han dejado, entre ellas, la principal: la que nos ha dejado la República Romana.

Fuentes bibliográficas

Biblioteca de la Sociedad Bolivariana de Venezuela (1984). Clásicos Bolivarianos:  Simon Bolívar, Proclamas y Discursos, Caracas, Editorial Arte.

Bobbio, Norberto (1997). La Teoría de las formas de gobierno en la Historia del Pensamiento Político. México: Fondo de Cultura Económica.

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Clausewitz, Karl: (2003) De la Guerra, Naturaleza, teoría, estrategia, combate, defensa y ataque. Buenos Aires. Editorial Distal SRL.

Corte Ibañez, Luis: (2006) La lógica del terrorismo. España: Alianza Editorial.

Jansen, Víctor Genaro: (2010) La Republica Romana y su Resonancia Política en la Republica de Venezuela Independentista (1810-1814).  Asociación de Profesores. Universidad de Carabobo. Valencia.

Masur Gerhard: (1987) Simon Bolívar. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. Academia Nacional de la Historia.

Skinner, Quentin (1993). Los Fundamentos del Pensamiento Político Moderno. Tomo I. El Renacimiento. México: Fondo de Cultura Económica.

[2] Jordan, Javier: el Terrorismo y la transformacion de la guerra. Consideraciones sobre la lucha global de al-qaida. Anuario de Derecho Internacional de la Universidad de Navarra, 2004, Vol. 20, p. 414

[3] The Federal Bureau of Investigation, FBI, US Department of Justice: Reports and Publications, Terrorism 2002-2005,  En http://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005

[4] Jansen, Victor Genaro: (2010) La República Romana y su Resonancia Política en la Republica de Venezuela Independentista (1810-1814). Asociacion de Profesores. Universidad de Carabobo. Valencia, p. 82, 85, 92, 130, 136, 139, 144.

[5] Masur, Gerhard: (1987) Simon Bolívar. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. Academia Nacional de la Historia, p. 109 y 133.

[6] Ibidem, (2010) p. 139.

[7] Corte Ibañez, Luis: (2006) La lógica del terrorismo. España: Alianza Editorial, p. 23.

[8] Este clan fue sitiado en Masada, una fortaleza que se encuentra enclavada en una meseta en el desierto de judea en la que se quitaron la vida unos a otros, alrededor de 1000 zelotes entre soldados mujeres y niños para no caer en manos de los romanos. Todo lo que se conoce de esta historia la describe Flavio Josefo, un joven líder al comienzo de la Gran Rebelión Judía contra Roma. Logró sobrevivir el pacto suicida de los últimos defensores de Jodfat y se rindió a Vespasiano quien le perdono la vida. Bajo el nombre de Flavio Josefo, se convirtió en ciudadano romano y fue un exitoso historiador.

[9] Manzanares, Cesar Vidal: el Judaismo y la cuestion de la guerra en la crisis final del segundo templo. En Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, T 7, 1994, p. 479-492

[10] Jansen (2010): op. cit., p. 22.

[11] Ver: Victor Genaro Jansen: (2010) op.cit., pp. 69-74.

[12] Maquiavelo, Nicolás (2003). Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid: Alianza Editorial, 349-350.

[13] Valencia Villa, Hernando: op. cit., p. 35.

[14] “Nadie pone hoy en duda que los estados modernos, desde los jacobinos de la década de 1790 en adelante, han sido responsables de las muestras mas letales de terrorismo”… En Michael Burleigh (2008): Sangre y Rabia. Una historia cultural del terrorismo. Editorial Taurus Historia, Mexico, p. 11.

[15] Se proclama el “terror” el 30 de agosto de 1793, en la Convención Nacional en base al discurso de Robespierre. “Sobre los principios de la moral política”.

[16] Valencia Villa, Hernando: op. cit.,  p. 37.

[17] Miras Albarrán, Joaquín (2005): Una Antología de textos clásicos sobre la democracia. El Viejo topo, N° 205-206, abril, p.101.  En: Malagón Pinzón, Miguel: El pensamiento republicano de Bolívar en el proyecto constitucional de Angostura de 1819 y en la Constitución Boliviana de 1826, Revista de Derecho, Universidad del Norte, Nº 27, Barranquilla, 2007, p. 116.

[18] Shulim, Joseph: Robespierre and the French Revolution. American Historical Review. University of Chicago Press. P. 22

[19] Lefebvre, Georges: Remarks On Robespierre,  French Historical Studies. American Historical Association. Traduccion al ingles por Beatrice F. Hyslop, p. 10

[20] Robespierre y el bando de los jacobinos llegaron a matar entre 11.000 y 45.000 personas (según diferentes estimaciones) guillotinadas con la acusación de llevar a cabo actividades en contra de la Revolución.

[21] No olvidemos que la labor del historiador es una forma de “naturalización”: permite aceptar y asumir el destino humano como una parte más de una realidad física que nos contiene, nos limita y nos define. Después de todo, como señaló Adorno: “La pretensión ontológica de hallarse por encima de la divergencia entre naturaleza e historia es un engaño”. En Casares Serrano, Antonio D.: Historia, Razón y Método. Una introducción didáctico-programática a los problemas del método en las ciencias humanas, p. 20.  En http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/

[22] Sowell, David: The Mirror Of Public Opinion Bolívar, Republicanism And The United States Press, 1821-1831. Revista de Historia de America, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, enero-junio 2004, No. 134, p. 167

[23] Jansen (2010): Ibidem, p. 52.

[24] Cartas entre Simon Bolívar y Francisco de Paula Santander. Cartas de Santander a Bolívar: Bogotá, febrero 6 de 1825, 1823-1825, Fundación Francisco de Paula Santander, 1988, p. 291.  Y de Bolívar a Santander, 7 de abril de 1825, Lima, Cartas, IV, p. 343; 20 de mayo de 1825, Arequipa, Cartas, IV, p. 376.

[25] El Dr. Jansen presenta en la obra ya citada varios ejemplos que demuestran la influencia de conceptos republicanos de orígen romano en los venezolanos pro-independentistas: p. 83-111.

[26] “Civic virtue would be the “moral cement” of republican society, reflecting the widely held belief that Greek and Roman polities had fallen when their citizens lost their sense of virtue… A healthy republic depended upon the subordination of private interests for the sake of the greater good. ”. Citado por Exemplary Romans in the Early Republic, quien cita a su vez a Harry. L. Watson (1990), p45. En: media.wiley.com/product_data/excerpt/31/14051393/1405139331.pdf

[27] Jansen: (2010). Ibidem, p. 57

[28] Bolívar, Simon: Proclamas y Discursos. Biblioteca de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Clasicos Bolivarianos, Caracas, 1984, Editorial Arte, p. 238

[29] Bobbio, Norberto: (1997) La Teoría de las formas de gobierno en la Historia del Pensamiento Político, México: Fondo de Cultura Económica, p. 51

[30] Watson, Harry: (1990) Liberty and Power, The Politics of Jacksonian America, New York, The Noonday Press, p. 45

[31] Jansen (2010), Ibidem, p. 92

[32] Masur, Gerhard (1987): Ibidem, p. 146.

[33] Entre los historiadores que han condenado a Bolívar figuran Gil Fortoul, Bartolome Mitre y Cantú.  También Lozano en su obra: Bolívar maquiavélico.

[34] Bushnell, David: Simón Bolívar,  Essays on the Life and Legacy of the Liberator. Latin American Silhouettes. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2008. P 333. En Hispanic American Historical Review, Duke University Press.

[35] United States Gazette, December 12, 1828.  En David Sowell: The Mirror Of Public Opinion Bolívar, Republicanism And The United States Press, 1821-1831. Revista de Historia de America, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, enero-junio 2004, No. 134, p. 181.

[36] “Consideraciones sobre El Libertador,” Gaceta de Colombia, April 10, 1831. En David Sowell: The Mirror Of Public Opinion Bolívar, Republicanism And The United States Press, 1821-1831. Revista de Historia de America, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, enero-junio 2004, No. 134, p. 183.

[37] Jansen (2010): op cit., p. 140.

[38] Ibidem, p. 177.

[39] O´Leary: Memorias, vol. XIII, p. 246 y 247. Citado por Gerhard Masur (1987): Ibidem, p. 146.

[40] Ibidem, p. 147.

[41] Masur, Gerhard (1987): Ibidem, p. 149.

[42] Casares Serrano, Antonio D.: Historia, Razón y Método. Una introducción didáctico-programática a los problemas del método en las ciencias humanas, p. 20.  En http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/

[43] Lair, Eric: Reflexiones acerca del terror en los escenarios de guerra interna. Revista de Estudios Sociales, No.15, junio de 2003, p. 89.

[44] Valencia Villa, Hernando (1982). La Constitución de la quimera. Bogotá: La Caja de Herramientas, p. 46

[45] Nelson Guzmán. Terrorismo, razón y paz. junio de 2005. En http://www.debatecultural.org/Observatorio/NelsonGuzman4.htm

[46] Brand, Roy: El discurso filosófico sobre el terror: Habermas y Derrida. Diánoia, vol. L, no. 55 noviembre 2005. Instituto de Investigaciones Filosóficas. Universidad Nacional Autónoma de México

[47] Jansen (2010): Ibidem, p. 61.

El jurista y profesor italiano, Luigi Ferrajoli realiza una profunda crítica al estado de derecho en Italia y en países donde predominan lo que él llama “democracias avanzadas”, caracterizadas por la anomia, por leyes inadecuadas, obsoletas, relativas o limitadas para el control social, la falta de efectividad de  técnicas de garantía y por la tendencia a la concentración del poder político en pocas manos sin límites jurídicos de ningún tipo. Según este autor, esa situación ha desembocado en un estado de ilegalidad que promueve la corrupción, el arbitrio y muchas otras conductas desviadas que la sociedad no ha podido frenar. La obra “Derecho y Razón” se enmarca dentro de una teoría que se apoya en los ideales de la ética, la razón, y el humanismo, y es por ello que su análisis y estudio constituye hoy más que nunca una orientación contundente hacia el estado de derecho pleno.

Con el objetivo de coadyuvar a la transformación del estado de ilegalidad y de arbitrariedad a uno de derecho fundamentado básicamente por la búsqueda de la verdad, Ferrajoli propone en la obra citada una refundación garantista de la jurisdicción penal que permita eventualmente rehabilitar la legalidad perdida. La propuesta se basa en la fusión de tres elementos centrales: la garantía de los derechos y libertades fundamentales, la división de poderes y la democracia.

Ferrajoli arguye que el garantismo es un modelo ideal del estado de derecho que se entiende como estado liberal protector de los derechos de la libertad, y también como estado social, llamado a proteger también los derechos sociales; no obstante acepta que como modelo, es altamente susceptible a las críticas en tanto modelo idealista, complejo y a veces hasta paradójico. Es por ello que Ferrajoli desarrolla en su obra todos los elementos constitutivos de la teoría garantista, en particular el tema de la comprobación jurisdiccional de los delitos  o garantías procesales y la defiende como el mejor mecanismo para velar por los derechos fundamentales y para dar sentido y forma a la democracia.

La profundidad y detalle con los que Ferrajoli define, desarrolla y auto-observa el modelo garantista le atribuyen a este jurista, el título de precursor y principal teórico del concepto de garantismo jurídico, siendo su obra Derecho y Razón, una de las más importantes en ese ámbito.  En este ensayo, dedicaremos unas líneas al análisis de las principales críticas que hace Ferrajoli al iuspositivismo y al autoritarismo, de las que deriva la necesidad de construir y auspiciar el modelo penal garantista; al concepto de validez en el derecho penal, a una breve reseña de los lineamientos principales de la teoría general del garantismo, y al análisis de las observaciones que el modelo ha generado en el inmenso y complejo mundo del derecho.

II/ La estricta legalidad y los riesgos del positivismo jurídico

La arbitrariedad judicial es uno de los principales aspectos a los que dedica Ferrajoli muchas de sus páginas con el objeto de señalar las muy negativas consecuencias que tiene para la protección de los derechos fundamentales y la democracia. Según él, para hacer frente a esa arbitrariedad judicial y ampliar las capacidades de tutela de los derechos de las personas es necesario construir un modelo que garantice una mayor racionalidad y fiabilidad a los juicios y  limite el poder para imponer penas y castigos. [1]

Cuando Ferrajoli expresamente critica el “sustancialismo penal, el cognoscitivismo ético y el decisionismo procesal”, señala que predomina la confusión entre derecho y moral, lo cual permite discriminaciones subjetivas y abusos sobre la libertad de los ciudadanos. En los casos donde se aplica el sustancialismo y el decisionismo, no es la ley sino cualidades ontólogicas del hecho o el autor las que definen la verdad. Son los jueces los que de manera potestativa y arbitraria  identifican el delito y su pena.  Si bien es cierto que el primer elemento del convencionalismo penal se refiere a la formalidad de la ley y a la estricta legalidad puesto que nulla poena et nullum crimen sine lege y en consecuencia solo pueden ser considerados delitos sujetos a pena aquéllos señalados y definidos en las leyes, y Ferrajoli desarrolla este principio a cabalidad al hablar de estricta legalidad, más adelante realiza también una sutil crítica al reduccionismo del derecho positivo.

Señala que en el proceso judicial existe un tipo de subjetividad, basada en valoraciones o sospechas subjetivas y no en demostraciones empíricas, que acentúa la arbitrariedad y degenera en lo que él llama “juicio sin verdad”.

Cuando en el derecho penal se busca una verdad sustancial carente de límites legales, se producen juicios de valor y juicios penales potestativos que son característicos del autoritarismo. Y en los modelos autoritarios encontramos aspectos políticos y valoraciones subjetivas que predeterminan las decisiones a través de una alta discrecionalidad, lo cual desemboca en arbitrariedad descontrolada, abusos y limitaciones a la libertad.

Por el contrario, la verdad formal se apoya en la indagación procesal y la búsqueda de pruebas, es una verdad parcial sólamente probable y opinable, pero que se fundamenta en la presunción de no culpabilidad ante la duda o a falta de pruebas.

Así, la estricta legalidad que defiende el modelo garantista se convierte en un rasgo esencial de la jurisdicción penal que disminuye el riesgo de verdades sustanciales arbitrarias. Este modelo garantista exige una teoría de la verdad, de la verificabilidad y de la verificación procesal que Ferrajoli desarrolla  en esta obra. Sobre la verdad procesal, dice que existen dos verdades a identificar: la verdad fáctica que se comprueba a través de  las pruebas de un hecho ( se resuelve por vía inductiva); y la verdad jurídica, que se refiere a la comprobación de un hecho a través de la interpretación de la ley que califica como delito a un hecho determinado (se resuelve por vía deductiva).  Ahora bien, la verdad objetiva, absoluta y definitiva no existe, solo podemos encontrar verdades contingentes, aproximadas y relativas, limitadas al conocimiento que tenemos de la realidad.

De manera que, a la hora de identificar las debilidades del derecho penal, Ferrajoli reconoce la incertidumbre que se genera por el carácter probabilístico de la verdad fáctica (depende de la suficiencia de pruebas); y por el carácter opinable de la verdad jurídica (depende de la relación que establezca el juez entre un hecho y una ley); y además agrega el carácter no impersonal y no imparcial del juez, que siempre actuará condicionado a circunstancias, inclinaciones, valoraciones y emociones propias. Frente a estas debilidades, el garantismo propone un sistema de normas y reglas jurídicas sobre la obtención de la verdad dirigidas a reducir el arbitrio de los jueces y la subjetividad y a favorecer la obtención de la máxima aproximación a la verdad objetiva.

“La tarea principal de la epistemología penal garantista es la de elucidar las condiciones que permiten restringir lo mas posible estos márgenes y por tanto, basar el juicio en decisiones sobre la verdad procesal en lugar de en decisiones sobre valores de otro tipo.” [2]

El nexo entre legitimidad y verdad que asegura el garantismo penal, define la naturaleza  específica de la jurisdicción en el moderno estado de derecho.

Este nexo “representa el fundamento político de la división de poderes, de la independencia del poder judicial y de su sujeción solamente a la ley. La función judicial, y particularmente la penal, difiere conforme a ello de todas las demás funciones del estado porque es una actividad cognoscitiva, donde las elecciones y las decisiones vienes justificadas por criterios pragmáticos y subjetivos pero siempre referidos, como en cualquier otra forma de conocimiento, a la búsqueda de la verdad objetiva”. [3]

De manera magistral, Ferrajoli hace una defensa del modelo garantista evitando el absolutismo, siendo más bien flexible y atacando la ausencia de límites al poder normativo del soberano. A lo largo de su obra se muestra contrario al legalismo mecánico, que no entiende de equidad y de contexto. La propuesta se apoya en un iuspositivismo crítico, contrapuesto al iuspositivismo dogmático como señalamos más arriba, pero que pone enorme énfasis en la efectiva protección de los derechos fundamentales, más que en el simple reconocimiento de los mismos.

III/ Tesis en contra del autoritarismo

Al explicar y defender el modelo garantista, Ferrajoli ataca de manera directa los modelos autoritarios porque los define naturalmente “antigarantistas”. De esos modelos, Ferrajoli señala como elementos profundamente criticables, las posiciones moralistas que consideran el delito como un pecado o como algo inmoral, y por otra parte, las posiciones naturalistas que individualizan a la persona como delincuente y encuentran algo anormal en su conducta. Para ello, se desvaloriza el papel de la ley, y se utilizan como técnica jurídica las figuras de delito elásticas e indeterminadas que permiten una amplia gama de valoraciones subjetivas al margen de lo estricta y exclusivamente señalado por la ley.

Ferrajoli enfatiza que una garantía fundamental es el principio de estricta legalidad en virtud del cual nadie puede ser castigado más que por un hecho ya cometido y exactamente previsto por la ley como un delito. Sin embargo, al vaciar esta garantía, posiciones subjetivas privan a la hora de valorar hechos como delitos. De esta manera, siempre que se identifica a alguien como delincuente desde el punto de vista ético, naturalista o social, participamos de consideraciones y presupuestos subjetivos, no basados en supuestos previstos como delitos en la ley, y empíricamente determinables como tales. Esta crítica a la subjetividad y al arbitrio, es una crítica directa a los elementos característicos de un sistema autoritario.

IV/ Sobre la validez en el Derecho Penal

El modelo penal garantista trata de minimizar el poder y maximizar el saber judicial y la racionalidad, condicionando la validez de la decisión a la verdad, empírica y lógicamente controlable, de sus motivaciones. El modelo intenta oponerse a la arbitrariedad típica de culturas políticas autoritarias, en las que las decisiones punitivas responden a la voluntad y potestad de un juez, más que a la estricta legalidad y a la estricta jurisdiccionalidad. [4]

Para Ferrajoli, no es aceptable la injusticia, la arbitrariedad y la ineficiencia en los juicios penales puesto que ello deviene en el deterioro progresivo de todo el sistema de justicia y de derecho. De esta manera, al proponer el modelo penal garantista, se destacan las cualidades de la razón y la ética, y la defensa de los derechos fundamentales, así como la búsqueda incansable de la verdad y la justicia.

En la parte III de la obra, titulada “las razones de derecho penal”, Ferrajoli se dedica a analizar cuándo y cómo castigar, prohibir y juzgar y para ello desglosa la estructura normativa del estado de derecho, analizando por una parte los elementos que informan la legitimidad o ilegitimidad externa y los de la legitimidad o ilegitimidad interna. Al respecto señala que muchos ordenamientos han incorporado fuentes de justificación externas relativas al cuándo y al cómo del ejercicio de los poderes públicos, pero que es de suma importancia la separación clara entre los dos tipos de legitimidad. Para Ferrajoli,  se trata de la diferencia entre ley positiva y ley natural, o derecho y moral, o entre validez y justicia, que por una parte puede describirse como una conquista del pensamiento jurídico y político moderno, pero por otra, puede generar análisis ambiguos y erráticos acerca de una confusa legitimidad interna que sólo se refiere a la existencia de normas en su carácter formal y no sustancial. Mucho énfasis hace Ferrajoli en este apartado y en toda la obra, acerca de la importancia de normas que no sólo regulan las formas sino que limitan y ponderan el ejercicio del poder normativo. Esas normas superiores son vitales para la producción normativa, y dependen de un significado y contenido valorativo, no son meras formas.

“El fundamento político o externo del moderno estado de derecho esta en efecto en su función de garantía de los derechos fundamentales mediante la sanción de la anulabilidad de los actos inválidos: de las leyes, por la violación de las normas constitucionales; de los actos administrativos y decisiones judiciales, por violación de las leyes constitucionalmente válidas”. [5]

Por eso para Ferrajoli, la dicotomía ley positiva/ley natural se ha transformado en una diferencia entre ser y deber ser en el derecho, es decir, como incoherencias dentro del mismo ordenamiento jurídico positivo. Los textos constitucionales pasan a ser el referente de validez, el elemento a través del cual puede realizarse una valoración de, entre otras cosas, los principios naturales de justicia y las normas jurídicas. La validez es entendida en forma sustancial, en su contenido profundo y fundamental y no exclusivamente en términos de vigencia o de regularidad formal.

“Lo que ocurre es que entre las normas acerca de la producción de normas el moderno estado constitucional de derecho ha incluido múltiples principios ético-políticos o de justicia, que imponen valoraciones ético-políticas de las normas producidas y actúan como parámetros o criterios de legitimidad y de ilegitimidad no ya externos o iusnaturalistas, sino internos o iuspositivistas”. [6]

V/ Lineamientos de la Teoría del Garantismo

El garantismo designa una teoría que define y separa el ‘ser’ y el ‘deber ser’ en el derecho, es decir, otorga categorías distintas al ‘derecho válido’ y al ‘derecho efectivo’, contribuye a identificar claramente entre normatividad y realidad en el derecho penal. “El garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y sobre todo de deslegitimación interna del derecho penal, que reclama de los jueces y de los juristas una constante tensión crítica hacia las leyes vigentes a causa del punto de vista normativo del derecho válido y el punto de vista fáctico del derecho efectivo. La perspectiva garantista invita a la duda, estimula al espíritu crítico y la incertidumbre permanente sobre la validez de las leyes y sus aplicaciones”. [7]

El garantismo es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y enunciado explicito de tales derechos fundamentales en la Constitución, y la creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman en los derechos civiles, políticos y sociales. Las “garantías” son justamente las técnicas coercitivas que permiten controlar y neutralizar el poder y el derecho ilegítimo.

Según Ferrajoli, el garantismo “consiste en la tutela de los derechos fundamentales: los cuales –de la vida a la libertad personal, de las libertades civiles y políticas a las expectativas sociales de subsistencia, de los derechos individuales a los colectivos- representan los valores, los bienes y los intereses, materiales y prepolíticos, que fundan y justifican la existencia de aquellos artificios, como los llamo Hobbes, que son el derecho y el estado, cuyo disfrute por parte de todos constituye la base sustancia de la democracia”. [8]

El garantismo en este sentido se apoya en la idea, intensamente explotada, de la limitación del poder político del Estado en sus funciones y facultades para garantizar los derechos fundamentales individuales. Sin embargo, esto no se traduce solamente en limitar la intervención estatal, sino también, en una actitud proactiva del poder público, para asegurar la satisfacción de ciertos derechos. El garantismo, busca proteger los derechos fundamentales no sólo de la posible extralimitación del Estado, sino también frente a ciertos poderes privados.

Cuando Ferrajoli define “estado de derecho”, señala dos sentidos diversos, por una parte, el poder conferido por la ley, y por otro lado, el poder limitado por la ley. La segunda definición, según él, se acerca al sentido que el le da al concepto de garantismo.  Recalca el aspecto sustancial o efectivo para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque no basta solamente el principio de mera legalidad, sino que exige que la misma ley condicione la legitimidad del ejercicio del poder por ella conferido.

Hace referencia asimismo a las diferencias entre sistema político y sistema jurídico, el primero referente a reglas sobre quien puede y sobre como se debe decidir, y el segundo referente a las reglas sobre que se debe y no se debe decidir.  Son estas ultimas las que garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, a partir de prohibiciones a suprimir o limitar libertades y derechos y obligaciones de los poderes del Estado para que promuevan y protejan los derechos de los ciudadanos.

“La garantía de los derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia pacífica”… sin esta garantía de los derechos descritos por Ferrajoli como inviolables, inderogables, indisponibles e inalienables, la convivencia civil se mantiene frágil y vulnerable. Y en la medida que las Constituciones incorporen más derechos, de esta misma manera, aumentan las obligaciones  y deberes del Estado para garantizarlos.  Es vital aquí señalar que el progreso del estado de derecho no depende del crecimiento de las promesas, sino del desarrollo de garantías capaces de hacer tales promesas, una realidad.

El garantismo es un modelo ideal de estado de derecho, liberal y social, es decir, protector de los derechos de libertad y de los derechos sociales. Propone un iuspositivismo critico en lugar de uno dogmatico, que reconoce y “protege efectivamente” los derechos fundamentales  de los ciudadanos. Es de alli de donde el estado de derecho extrae su legitimidad. [9]

El modelo penal garantista se sustenta sobre la premisa de minimizar el poder o la autoridad arbitraria y maximizar el saber judicial, es decir, condicionar las decisiones penales a la verdad empírica  exactamente verificable, despojada de valores, motivaciones o elementos subjetivos.

Ferrajoli enfatiza que el modelo penal garantista, con su planteamiento empirista y cognoscitivista asegurado por los principios de estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad, fue concebido y justificado por la filosofía jurídica ilustrada como la técnica punitiva racionalmente más idónea  -en alternativa a modelos penales decisionalistas y sustancialistas, informados por culturas políticas autoritarias- para maximizar la libertad y minimizar el arbitrio. [10]

En resumen, la propuesta garantista está constituida por los siguientes principios: primero, el máximo grado de racionalidad y de fiabilidad en el juicio; segundo, la limitación de la potestad punitiva y tercero, la tutela de la persona contra la arbitrariedad.

Y sus elementos son básicamente dos, las garantías penales y las garantías procesales. Para la aplicación de una pena, el juez debe calificar como delitos solo los que independientemente de sus valoraciones, están formalmente designados como tales por la ley y presupongan una pena. Ferrajoli insiste en que “el principio de estricta legalidad no admite normas constitutivas sino normas regulativas de la desviación punible”[11] para subrayar la importancia de relacionar comportamientos empíricos determinados con la adscripción de culpa. Deben existir sólo reglas de comportamiento que establecen una prohibición, y no leyes que califiquen a algo y mucho menos a alguien como penalmente relevante, de manera indeterminada.

Respecto a las garantías procesales y a la estricta jurisdiccionalidad, Ferrajoli señala que las hipótesis acusatorias deben ser sometidas a verificación y expuestas a refutación, es decir, que sean susceptibles de pruebas. Es vital que la justicia penal se base en la verificación empírica  y no en valoraciones, ni éticas ni morales, de situaciones o de personas. Las valoraciones no sujetas al derecho, presuponen arbitrariedad.

VI/ Conclusiones y observaciones al modelo penal garantista

Ferrajoli desarrolla con cuidado todos los elementos constitutivos de la propuesta garantista, especificando incluso los márgenes semánticos de las palabras que utiliza para su explicación. Asimismo, acepta que el modelo es básicamente idealista y con ciertas contradicciones o paradojas que le han ganado descalificación y una acerba crítica, lo cual ha resultado a su vez, en lo que él denomina antigarantismo.  Cuando Ferrajoli dedica unos capítulos a explicar el esquema epistemológico del modelo garantista, reconoce que “nunca ha sido realizado ni nunca será realizable”.[12] Y hace esta afirmación bajo el entendido de la dificultad o práctica imposibilidad de lograr la verificación absoluta de todos las situaciones legalmente punibles sin algún margen de discrecionalidad al momento de determinar algo como verdadero. La verificación de los presupuestos legales exige la interpretación, y en consecuencia, desaparece la cualidad de certidumbre y objetividad absoluta.

Es esencialmente en la actividad valorativa, interpretativa y argumentativa del juez donde inevitablemente se desarrolla el poder de calificación de los hechos, de las pruebas, de las circunstancias, de las hipótesis alternativas, etc… que van más allá de la verdad. El modelo penal garantista trata de delimitar el poder punitivo del Estado e incorporar relativa flexibilidad o atenuación de la norma en función de la interpretación o valoración que realiza el juez; pues la aplicación mecánica de la ley a cualquier hecho o circunstancia es incompatible con este modelo. Los hechos punibles son tan diversos y responden a tan variadas causas, que por más general y amplia que sea la ley, es indispensable la interpretación y argumentación del juez para aplicar la pena que mejor se corresponda con el delito.

En este modelo, la separación de la estricta legalidad es inevitable tanto como la discrecionalidad en los espacios judiciales. Por eso, Ferrajoli admite que el modelo penal garantista en su versión clásica, es ideal e irrealizable. No cabe duda que el modelo tiene per se unos elementos naturales o intrínsecos que parecen ser la esencia del problema, es decir, el margen de valoración e interpretación. De todos modos, el modelo es perfectible en la medida que se identifiquen  aspectos tales como espacios normativos de arbitrariedad que pudieran eliminarse o reducirse. Es en este punto que Ferrajoli sugiere una reconstrucción analítica de la fenomenología del juicio y a partir de allí, una refundación teórica del esquema garantista.

Sin embargo, pese a todas esas observaciones, la teoría penal garantista que propone Ferrajoli, es sin duda una muy importante contribución para la construcción y búsqueda de un estado de derecho en el que se respeta plenamente la ley, la constitución y los derechos humanos y cuya orientación es la justicia, la verdad y la democracia. Precisamente en defensa de la democracia, Ferrajoli resalta a lo largo de su obra la necesidad de proteger y mantener la división de poderes, estimular la participación popular y la verdadera representatividad, así como la preeminencia de la constitución sobre todos los poderes públicos.  Suenan las alarmas cuando observamos que estos elementos básicos, vistos a la luz de la mayoría de las democracias occidentales, parecieran estar de una u otra forma, en relativo riesgo. Por ello la propuesta de Ferrajoli es hoy, y por mucho tiempo, de absoluta vigencia, validez, y pertinencia.

[2] Ferrajoli, obcit. pág. 63

[3] Ferrajoli, obcit. pág. 69

[4] Ferrajoli, ob.cit., pág. 22

[5] Ferrajoli, ob.cit., pág. 355

[6] Ferrajoli, ob.cit., pág. 358

[7] Ferrajoli, ob.cit., pág. 853

[8] Ferrajoli, ob.cit., pág. 29

[9] Ferrajoli, ob.cit., pág. 16

[10] Ferrajoli, ob.cit., pág. 22

[11] Ferrajoli, ob.cit., pág. 34

[12] Ferrajoli, ob.cit., pág. 38

Introducción

Friedrich Hayek realiza una profunda reflexión acerca del valor de la libertad, y los efectos fundamentalmente positivos para el progreso de la civilización.  Según Hayek, la libertad es el germen del potencial creativo e innovador del hombre, lo que permite incoar y emprender, generar cambios, y estimular iniciativas.  De acuerdo a la forma en que Hayek define libertad, el progreso del hombre no podría ocurrir en ausencia del poder para elegir y decidir, porque sólo cuando el hombre no esta sometido a la voluntad arbitraria de un tercero, puede ser y hacer lo que considere adecuado conforme a sus propias decisiones y dar paso al cambio, a la evolución y al progreso.

La historia de la humanidad se ha escrito en nombre de la libertad, porque la libertad es un estado fundamental y  determinante para el desarrollo de todas las ciencias y todas las artes. Nada de lo cual se enorgullece la civilización actual, sus conquistas en los planos político, económico, científico y artístico, habrían sido posibles sin que previamente un estado de libertad hubiera brindado las condiciones para que el hombre explotara y desarrollara todo su potencial creativo.

Sólo en un estado de plena libertad el hombre puede hacer un mayor uso de su creatividad, su ingenio,  su ambición para mejorar, su potencial para descubrir y trascender, y de este modo, reducir su ignorancia.  En cambio, cuando la libertad ha tenido limitaciones de algún tipo, la civilización se ha estancado, o ha progresado de manera muy lenta. Pero la plena libertad aquí señalada no garantiza el progreso, sino que la permite y la auspicia. En definitiva es el hombre libre el que toma la decisión acerca de qué hacer con la libertad, de darle un uso positivo y constructivo o negativo y maligno. La libertad es importante precisamente porque no sabemos a priori, cómo será utilizada por los individuos. Ahora bien, sin la libertad, en un estado de esclavitud, no hay elección posible, sólo estancamiento y paralización.

Hayek establece importantes relaciones entre el derecho y la libertad, entre la economía y la libertad, entre la enseñanza y la libertad, etc… y en todas estas relaciones destaca una característica vital y común: la libertad es esencial para el progreso. Cuando se respeta la libertad, existe un estado de derecho en el que  todos los individuos son responsables, y en consecuencia, tienen y sienten mayor seguridad.  Esta seguridad viene dada por la posibilidad de auto-determinarse y la responsabilidad que ésta genera. Como cada quien decide cómo actuar, los efectos de ese actuar son de su total responsabilidad.  Sin embargo, esta responsabilidad es auxiliada por el derecho, por la posibilidad de exigir una conducta de respeto entre todos los seres humanos, y evitando la coacción a través de la preservación de una esfera privada donde no hay cabida para tal injerencia.

En el plano de la economía, a mayor libertad, mayores y mejores son los logros y beneficios tanto para el hombre en lo particular como para toda la sociedad.  De hecho es absolutamente demostrable en la historia de la humanidad y hasta en el presente,  que las mayorías no libres se benefician de las minorías libres, así como las sociedades no libres se benefician de lo que obtienen y aprenden de las sociedades libres. [1] Esta reflexión nos hace pensar en muchos países con regímenes políticos caracterizados por la opresión y las limitaciones a la libertad individual, cuyo bienestar general esta definitivamente amenazado y que dependen en buena medida del conocimiento y experiencia de las sociedades libres. Corea del Norte por ejemplo, un país sin lugar a dudas enclaustrado en el pasado, con serias limitaciones a la libertad y por ende paralizado económica y socialmente, depende para su supervivencia de la ayuda alimentaria y energética que le brindan otros países con mayores niveles de libertad y de progreso.

Pese a que existen diferentes formas de analizar la importancia de la libertad en distintas dimensiones o ámbitos específicos, y así lo hace Hayek en su obra, “Fundamentos de la Libertad”, en las próximas páginas nos dedicaremos a analizar la indispensable relación que existe entre la libertad y el progreso,  a través de una reflexión sobre la libertad como fuente de valor, como una condición para que de lo imprevisible surjan nuevas ideas, y como condición para la creación y acumulación de conocimiento. Asimismo revisaremos el impacto negativo de la coacción en la libertad y cómo el derecho puede reducirlo. El progreso es sin duda, uno de los argumentos, entre muchos otros, más sólidos y contundentes a favor de la libertad, expresada y entendida en la forma que lo hace Hayek.

Libertad como fuente de valor

La libertad es fuente y condición necesaria para la mayoría de los valores morales y esto tiene un impacto de gran trascendencia en el desarrollo de la historia del hombre, compuesta por una lucha permanente por el poder y el bienestar. El concepto de libertad que desarrolla Hayek en su obra, abarca un estado que brinda independencia plena, de pensamiento, intención y acción, frente a la voluntad arbitraria de otro.

En este sentido, la libertad sólo se obtiene a través de la utilización efectiva del conocimiento, el ejercicio de la voluntad deliberada y una poderosa convicción moral e intelectual.  Esta definición de libertad es amplia pero muy bien delimitada puesto que simultáneamente parece abrigar a todo el espectro del pensamiento y la acción humana, y reducirlo a un elemento muy específico como es la moral.  Sin ella, cómo es posible el respeto de los derechos del otro?; cómo es posible el sentimiento de responsabilidad por su propia acción, y omisión; cómo es posible ejercer la libertad propia sin dañar al prójimo?; cómo es posible la búsqueda de satisfacción personal, ganancia y beneficio sin que ésta entre en conflicto con la búsqueda de los mismos objetivos por parte de otra persona?

La libertad como condición de lo imprevisible

Sin duda uno de los aspectos más resaltantes y positivos de la libertad es que en condiciones imprevisibles e involuntarias, surgen oportunidades que potencian el conocimiento existente:  la libertad es la fuerza motriz del desarrollo. La libertad brinda al hombre la oportunidad para elegir, así como la responsabilidad que esta elección produce en él mismo y en el destino de la sociedad a la que pertenece.

Una de las formas en las que Hayek explica este aspecto, es asociando las desigualdades materiales, resultado del ejercicio de la libertad individual, y la facultad que tiene una sociedad para generar riqueza y progreso general. El bienestar material actual de los pobres es el resultado de las desigualdades del pasado. La presumida búsqueda de la “igualdad” en muy frecuentes casos equivocadamente visualizada mediante la redistribución de la riqueza, además de imposible, significaría estancamiento económico y científico y prácticamente un retroceso de la humanidad. Según Hayek, la humanidad avanza intelectual, científica y materialmente gracias a la libertad y la posibilidad que ésta brinda para que una sociedad se transforme y adapte permanentemente a nuevas circunstancias.

Desafortunadamente esta relación entre desigualdad y progreso no es ni comprendida ni aceptada, y se configura mas bien en fuente de un sinnúmero de teorías de desarrollo social y político con argumentos errados, cuyo único soporte real es la envidia que el éxito de algunos hombres produce en los que no lo tienen. Esta forma de entender la libertad como fundamento o base esencial para el cambio positivo y el progreso, ofrece igualmente la otra cara de la misma moneda:  la libertad comprendida en clave hayekiana, es también libertad para lo errado, y es por ello que el descontento y la envidia parecen ser una consecuencia inevitable de la libertad, que simultáneamente se constituye en su principal amenaza.

La libertad y el conocimiento

Una premisa imprescindible para entender por qué el estado de plena libertad es esencial para el progreso es aquélla sustentada en la idea de que el conocimiento del hombre esta lejos de la perfección y lejos de ser alcanzado de manera absoluta y total. El desconocimiento y la ignorancia del hombre han sido fuente de motivación para entender y aprender, para conocer mejor, para abonar en el saco sin fin de la sabiduría.  La libertad individual para pensar y actuar, para investigar y entender, y para crear, se refleja en la acumulación de experiencias y conocimientos de una sociedad civilizada, que a su vez permite que los individuos se aprovechen del conocimiento de otros y se beneficien todos como comunidad, -mucho más que individualmente- de este conocimiento que llamamos progreso.

Sin embargo, Hayek advierte, “cuanto mayor es el conocimiento que los hombres poseen, menor es la parte del mismo que la mente humana puede absorber… cuanto más civilizados somos, más ignorancia acusamos de las realidades en que se basa el funcionamiento de la civilización”.  [2] Y es por ello que a mayor libertad para explorar y experimentar, mayores posibilidades de nuevas ideas y nuevo conocimiento, que en conjunto y bien direccionado, permiten que la sociedad haga uso de mucho más conocimiento y se auspicie el progreso.

En definitiva, el genio individual y el progreso general se producen en estados de libertad, porque se combinan por un lado las ideas y esfuerzos y por otro las oportunidades o “afortunados accidentes”.  Sólo gracias a las condiciones de imprevisibilidad e involuntariedad, surgen ideas significativas y maravillosas.

La libertad  y la coacción

Hayek realiza en su obra un examen de las relaciones entre la libertad por un lado, y la coacción, la ley y el estado de derecho por el otro. La exhaustiva tarea de identificar todos los aspectos involucrados en esas relaciones para asegurar la libertad individual, estudiadas desde una perspectiva histórica, brindan un sentido interpretativo a la evolución del liberalismo. Es significativo destacar que la coacción debe entenderse en un sentido amplio, no sólo como la amenaza de producir un daño para provocar una determinada conducta, sino como la manipulación de las alternativas, situaciones o información presentada a fin de que la conducta parezca voluntaria, elegida y propia, y no inducida e inspirada por el miedo que genera la amenaza de un potencial daño.

Hayek señala “por coacción, queremos significar presión autoritaria que una persona ejerce en el medio ambiente o circunstancia de otra… haciéndola incapaz no solo de usar su propia inteligencia y conocimiento, sino de perseguir sus propios fines y creencias. La coacción es precisamente un mal porque elimina al individuo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de el un mero instrumento en la consecución de los fines del otro”. [3]

Precisamente para evitar las nefastas consecuencias de la coacción sobre la libertad individual, Hayek señala la importancia de la certidumbre respecto a los acontecimientos relacionados con el fin u objetivo que deseamos alcanzar. Cuando tales circunstancias están bajo el control de un tercero, la incertidumbre e inseguridad respecto a las reales posibilidades que ciertos eventos ocurran de la manera en que pensamos o hemos planificado, aumenta.  Y esta inseguridad desvaloriza la libertad del individuo, puesto que la voluntad de un tercero comienza a controlar indirectamente la conducta del mismo, impidiéndole probablemente alcanzar sus propios fines.

Respecto del poder coactivo del Estado, Hayek analiza la trascendencia del  principio de igualdad ante la ley, para poner frenos y limites jurídicos a ese poder al mismo tiempo que garantiza la libertad individual. El Estado, a través de la autoridad de que dispone, requiere de la amenaza de la coacción –en forma de leyes– para evitar que en el plano privado se produzca y prolifere la coacción.

Una importante medida que Hayek considera el primer paso en la delimitación de la coacción en la esfera privada, es el reconocimiento y respeto a la propiedad: “un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada carece del primer elemento de la libertad” (Acton, p. 297)[4]. Para garantizar la libertad individual, el Estado debe apoyarse en la amenaza de la coacción a partir de leyes abstractas y generales. Este tipo de coacción estatal, si se utiliza para todo el universo de personas vinculadas a ese Estado, sin privilegios ni discriminaciones, produce certidumbre en la medida que es previsible.

Es por ello que Hayek señala que “la libertad no exige otra cosa que el impedimento de la coacción y la violencia, el fraude y el engaño, excepto en lo tocante a la utilización de dicha coacción por el gobierno con el único objetivo de hacer cumplir preceptos conocidos que tienden a asegurar las mejores condiciones para que el individuo pueda contar con normas coherentes y racionales que guíen sus actividades” [5].

La libertad y el derecho

Para entender el sentido que Hayek aspira brindar al concepto de “ley abstracta y general”, parece útil la idea de derecho natural. Bajo el enfoque del derecho natural es decir, bajo la idea de que existe una ordenación jurídica y moral, natural y universalmente aceptable por todos los seres humanos, no debería existir polémica alguna acerca de la justicia aplicada y sancionada por el Estado. Según el derecho natural, existe una capacidad en la conciencia humana, que habilita al hombre a traspasar incluso los límites de la ley, para estimar los hechos justos. Por ejemplo, cuando un pueblo se encuentra sometido a una tiranía u oprimido por una legislación positiva rigurosa, el espíritu reacciona contra esos estados anormales, y busca nuevas reglas que aseguren mayor bienestar. [6]

Según Hayek, las normas de conducta de una sociedad primitiva, son relativamente especificas y concretas. Las leyes de una sociedad que cultiva la libertad individual, deben ser amplias y generales, con la capacidad para aplicarse satisfactoriamente en diferentes situaciones y casos, pero sin que a priori, se señalen esos casos.  Esas leyes deben proveer un marco para la acción, una orientación instrumental, no específica, nunca arbitraria. El fin de estas leyes es generar certidumbre y límites a la coacción. Con esto, y aquí esta la esencia de la propuesta de Hayek, la ley se constituye en herramienta para limitar y evitar la coacción entre hombres, y en consecuencia, se protege la libertad individual.

La libertad, por otra parte, se conquista de manera natural  con el ajuste espontáneo de las actividades de los individuos  cuando se respetan y reconocen las esferas de control privado de cada uno.  La participación del Estado, a través de normas generales y abstractas protege la libertad y  orienta la actividad social, pero es primordial, en opinión de Hayek, el orden que se produce a partir de la libre competencia, en un espacio espontáneo y abierto que genera resultados positivos que están mas allá del control de un individuo o del Estado.  Sin este “orden espontáneo y natural” no sería posible el progreso.

La libertad  y la moral

Hayek pone un especial énfasis, al igual que los clásicos griegos y como indicamos más arriba, en la importancia y trascendencia de la moral. La moral le brinda alas a la libertad, porque apoyada en el amor a la justicia y a la verdad, la libertad se realiza a si misma, se deshace de los límites que impiden el desarrollo de todo su potencial creativo y generador. La moral garantiza, por ejemplo, que los esfuerzos orientados para conseguir libertades individuales se traduzcan en el acrecentamiento de la libertad del colectivo y viceversa, que  las luchas sociales sean realmente reivindicaciones de las libertades individuales, incluyendo las de las minorías.

Conclusión

La libertad y progreso van de la mano. Sólo con pleno uso de la libertad, el hombre potencia sus habilidades y talentos, su creatividad, sus ganas de soñar y sus ambiciones de bienestar. Es por ello que las ideas totalitarias, socialistas, o con cualquier nombre pero que en definitiva coarte el estado natural de libertad, son un obstáculo terrible para el progreso y para el bienestar del hombre. Igualmente, como bien explica Hayek en su obra, no debemos aceptar las supuestas intenciones de luchar por la igualdad y el bien social bajo ningún nombre político, a menos que exista una garantía absoluta de respeto a la libertad. Por eso Hayek siempre mantuvo una posición muy firme en contra del socialismo y cualquier intento, incluso modesto, de planificación central, puesto que ésta requiere de una maquinaria coercitiva y el poder que esta brinda atrae a líderes sin escrúpulos.

Hayek defiende el orden espontáneo, en oposición a las innumerables propuestas políticas que prometen mejores condiciones de vida para el hombre, pero en detrimento de su libertad. Ha sido el orden espontáneo a lo largo de la historia de la humanidad lo que ha impulsado los más importantes cambios en las costumbres, el derecho, en los idiomas, y que han fomentado gobiernos liberales que protegen las instituciones fundamentales del hombre libre. Según Hayek, el progreso de la humanidad proviene del genio y creatividad de individuos en su libre interacción con los demás, no de los deseos, arbitrariedades y locuras de reyes y dictadores.

La aceleración del progreso y bienestar humano, se ha producido con mayor facilidad en aquellos países donde se vive bajo el imperio de las leyes y no de los hombres. En países como Inglaterra y no como Corea del Norte. Hayek defiende la seguridad jurídica y las leyes, como contrapartida al gobierno de los hombres por los hombres, o mejor dicho, al gobierno de los hombres por “unos hombres”. Aquéllas sociedades en las que impera la ley, los hombres son libres para elegir el bien, y son responsables del bien común, tienen mayores probabilidades de avanzar y crecer en la dirección del progreso y la superación. No porque la libertad garantice per se el progreso, sino porque lo permite, brinda las condiciones para que “los hombres libres” decidan qué hacer con la libertad y con las circunstancias de su entorno y de su momento.

El respeto y protección de la filosofía de la libertad, así llamada por Hayek, es la solución a la mayoría de los problemas socio-económicos de la sociedad moderna, que en aras del progreso y la democracia, tiende conciente e inconcientemente a golpear y amenazar la libertad y paradójicamente a eventualmente destruir, las posibilidades y oportunidades de evolución y progreso.  O como en el caso de los estados totalitarios, en los que la libertad se elimina en nombre de la misma libertad. Es por eso que toda la obra de Hayek aspira finalmente a revitalizar la filosofía de la libertad para establecer y defender sociedades de hombres libres, capaces de crear y “elegir” un destino cada vez mejor.

[2] Ibid, Pág. 52

[3] Ibid, Pág. 45

[4] Ibid, Pág. 187

[5] Ibid, Pág. 190

[6] SAENZ, MARIO: Filosofía del Derecho. (1927) Pedro Aquino & Cia Editores. Buenos Aires, Argentina. pag. 47

Quienes sostienen esas tesis, arguyen fundamentalmente dos elementos: primero, el concepto tradicional de nación-Estado se debilitará para dar lugar a la manifestación de una nueva forma de gobernabilidad local, regional y mundial; y segundo, el liderazgo de EEUU esta siendo erosionado en dos grandes regiones, en el Medio Oriente y en Asia Pacífico. Revisemos estos argumentos:

¿Desvanecimiento del sistema westfaliano? Se denomina “sistema westfaliano” al nuevo orden que surgió en Europa después de la firma de dos tratados de paz en el año 1648 que dieron fin a la Guerra de Treinta Años en Alemania y a la Guerra de los Ochenta Años entre España y los Países Bajos. Ese nuevo orden, que aún existe, esta basado en el concepto de soberanía nacional, el control del territorio físico y la igualdad jurídica entre los Estados.  No obstante, en las últimas décadas, un mundo diferente pareciera estar forjándose sobre la base de un despertar político y la incorporación de nuevos actores no estatales impulsados por la globalización, por las tecnologías de la información y por el estímulo de innovadoras formas de expresión.

Las esferas tradicionales de poder, tales como la militar y la económica, sustentados en los principios de Westfalia podrían perder espacios importantes en un mundo donde las fronteras de las naciones-Estado tuvieran cada vez menos relevancia. Podría esto ocurrir? Según el sociólogo alemán Ulrich Beck, conocido por su obra “La Sociedad del Riesgo” y por la introducción del paradigma denominado “Cosmopolitanismo”; el concepto de “nación” está dejando de ser útil para entender la sociedad mundial actual, cuyos valores (libertad, racionalidad y democracia) están perdiendo su importancia relativa debido al surgimiento de lo que él llama la “generación global”, y la presencia de actores no estatales y retos de seguridad no tradicionales tales como el terrorismo y el cambio climático.

Un mundo cosmopolita según el paradigma de Beck sin duda eximiría a EEUU de su actual liderazgo mundial. Sin embargo, no sólo es una tesis idealista y por los momentos, difícil de materializar, sino que incluso en tal escenario, EEUU podría fijar discretamente las nuevas reglas de juego.

¿Desplazamiento de los EEUU como líder en Asia Pacífico? Si bien es inevitable advertir que el desarrollo económico y la importancia política global de China están en ascenso, ello no conduce necesariamente a la presunción de que un nuevo orden internacional esta en el horizonte. Aún China no ha logrado –y difícilmente lo hará en el corto y mediano plazo- vulnerar el “sistema de San Francisco” en Asia Pacífico, cuyo pilar se mantiene sobre la base de las alianzas bilaterales que tiene EEUU con varios países de la región.

EEUU es y seguirá siendo el aliado de preferencia en Asia Pacífico pese a que desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, la brújula estratégica de los EEUU se haya reorientado hacia el Medio Oriente.  Aunque China está ganando cada vez mayor influencia, no ha marginado la de EEUU, por el contrario, los países asiáticos pueden relacionarse con China precisamente gracias a los compromisos económicos y de seguridad con los EEUU, que les permiten maximizar sus relaciones con ambos países para sacar provecho en temas económicos y de seguridad.

Los temores acerca de un posible enfrentamiento entre China y EEUU son cada vez más débiles. Primero, el mejoramiento de las relaciones entre Taipei y Beijing ha disminuido considerablemente las tensiones históricas entre los dos países. Segundo, la participación activa de China en mecanismos regionales como ASEAN, ASEAN + 3, ARF y APEC, su importante papel y contribución en las conversaciones a Seis Bandas para tratar el tema nuclear en Corea del Norte, su colaboración a través de la Organización de Cooperación Shanghai (que China lidera) en Asia Central y particularmente en Afganistán, e igualmente la cooperación de China en asuntos de interés global; son todos elementos positivos que brindan un nuevo matiz a las relaciones bilaterales entre EEUU y China.

Las recientes visitas de la Secretario de Estado Hillary Clinton a Japón, Indonesia, Corea del Sur y China demuestran el interés de la administración del Presidente Obama de estrechar sus relaciones con los aliados y de acercarse a China. Por otra parte, la histórica posición que ha tenido EEUU en los asuntos de seguridad de Asia Pacífico por más de 50 años, le confiere suficiente habilidad para responder efectivamente a los retos que presenta el ascenso chino, fortalecer sus relaciones bilaterales y mantener el actual orden internacional.

¿Erosión del liderazgo de los EEUU en el Medio Oriente? El liderazgo estadounidense en el Medio Oriente se ha debilitado tanto por acción como por inacción. En cuanto a lo primero, es evidente que la aplicación de la  doctrina Bush en Afganistán e Irak ha profundizado el sentimiento anti-estadounidense existente en la región desde hace mucho tiempo. La percepción de EEUU como un país imperialista, que tiene injerencia en los asuntos internos de los países de la región, directa o indirectamente, por intereses económicos o de seguridad; que no respeta ni reconoce al Islam y que impone principios y valores ajenos a las culturas autóctonas, se ha afianzado desde que el ex Presidente George W. Bush tomó la decisión de invadir Afganistán en el año 2001 y luego Irak en el año 2003.

En cuanto a la “inacción” de los EEUU, dos situaciones sobresalen: las hostilidades entre Israel y el Hezbollah en el sur del Líbano en el año 2006, y el reciente conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el Hamas en el año 2008. En ambos casos EEUU respaldó el derecho a la defensa de Israel y acusó tanto a Hezbollah como a Hamas de iniciar el conflicto; dejando a las partes dirimir sus diferencias entre ellas sin promover la intervención de la Comunidad Internacional.

Ésto, desafortunadamente, le ha ganado a los EEUU una imagen muy negativa en la región. Aliados tradicionales como Jordania y Arabia Saudita, se han distanciado ligeramente; y muchos otros como Líbano, Siria y Egipto se han vuelto más escépticos.

Para reorientar las relaciones de EEUU con los países de la región, el Presidente Obama anunció el pasado 27 de febrero el retiro de la mayor parte de sus fuerzas de combate en Irak para agosto del 2010 y la transferencia del control político y de la seguridad a las autoridades de ese país. Asimismo, la atención especial que la Secretario de Estado Hillary Clinton y el diplomático Richard Holbrooke brindarán al conflicto árabe-israelí en búsqueda de una solución en el mediano plazo, podría propiciar un considerable mejoramiento de la percepción que los países del Medio Oriente tienen de los EEUU.

¿Se mantiene el actual orden internacional?. Si. Pese a que EEUU se encuentra frente a retos históricos y estratégicos muy serios que exigen un repensar de su política exterior, la capacidad de renovación y adaptación de este país así como la solidez de los valores y principios que lo inspiran, auguran muchos años más de un mundo unipolar. Ciertamente los más recientes conflictos internacionales han demostrado cuan difícil será evitar que el poder y status global de EEUU gradualmente se vean afectados, pero por lo pronto, el liderazgo de este país en el Medio Oriente y en Asia Pacífico se mantiene intacto, y su poder en el mundo, irrefutablemente superior a cualquier otro.

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Por eso siempre se la ha justificado, y no resulta extraño que desde la antigüedad, en el plano teórico al menos, hayan surgido expresiones acerca de la existencia de guerras justas y guerras injustas. Identificar qué distingue unas de otras, ha sido del interés de teólogos y juristas, políticos, estrategas militares, historiadores… interés que se ha reflejado en posturas ante la guerra, que van desde el pacifista que aborrece y rechaza la guerra hasta el que la defiende y la patrocina.

La teoría de Guerra Justa tiene la aspiración de presentar elementos concretos y útiles para distinguir entre las guerras moralmente permisibles y las que no.  Esta teoría parte de dos premisas: primero, que la guerra es una actividad humana y segundo, que es inevitable; razones por las cuales es imperativo aceptarla bajo ciertas condiciones.

Obviamente esta distinción dependerá sustancialmente de quién sea la entidad que razone tal calificación. De manera natural tendemos a justificar nuestra propia acción, y juzgar la conducta de otros. Sólo podemos pensar que una guerra puede ser justa, si quienes estamos de acuerdo con este criterio, compartimos principios de moral común: se dirime la discusión acerca de lo justo y lo injusto porque todos nos encontramos en el lado donde nos gobiernan las mismas ideas y principios. Si tales principios o normas son aplicados a algunos y no al universo de participantes, se restringe la base de una teoría seria sobre Guerra Justa.

Y de hecho es así, las controversias sobre lo justo y lo injusto son profundas e ilimitadas.

Bajo el enfoque del derecho natural es decir, bajo la idea de que existe una ordenación jurídica y moral, natural y universalmente aceptable por todos los seres humanos, no debería existir polémica alguna acerca de la “justicia”. Según el derecho natural, existe una capacidad en la conciencia humana, que habilita al hombre a traspasar incluso los límites de la ley, para estimar los hechos justos. Por ejemplo, cuando un pueblo se encuentra sometido a una tiranía u oprimido por una legislación positiva rigurosa, el espíritu reacciona contra esos estados anormales, y busca nuevas reglas que aseguren mayor bienestar. [1] Sin embargo el derecho natural no esta realizado (sólo procura establecer cómo debe ser el derecho, señala un ideal, es una aspiración de mejoramiento)[2] y la historia nos demuestra que existen tantas interpretaciones de justicia como épocas y civilizaciones, e igualmente, tantos patrones de pensamiento sobre Guerra Justa como conflictos.

Es por ello que no existe una teoría monolítica sobre guerra justa, una teoría universal y atemporal,  mas bien ésta parece construirse con diversas perspectivas y opiniones sobre la ética en la guerra y en la paz según los tiempos, las circunstancias y los decisores. Así, la teoría de guerra justa no puede involucrar verdades absolutas o eternas sino elementos que están sujetos a permanente evolución y transformación.

Modernamente, a la tradición de Guerra Justa se la entiende como una doctrina moral que a veces se solapa con la doctrina legal y que permite identificar cuándo el uso de la fuerza es moralmente aceptable (jus ad bellum: la justicia de la guerra) y cómo debe ser su utilización (jus in bellum: la justicia en la guerra). De hecho quienes la defienden señalan que la teoría permite restringir y limitar el uso de las armas para hacerlas mas humanas y tendría por finalidad última establecer paz y justicia duradera.

Ahora bien, esas dos interpretaciones de la teoría de guerra justa, (jus ad bellum y jus in bellum) son lógicamente independientes, es posible que una guerra justa se desarrolle injustamente y que una guerra injusta se desarrolle observando estrictamente las reglas de la guerra. La teoría es compleja debido a que esta compuesta por dos paradojas: si bien las guerras de agresión están prohibidas, su actividad esta regulada; y si bien es correcto resistir y defenderse de la agresión, esa resistencia es objeto de un juicio moral y legal.

Veamos cómo surge la teoría de la guerra justa, quiénes la han impulsado y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia.

Creación de una doctrina

Al hurgar en los contenidos filosóficos y éticos de la teoría de “guerra justa”, encontramos que el origen de la doctrina podría remontarse tanto a  valores greco-romanos como al cristianismo medieval. Los principales teóricos que desarrollan un código e intentan asociar la agresión a criterios de justicia filosófica, religiosa y política, son los teólogos San Agustín y Santo Tomas, que en tiempos de peligro y grandes retos para la religión cristiana creyeron que la guerra contra los enemigos podía y debía justificarse. El primer trabajo dedicado específicamente a la “guerra justa” (de bellis justis) se le atribuye a Stanislaw de Skarbimierz, y más adelante Francisco de Vitoria, Nicolás Maquiavelo y Tomas Hobbes realizarían importantes contribuciones. Al examinar estas  primeras fuentes que dan forma a la política y a la moral occidental, dedicaremos especial atención a los trabajos de Hugo Groscio y Emmerich Vattel, que tomaron todo el material sobre guerra justa existente para el siglo XVII y lo trabajaron de manera secular.

Más recientemente, para visualizar la evolución de la teoría, nos apoyaremos en los trabajos de Hannah Arendt, y Howard Zinn por un lado, con una posición liberal y pacifista, y por otro, en los trabajos de Michael Walzer que tiene una posición moderada dedicada sobre todo a justificar las intervenciones humanitarias de hoy. Sólo a manera de reflexión, presentaremos algunas polémicas ideas de Carl Schmitt con una visión rigurosa y realista sobre la guerra y la justicia.

Los nombres antes citados no excluyen a muchos otros que también han hecho importantes contribuciones al estudio de la guerra y su relación con valores como la moral y la justicia. Este ensayo no aspira a citarlos a todos, sino a presentar algunas ideas sobresalientes que consideramos esenciales para informar el origen de la doctrina y para razonar la forma en que ha sido aplicada en tiempos modernos. Nuestro principal interés gira en torno a lo que modernamente forma parte del jus ad bellum (los aspectos que hacen “justa” a la guerra), particularmente las ideas sobre agresión y autodefensa. Todo lo relacionado con jus in bellum y el jus post bellum, es decir, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho de guerra, desviaría el propósito de esta investigación.

Sobre la justicia…y la guerra en la antigüedad:

Casi mil años A.C., el rey Salomón decía que la justicia era la “opción correcta” que se alcanzaba con sabiduría. El trató de discernir y resolver un conflicto siempre tendiendo a propugnar lo bueno y condenar lo malo, desde la razón. El famoso Salmo 72, compuesto por Salomón, tiene a la persona del rey como su centro de atención y en el se le pide a Dios que le conceda al monarca la capacidad de juzgar con justicia, según los designios divinos. La misión del rey consistía básicamente en administrar justicia, y en defender al pueblo de las agresiones externas y de las injusticias dentro del país. Las decisiones del rey respecto de la guerra, eran inapelables y legítimas en tanto era el rey el que determinaba lo que era bueno y justo para su pueblo.

No parece existir en ese momento ninguna dificultad para distinguir lo bueno de lo malo. Todo lo que decidía el rey era bueno, y nadie lo objetaba.

En esa misma línea, pero con el peso de la visión militar y estratégica, en el año 430 A.C. el historiador y militar ateniense Tucidides, señaló en su obra “Las guerras del Peloponeso” que la justicia no existe, que la justicia es un concepto abstracto. Para Tucidides, el más fuerte siempre ha impuesto su voluntad… de existir la justicia, seria entre iguales y no entre fuertes y débiles. Tenia como máxima que “los poderosos hacen lo que pueden, en tanto los débiles sufren lo que deben”…

Sólo cuando se percibe la guerra como un fenómeno malo y perverso no sólo ética sino también espiritualmente, es que comienzan a aparecen algunas interpretaciones que relacionan la guerra con la justicia. Sobre todo cuando se considera la guerra una tragedia inevitable, que ha de regularse para evitar males mayores.

Esto explica porque Tucidides y toda la Antigüedad clásica no efectuaron juicios de valor para catalogar a la guerra. En la antigua Grecia prevalecía fundamentalmente el concepto de supremacía que legitimaba las intervenciones contra los bárbaros inferiores. Igualmente, durante el Imperio de Roma y durante muchos años en la Edad Media, esta visión sirvió de soporte legitimador para las conquistas imperiales y coloniales. Cuando hay supremacía, especialmente cultural, las invasiones y guerras no pueden ser tratadas de justas o injustas por consideraciones morales, son por el bien del pueblo vencido. Esta forma de entender la justicia de la agresión, de la guerra, será desplazada por el cristianismo medieval, pero volverá en el siglo XIX para quedarse. Modernamente el clímax de este enfoque es el postulado por Carl Schmitt con su acerba postura acerca del “enemigo”.

Pero volvamos a Roma y Grecia, para buscar algunos elementos que inspiraron mucho mas adelante a San Agustín y a Santo Tomas de Aquino. Cicerón por ejemplo, rescató de los griegos, Platón (427-347 AC) y Aristóteles (384-322 AC) ideas absolutamente diferentes a las de Tucidides. Especialmente la idea de que una guerra para ser justa sólo puede librarse bajo ciertas condiciones, las cuales son: defensa propia y restablecimiento de la paz. Según Platón, la justicia es entendida como armonía social; el hombre puede reconocer lo que es justo y acceder a la idea de la justicia por reflexión, experiencia y razón. El individuo justo es aquel que usa su razón según la verdad, que tiene fortaleza y valentía y que actúa con moderación. Un Estado puede ser justo cuando está dirigido por personas sabias, porque la justicia se percibe con el entendimiento y no con los sentidos. Para Aristóteles la justicia consiste en dar a cada uno lo que es debido, lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. La justicia universal coincide con la virtud y es casi equivalente a la obediencia de la ley.

Pero, en la antigua Roma, diría Tito Livio (59 AC-17 DC): “La guerra que es necesaria, es justa, y benditas sean las armas cuando no hay esperanza sin ellas”.

“Guerra Justa” y Religión (particularmente la católica)

La Iglesia Católica tiene una teoría específica de guerra justa, explicada como el derecho moral a la auto-defensa, y basada en el principio e inclinación natural a la auto-preservación que se desarrolló ampliamente durante la Edad Media. En los documentos del Vaticano recientemente hechos públicos, la Iglesia explica con un alto grado de detalle, su doctrina de guerra justa. Eso lo trataremos mas adelante.

Sin embargo, Jesús vetó la práctica de la violencia en todas sus formas, incluso era inaceptable la violencia para defensa personal. Famosa es la frase expuesta en la montaña en la que Jesús dijo: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pida, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieres que ellos les traten a ustedes. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo en  cambio”.[3] “Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que esta en los cielos. El hace brillar el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos y pecadores”. [4] Los apóstoles también recogen esas ideas en máximas como la de San Pablo al afirmar que el mal sólo puede ser vencido por el bien.

Durante los tres primeros siglos del cristianismo esta conducta de condena de la guerra se expresó en tres vías – la teológica, la canónica y la martirial – de manera clara e innegable. Todos los teólogos hasta inicios del siglo IV no sólo condenaron la guerra sino que manifestaron que ningún cristiano podía servir en el ejército ni siquiera en tiempos de paz.

Pero a partir del siglo IV, la postura cristiana comenzaría a mutar debido a la amenaza que constituían los bárbaros y el mundo pagano para la religión cristiana. Los teólogos San Agustín y Santo Tomas comenzarán a dar un giro importantísimo a la tradición cristiana, al tratar de conciliarla con la necesidad de defenderse.

San Agustín (354-430) admitía el pacifismo privado (todos debemos perdonar a los que nos ofenden y orar por nuestros enemigos), pero así como hablaba de la miseria de la guerra, también indicaba que el imperio no podía incorporar el punto de vista pacifista como política pública y que su defensa era lícita. Aún más, los cristianos debían contribuir a ella como buenos ciudadanos. [5] San Agustín habló de la injusticia como causa de las guerras. La injusticia del enemigo es la causa que el sabio declare guerras justas. El objetivo de la guerra es la paz, porque no hay nadie que no quiera tener paz. La paz de los pecadores no merece el nombre de paz. Puede haber cierta paz sin guerra, pero no guerra que no aspire a concluir con la paz. En realidad, como supo señalar Steven Runciman, “detrás de muchas de las maniobras bizantinas tan sólo se hallaba un deseo de salvaguardar la paz y evitar llegar a una conducta tan necesaria pero, a la vez, tan anticristiana como era la guerra”. [6]

San Agustín hace una teología de la guerra justa, es decir, la guerra es aceptable bajo ciertas condiciones. En primer lugar la guerra debe producirse sólo si existe un propósito bueno y justo, y no como expresión de exceso de poder o ambición personal; segundo, solo puede ser ejecutada por una autoridad instituida como el Estado; y tercero, el motivo principal que promueve la violencia debe ser la obtención de la paz. San Agustín desarrolla la idea de la verdadera justicia no estrictamente tomada como tal sino como la posibilidad del amor de unos a otros y de la concordia de los intereses comunes de un pueblo que busca su fin temporal y que practica la justicia de manera imperfecta.

A partir del siglo VII en adelante el expansionismo del Islam fue interpretado por muchos cristianos como una amenaza para occidente y su religión oficial. Gracias a la Escolástica (el derecho natural es una emanación de la divinidad), se articuló una doctrina más elaborada de la guerra justa, que giraba, fundamentalmente, sobre tres ejes. El de la  legitimidad de la defensa propia, el de la mesura en la respuesta, y que la respuesta bélica cuente con posibilidades de éxito. Tal y como lo expresaba Santo Tomás de Aquino (1225-1274): la religión es la virtud superior a todas las demás virtudes, ya que se relaciona íntimamente con Dios. Por lo tanto la justicia depende de Él y de la relación del hombre con Dios.

“La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto: el uno es la conservación de la propia vida; el otro, la muerte del agresor… solamente es querido el uno; el otro, no. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal: Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita… y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otro”.[7]

Santo Tomas desarrolló la idea de la legítima defensa de las personas y las sociedades pero indicó que la misma no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. También se dedicó al desarrollo del ius post bellum al señalar que se ha de tratar al vencido con temperancia, compasión y caridad. Con relación al tercer eje, el de las posibilidades ciertas de éxito, se ha escrito mucho. Una guerra que no tuviera indicios de poder concluir en triunfo resultaba inmoral en la medida en que implicaba un derramamiento de sangre – propio y ajeno – inútil.

En el documento “Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica” publicado en el año 2005 y disponible en los archivos del Vaticano desde 1993, se desarrollan algunas ideas sobre la guerra y la legítima defensa que valen la pena examinar:

Los parágrafos 2307 y 2308 son dedicados al quinto mandamiento, el cual condena la destrucción voluntaria de la vida humana pero la exime solo bajo circunstancia de legitima defensa.

“A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la Bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la Guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, ‘mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa”. [8]

Sobre “legitima defensa”, el parágrafo 2309 del documento señala:

“Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a ésta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez: 1/ Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. 2/  Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. 3/ Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Y 4/ Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición”.[9]

Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina de la ‘guerra justa’. Se consideran estas condiciones de legitimidad moral fundamentales para el bien común.

Mas adelante, en el parágrafo 2266, el documento continua con referencias a la importancia de la autoridad legítima y la proporción :

“La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo.” [10]

Según la Iglesia Católica, la teoría de la Guerra Justa ha sido manipulada para el mal uso de los políticos y algunos teólogos que encontraron en ella una forma de justificar el conflicto y brindarle un matiz de integridad moral. El Papa Juan Pablo II enfatizó que “la guerra no es y nunca será una forma apropiada para resolver problemas entre naciones. La guerra es el fracaso del verdadero humanismo.”[11] Estas palabras, recuerdan las de Erasmo de Rotterdam, durante la época del renacimiento y la reforma, que intentaron retornar a los principios pacifistas del Nuevo Testamento:

“ No hay nada mas perverso, mas desastroso, mas generalmente destructivo, mas difícil de extirpar, mas odioso…que la guerra. Es repugnante para la naturaleza,  …acaso alguien ha oído hablar de mil animales que se lancen unos contra otros para aniquilarse, como hacen los hombres en todas partes?”[12]

Sin embargo, en lugar de expresar un repudio absoluto a la guerra, la Iglesia se manifestó a favor de conciliar el problema con la “regulación” de la guerra, es decir, señalar las condiciones para que la guerra sea justa. La posición de rechazo absoluto a la guerra tanto de Erasmo como del Papa Juan Pablo II se sitúan fuera de la ortodoxia del pensamiento moderno.

“Guerra Justa” y sus primeros pasos por el camino del “Derecho”

Bajo el absolutismo de los siglos XVI, XVII y XVIII, periodo también denominado Antiguo Régimen por ciertos rasgos políticos, jurídicos y sociales en el que resaltaba la concentración de todo el poder en manos del rey, sin controles o limites de ningún tipo, el rey determinaba lo que debía entenderse por justicia. Durante este período, tanto los enfrentamientos entre príncipes como las guerras de religión sirvieron de inspiración para otros filósofos y pensadores que alejan la doctrina de postulados morales exclusivamente vinculados al cristianismo, para hacerla mucho más universal.

Dos trabajos en los que reposan los fundamentos de posteriores disertaciones sobre la Guerra justa es de “De bellis justis” de Stanislaw de Skarbimierz (1360–1431) y la “De Iure Belli” y “De Potestate Civili” de Francisco de Vitoria. Skarbimierz fue rector de la Academia de Krakovia en Polonia y autor de los sermones sapientales que justificaban la guerra del Reino de Polonia contra los Caballeros Teutones. Él formula en sus sermones la idea de Guerra justa en defensa de la paz y elogia a quien muere en una guerra justa puesto que es una forma gloriosa de morir.

Francisco de Vitoria (1483- 1546) en sus obras De Iure Belli y De Potestate Civili analiza los límites del uso de la fuerza para dirimir las disputas entre pueblos y admite la guerra justa no sólo defensiva sino también la punitiva contra un enemigo culpable. Para el, la guerra es justa cuando se responde proporcionadamente a una injuria. Por tanto, para Vitoria no es lícita la guerra simplemente por diferencias de religión o para aumentar el territorio. De hecho desarrolló la idea de que las relaciones entre comunidades políticas no pueden basarse en el uso de la fuerza, sino en unas normas morales externas. Este es uno de los antecedentes de lo que hoy se conoce como derecho internacional.

Su teoría se apoya en el derecho natural, el iusnaturalismo o derecho de todos los hombres. Las condiciones para que una guerra fuera justa serían la declaración por la persona con autoridad para ello (comúnmente el príncipe), la inevitabilidad del conflicto para salvaguardar la paz y la seguridad, y el uso mesurado del triunfo.

Para la misma época, tanto Nicolás Maquiavelo (1469-1527) como Thomas Hobbes (1588-1679) renovarían los argumentos de Tucidides en el Príncipe, el Arte de la Guerra y en el Leviatán, para destacar nuevamente que el ser humano es egoísta y malo por naturaleza, y que la violencia y la guerra, son consecuencias inevitables de tal naturaleza (“a necessity of nature”).  De esta manera, se entiende que todas las formas en que se manifiesta la violencia, entre ellas la guerra, pertenecen a una dimensión con leyes propias, distintas y separadas de las leyes de la vida moral. Las atrocidades de la guerra se explican en la necesidad de la naturaleza. Y esta ‘necesidad’ se entiende como inevitable e indispensable.

Mientras que Nicolás Maquiavelo consideraba al Estado como un conjunto moralmente autónomo (y que, por tanto, no podía ser juzgado según normas externas), en Vitoria nos encontramos que la actuación del Estado en el mundo tiene límites morales.

Igualmente en contra de la visión ius naturalista de Vitoria, es indispensable destacar la obra de Juan Gines de Sepulveda, filósofo e historiador español del siglo XVI que defendió y justificó el derecho de unos pueblos a someter a otros por su civilización superior o derecho del dominador sobre el dominado para evangelizarlo y elevarlo a su misma altura. Así, sostuvo la legitimidad de la Conquista de América en función de infundir a los indios una cultura superior y cristiana. [13]

La Guerra Justa como teoría de Derecho Internacional

Se dice que “las relaciones internacionales” comienzan formalmente a partir de la Paz de Westfalia de 1648, la cual puso fin a la Guerra de los Treinta Años. A partir de este momento, la percepción de la guerra como medio para hacer triunfar un dogma, una verdad o una religión sufre algunas modificaciones.

Con el surgimiento de un nuevo orden europeo fundamentado en los Estados-Nación, la guerra pasa a ser un medio imperfecto para solucionar controversias entre soberanos y exige normas que explícita y formalmente la regulen o contengan. A partir de aquí, las guerras privadas desaparecen, y se convierten en un acto de Estado, llevadas a cabo a través de los ejércitos oficiales. Varios serán los pensadores que contribuirán a hacer que en el siglo XVII el derecho internacional comience a tomar forma, a través de la aprobación de normas de alcance universal destinadas a regular la actuación de los Estados y contener la violencia de la guerra.

El objetivo inicial era construir una estructura normativa que fuera capaz de trascender las diferencias culturales y religiosas, un derecho positivo fundamentado en el derecho natural. Las guerras no se producen ya por honor, venganza o por el mantenimiento de títulos nobles, sino por salud pública.

A esa salud pública haría referencia Kant cuando señalaba que era esencial una forma de gobierno en la que el pueblo pudiese controlar las decisiones del soberano, hacer imposibles las guerras como hechos arbitrarios del príncipe.[14]

Dirá al respecto Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

“La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado, en la cual los particulares solo son enemigos incidentalmente, no como hombres, ni aun siquiera como ciudadanos, sino como soldados, no como miembros de la patria, sino como sus defensores… Siendo el fin de la guerra la destrucción del Estado enemigo, se tiene derecho a dar muerte a los defensores en tanto tienen las armas en la mano, mas en cuanto entregan las armas y se rinden, dejan de ser enemigos o instrumentos del enemigo y vuelven a ser simplemente hombres, y ya no se tiene derecho sobre su vida…” [15]

Durante el renacimiento, son Hugo Groscio (1583-1645) y luego Emmerich de Vattel (1714-1767) los que influyeron profundamente en la teoría de la guerra justa y su posterior formulación como derecho internacional codificado en un cuerpo coherente de leyes y normas. Groscio se adhirió a la doctrina escolástica de la guerra justa, pero propuso leyes para gobernar la guerra y moderar su dureza, sobre la base de que “si no se puede hacer nada respecto a los fines, solo podemos tratar de hacer que los medios sean mas morales….” De la guerra justa debía excluirse, por ejemplo, la muerte de los rehenes, la ejecución de prisioneros – salvo que estuviera en peligro la vida del vencedor – la destrucción de bienes materiales de los vencidos y la aniquilación de la libertad de los derrotados especialmente en el terreno religioso.

Publicó en el año 1625 su obra De jure nelli ac pacis libri tres (Del Derecho de Guerra y Paz, Tres Libros) dedicado a Luis XIII, en donde presenta un sistema de principios de derecho natural que son comunes a todas las personas y naciones, independientemente de su cultura local. Allí señala que existen ciertas circunstancias que justifican la guerra, e identifica tres causas justas para la guerra: auto-defensa, reparación de un daño y castigo.

Sin embargo, es Emmerich de Vattel quien tiene el mérito de haber cuestionado, por primera vez, las consecuencias de la teoría de guerra justa:
“La guerra no puede ser justa por ambas partes. Una se atribuye un derecho, la otra lo cuestiona; una denuncia una injuria, la otra la niega. Son dos personas que se disputan por la verdad de una proposición. Es imposible que dos sentimientos contrarios sean verdaderos al mismo tiempo. Sin embargo, puede suceder que ambos contendientes obren de buena fe. Y en una causa dudosa, no se puede determinar con seguridad de qué lado se encuentra el derecho. Luego, como las naciones son iguales e independientes, y unas no pueden erigirse en jueces de otras, en toda causa sujeta a duda, las armas de ambas partes beligerantes deben considerarse legítimas, al menos en lo que concierne a los efectos externos y hasta que se decida sobre la causa.”

Vattel no rechaza la doctrina de la guerra justa, pero la relativiza puesto que admite que la guerra no puede ser justa para ambas partes y es difícil o imposible determinar cuál de las partes defiende verdaderamente una causa justa. Igualmente, observa que ambos pueden estar de buena fe persuadidos de que defienden una causa justa, y por ello ambas partes pueden tener el mismo derecho a recurrir a las armas.

Las normas de derecho internacional público se basan en ese margen de indeterminación y de tolerancia, que han hecho de las leyes de la guerra tan elásticas como maleables. Esas normas fueron codificándose progresivamente, en particular en los Convenios de Ginebra de 1864, 1906, 1929 y 1949, así como en la Declaración de San Petersburgo y en los Convenios de La Haya de 1899 y 1907.

Reflexiones generales sobre la “Guerra Justa” y el Derecho

La relación entre guerra justa y derecho, en el derecho privado o interno, es clara: existe un poder investido de autoridad para aplicar el derecho, y ese poder dispone de la fuerza suficiente para hacer efectivo el derecho. Ese poder define, en el marco de sus propias normas, cuándo el uso de la fuerza, es justo.

En las relaciones entre sujetos de derecho internacional, la relación entre guerra justa y derecho no es transparente. Sin duda existen leyes, emanadas de tratados y organizaciones internacionales de las que los Estados forman parte, pero faltan la autoridad judicial y el poder con la fuerza suficiente para hacer cumplir tales leyes. Al faltar estos poderes, las normas no se cumplen sino en la medida en que voluntariamente los Estados quieren hacerlo.

La historia demuestra que no ha habido éxito en los esfuerzos para dirimir conflictos. Las diferencias entre Estados no se rigen por principios de justicia, sino en la fuerza del poderoso. En las relaciones internacionales, la fuerza domina el derecho, prevalece sobre el derecho.[16]

Para profundizar un poco en estas ideas en un plano un poco más práctico, resulta valioso apoyarse en la interpretación de guerra y derecho realizada por Bobbio. El señala que existen cuatro tipos de relación entre guerra y derecho:

1.     La guerra como medio para establecer el derecho,

2.     La guerra como objeto de reglamentación jurídica,

3.     La guerra como fuente del derecho y

4.     La guerra como antitesis del derecho.

El tratamiento jurídico de la guerra se ha ocupado fundamentalmente de dos problemas:  el de la causa justa de las guerras y el de la regulación de la conducta en la guerra. El primer problema, es el que nos interesa, el de la justificación de la guerra, cuales son los motivos que hacen justa una guerra, o cual es el titulo sobre cuya base se puede considerar justa una guerra. El otro problema es el de ius in bellum que consiste en el estudio de las reglas que disciplinan la conducta en la guerra y que permiten distinguir entre lo que es lícito y aquello ilícito.

Para Bobbio, el primer problema hace referencia a la legitimidad de la guerra,  y el segundo, a la legalidad de la guerra.  “La legitimidad es el resultado de un proceso de justificación, y las dos formas mas comunes de justificar una acción consisten en reconducirla a su fundamento o en adecuarla a un fin, es decir, en considerarla o como la consecuencia necesaria de un principio dado como indiscutible, o bien como el medio mas adecuado para conseguir un fin especialmente deseable”. La teoría de la guerra justa descansa en la segunda forma. Y un fin especialmente deseable, es el restablecimiento del derecho.  Es una relación entre medio y fin, donde la guerra es el medio y el derecho el fin.[17]

La guerra se convierte en fuente de derecho cuando en lugar de tener como fin el restablecimiento del derecho existente, un derecho precedente que ha sido violado, tiene por objetivo la creación de un nuevo orden internacional. Se trata de instaurar  un orden nuevo. Se la relaciona a este tipo de guerra con la revolución (es decir, una fuerza puesta al servicio de la creación de un nuevo orden) que se legitima por el recurso al derecho natural, es decir, a un derecho superior al derecho positivo, que justifica la subversión del derecho positivo.

Para entender a la guerra como antítesis del derecho, no sólo nos sirve Bobbio, sino también Clausewitz y Hobbes. Según Clausewitz, una vez que se inicia la guerra, no existe límite, no hay control jurídico, se derrumba el mundo del derecho; y según Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de Guerra perpetua precisamente porque es un estado pre-jurídico y antijurídico, un estado donde no existe la ley positiva y la ley natural es impotente, mientras que el estado civil es aquel en el que a través del monopolio de la fuerza, se instituye el reino de la paz.

La Guerra Justa y la Guerra Total

Como hemos visto la doctrina de guerra justa ha ido evolucionando. Tuvo momentos de apogeo teórico en los que importantes y destacados pensadores contribuyeron con sus estudios y obras maestras a la comprensión de la naturaleza de la guerra para relacionarla primero con la naturalidad de la superioridad cultural, luego con condiciones morales cristianas y mas adelante con normas que aspiraban a ser universales.

En el siglo XIX, tanto en Europa como en América, guerras de gran trascendencia intervinieron nuevamente en la concepción de “guerra justa”. En Europa, las guerras napoleónicas (1816-1830) y en América, las guerras para la conquista del Oeste, y el fenómeno del Imperialismo. Dos factores que hay que tener presentes en esta etapa son la sofisticación de las armas, y la inclusión por primera vez, en números importantes, de la muerte de civiles. Estos factores trajeron como consecuencia una nueva racionalización de la guerra, en la que parece observarse un retroceso hacia la interpretación que prevalecía en la antigüedad pero adornada con bisutería moderna. Aquí vuelve a  despuntar la idea de que la guerra es inevitable, acompañada por la consideración de que es un medio eficaz para la consecución de fines políticos.

Karl von Clausewitz percibió claramente las implicaciones revolucionarias de Napoleón y reaccionó en contra, si bien no se identificó plenamente con el ancien regime, luchó contra Napoleón debido al carácter ilimitado de los objetivos políticos de Francia. Esas guerras inspiraron sin duda a Clausewitz, para escribir:

“la guerra no debe ser nunca un propósito en si misma, sino que debe responder a objetivos políticos o económicos… se debe imponer la voluntad al enemigo, usar como medio la máxima fuerza disponible, privar al enemigo de su poder”.[18]

Menciona la angustia por la brutalidad como un elemento inhibidor del uso de los medios, indicando que el principio de moderación aplicado a la guerra conduce a un absurdo lógico.  Durante los siglos XIX y XX el realismo de la guerra se apoyó en la idea de que la misma constituye un instrumento político, al servicio de un Estado u otra organización con fines políticos, tal cual como indicó Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

Para Clausewitz el fin de la guerra era “desarmar al enemigo”, no exterminarlo; de aquí nació el concepto de desarme mutuo, que imposibilita toda guerra y da paso a la política. La guerra sería pues un “acto político”. Pero quienes critican a Clausewitz señalan que la guerra no es la continuación de la política sino el verdadero acto que “crea” política, la guerra define quien tiene el poder para imponer política (decisiones respecto a todo). La guerra es profundamente antropológica, permite definir qué grupo de personas gobierna en un determinado territorio. En palabras de Clausewitz, “constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”.

Las ideas de Clausewitz se enmarcan en el juicio de la esfera política según el cual, el fin justifica los medios, pero los objetivos de guerra deben ser limitados, de lo contrario tiende a acercarse a su forma absoluta y cesa de ser un instrumento político racional. Ello significa que acciones políticas como la guerra y la paz no son valores finales sino instrumentales.  La guerra debe realizarse sólo por dos razones: defensa del orden establecido, y dirimir disputas dentro de ese orden.

Al otro lado del Atlántico, es interesante resaltar, el famoso ensayo de  Frederick Jackson Turner (1861-1932) que leyó en 1893 ante la Asociación de Historia Americana una comunicación titulada “The Significance of the Frontier in American History”. Allí señaló que la experiencia de la frontera, es decir, la civilización alcanzando los espacios ocupados por la barbarie, tuvo un efecto de consolidación y nacionalización de EEUU. La guerra fue justa porque extendió la civilización y promovió la democracia. El enunciado de la Doctrina Monroe (1823), así como la idea del Destino Manifiesto (1845) apoyaban la idea de “justicia” en la expansión por el continente, era inevitable el avance de la frontera como luego también fue inevitable el control de las rutas marítimas a través de bases apostadas mucho mas allá de esa frontera descrita por Turner, las cuales vendrían a ser las guerras justas en el siglo XX.

Durante el siglo XX la doctrina de la guerra justa trascendió ampliamente el terreno del discurso teológico cristiano para penetrar en textos jurídicos nacionales e internacionales.

Según Hannah Arendt, desde la antigüedad argumentos como la conquista, la expansión, la defensa de intereses creados, la conservación del poder ante la aparición de nuevas y amenazadoras potencias o el mantenimiento de un equilibrio de poderes dado…etc, fueron no sólo las causas reales que desencadenaron la mayor parte de las guerras que ha conocido la historia, sino que fueron consideradas, “necesidades”, es decir como motivos legítimos para acudir a una decisión por las armas.[19]

La idea de que la agresión constituye un crimen y que solo se justifica la guerra cuando hace frente a la agresión o la evita, adquiere un significado especial después de las dos Guerras Mundiales, fundamentalmente debido a la letalidad nunca antes vista de las nuevas armas, así como el desprecio absoluto a las normas de DIP vigentes para la época, lo que ocasionó la muerte de un numero muy alto de civiles, intolerable para la comunidad internacional. De esa terrible experiencia, surgió la necesidad de nuevas normas y códigos capaces de limitar contundentemente a la guerra.  La Sociedad de las Naciones y luego la ONU, el Derecho Internacional Humanitario, la Cruz Roja, y muchas otras instituciones surgieron del interés en disminuir el sufrimiento humano a través de la “humanización de la guerra”.

Esto sin duda influyó en la doctrina de guerra justa, no transformándola, pero adaptándola a su nueva realidad. La guerra se seguiría produciendo, de manera cada vez más terrible y escalofriante, pero como se la considera inevitable, se la arropa a través del Derecho Internacional Público (DIP) de un manto de legitimidad y de justicia.

Sin embargo, en el siglo XX la brecha entre el derecho y la práctica de la guerra se amplia de una manera descomunal:

Por un lado, proliferan las normas que expanden el Derecho Internacional Público e intentan humanizar la guerra. En los tratados y pactos derivados de la experiencia en las dos Grandes Guerras, los Estados condenaron “el recurso a la guerra para solucionar diferendos” y renunciaron a él “como instrumento de política nacional“. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe todo recurso a la fuerza en las relaciones internacionales, con excepción de la acción coercitiva colectiva prevista en el Capítulo VII y del derecho de legítima defensa individual o colectiva reservado por el artículo 51.

Por otro lado, las guerras totales anulan el derecho, todo es permisible, o al menos, posible de realización. Vuelve a prevalecer la idea del interés nacional, y la fuerza esta a su servicio. El interés nacional, los fines últimos del Estado, justifican la guerra.

No sorprende entonces que la teoría de guerra justa, entrara en un período oscuro, de relativa crisis, de la cual saldría sin problema.  Pese a que en el DIP, la guerra, en cuanto expresión de la voluntad de un Estado soberano, es un procedimiento ilícito[20], no ha dejado de ocurrir, y ahora con mas crueldad que antes.

Ni la ONU, ni el DIP han construido un poder coercitivo superior que implique el monopolio de la fuerza para que las reglas del DIP sean respetadas y acatadas para la solución pacífica de las controversias. Es por ello que las normas del DIP son menos eficaces que las normas referentes a los contratos en el derecho civil.

Hannah Arendt, señala esta misma idea con estas palabras:

“La principal razón porque la guerra aún está con nosotros no radica en un secreto deseo de muerte de la especie humana, ni en un irreprimible instinto de agresión, ni en los serios peligros sociales y económicos inherentes al desarme, sino en el simple hecho de que aún no ha emergido en la escena política un árbitro final de los asuntos humanos. ¿Acaso no tenía razón Hobbes al decir que ‘los tratados sin la espada no son sino palabras’? Ni es probable que aparezca un substituto [a la guerra] mientras la independencia nacional, entendida como la ausencia de dominación extranjera, no se desvincule de la soberanía del Estado, es decir, de la pretensión de una autonomía absoluta en los asuntos exteriores.” [21]

Qué puede justificar la guerra o hacer a una guerra justa en el presente, si de manera tan clara y explicita esta prohibida?

El debate sobre Guerra Justa en el presente

Para el debate sobre la guerra justa en el presente, quiero presentar las ideas de Carl Schimtt, Michael Walzer y Barack Obama con el objeto de estimular la reflexión.

Michael Walzer ha hecho una importante contribución para responder la inquietud expuesta más arriba: qué justifica la guerra en el presente si esta prohibida?

Para Walzer la teoría de guerra justa es una guía necesaria en el proceso de toma de decisiones sobre intervenciones humanitarias. Señala que la principal amenaza para la seguridad y el bienestar de los hombres proviene de sus propios Estados y por eso considera que cualquier Estado tiene el derecho de intervenir en otro de manera unilateral cuando se producen “crímenes terribles que conmueven la moral y la conciencia de la humanidad”. Según el, han habido mas intervenciones unilaterales justificadas que injustificadas.

Admite sin embargo, que como no existe nada “puro” en política, estas intervenciones no se producen con ausencia de motivos ulteriores, más allá de lo que parece justificable desde el punto de vista moral para la humanidad. Los agentes que realizan la intervención, probablemente proclaman principios y valores “superiores”, pueden hablar de una “causa justa” o de una “intención correcta”, pero por lo general, especialmente si se trata de grandes potencias, el racional es entendido como expansión imperialista, o la satisfacción de los intereses de grupos económicos poderosos. Por eso, aclara:

“como las intervenciones involucran la violación a la soberanía, es importante que agentes no estatales, es decir organizaciones supranacionales tengan la autoridad para realizar intervenciones legítimas.  El uso de la fuerza por organizaciones como las NNUU puede parecer tener mayor legitimidad en un tiempo y lugar específico, que si procediera de un solo Estado, pero tampoco resuelve el problema de justicia. La decisión de intervenir, sea local o global, individual o colectiva, siempre es una decisión política, sus motivos son mixtos. Ahora bien, la intervención de las NNUU comporta un consenso mucho mas amplio y en consecuencia menos impuro, que la decisión de un solo Estado”.

Por otro lado, en un plano más general, Walzer dice que “la guerra es una creación social, sus agentes son humanos al igual que sus víctimas, y por ello, su definición, características y límites dependerán de lo que la gente decida, desde el punto de vista antropológico, histórico y cultural. En la guerra no hay moral ni ley. En la guerra, la naturaleza humana se desata, prevalecen los instintos de preservación, de interés personal, de necesidad, es una violencia que escapa a juicios morales: “lo que llamamos inhumano es humano bajo presión. La guerra arranca adornos de civilización y nos revela desnudos”. [22]

En conclusión, según Walzer, los fines de la guerra, si son legítimos (causa justa y auto-defensa), si es correcto aspirar a ellos, definen los limites de la guerra justa. Otras consideraciones morales sobre la guerra son inútiles. El análisis de Walzer se presenta moderado sobre todo por el velo de “humanidad” y la justicia en los fines detrás del argumento de las intervenciones militares.

Pero Walzer defiende las intervenciones humanitarias, en un plano académico. Veamos una defensa similar, pero en un plano más realista. Cuando el ex Presidente George Bush declara la guerra contra el terrorismo, y decide intervenir en Afganistán en el 2001 y en Irak en el 2003, señala que son valores superiores como la defensa de la paz y la seguridad internacional las que inducen y obligan a los Estados Unidos a intervenir.

Así mismo, el Presidente Barack Obama, durante su discurso de recibimiento del premio Nobel de la Paz, el 10 de diciembre del 2009 señaló “habrá momentos en los que nuestras naciones -actuando por separado o en concierto- encontrarán el uso de la fuerza, no sólo necesario, sino moralmente justificado”.

El discurso sigue así:

“No nos engañemos, un movimiento no violento no hubiera podido frenar al Ejército de Hitler. Ninguna negociación puede convencer a los líderes de Al Qaeda para que entreguen sus armas”. “La fuerza a veces es necesaria… no es una llamada al cinismo, sino admitir la historia y las imperfecciones del hombre y los límites de la razón”. “Cualquier error que hayamos cometido, el hecho evidente es este: Estados Unidos de América ha ayudado a asegurar la seguridad global por más de seis décadas con la sangre de nuestros ciudadanos y la fortaleza de nuestras fuerzas armadas… Entonces sí, los instrumentos de la guerra tienen un rol a jugar en la preservación de la paz. Y aún, esta verdad debe coexistir con otra, que sin importar cuán justificada, la guerra promete tragedia humana. Pero la guerra en sí misma nunca es gloriosa y nunca debemos presumir de ella como tal.

Creo que todas las naciones -tanto fuertes como débiles- deben adherirse a los estándares que gobiernan el uso de la fuerza. …Más aún, Estados Unidos no puede insistir en que otros sigan las reglas del camino si nosotros mismos nos negamos a seguirlas. Para cuando no lo hacemos, nuestra acción puede parecer arbitraria y minar la legitimidad de futuras intervenciones sin importar cuán justificada sean.

….Creo que la fuerza puede ser justificada por razones humanitarias, como ocurrió en los Balcanes o en otros lugares que han sido marcados por la guerra. La inacción destroza nuestra conciencia y puede llevar a una intervención posterior más costosa. Es por eso que todas las naciones responsables deben abrazar el rol de que ejércitos con un claro mandato pueden mantener la paz”.

Tanto las ideas expresadas por Walzer en sus libros, como las de Obama en sus discursos y decisiones, iluminan el debate contemporáneo sobre Guerra Justa. Notamos cómo se combinan varios aspectos que hemos desarrollado a lo largo del ensayo, para producir la teoría moderna de Guerra Justa.

Una característica esencial de la política, sobre todo en tiempos modernos, se hace evidente en la nueva teoría: la mentira. Las guerras de hoy no se inician, ni se desarrollan ni se acaban con la sincera presentación de los intereses que las motivan, o en la visión de algunos, la justifican. Nos auto-engañamos. Bajo la tranquilidad y bienestar que producen valores intangibles como la libertad, la paz y la seguridad, se llevan a cabo guerras sangrientas. Veamos lo que sostiene Carlos Escude a propósito de las ideas de Huntington sobre el choque de civilizaciones y las guerras del presente:

“Una cultura que reconoce un conjunto universal de derechos humanos es superior a una que los niega, aunque frecuentemente se desvíe de su cumplimiento. Una cultura capaz de penetrar en la naturaleza elevando la esperanza de vida, es superior a una que no cultiva esa ciencia. Finalmente, librar guerras para defender una cultura superior es un imperativo categórico”.  [23]

De nuevo la idea de superioridad cultural que prevaleció en la antigüedad, aparece en tiempos modernos, pero ahora disfrazada. Uno de los pensadores modernos que desnuda la verdad de la manera más cruda posible, es el realista fundamentalista, Carl Schmitt, quien sostiene que la política exterior es un “estado de naturaleza”, y la guerra forma parte de ella. Para Schmitt, como para Clausewitz doscientos años antes –que casual que ambos sean alemanes- con declarar la abolición de la guerra, no desaparecerán las diferencias, los conflictos entre comunidades políticas. Schmitt ilustra estas diferencias dentro de la dicotomía y distinción amigo-enemigo.

Citando a Schmitt:

“Lo político no desaparecerá de este mundo debido a que un pueblo ya no tiene la fortaleza o la voluntad de mantenerse dentro del ámbito político. Lo que desaparecerá será tan sólo un pueblo débil… tanto el belicismo como el pacifismo absolutos niegan la existencia de un enemigo verdadero, y por tanto de un enemigo humano.”

“Conviene no engañarse: bajo la bendición de la comunidad o la legalidad internacional, la guerra será en el siglo XXI tan real como en el XIX. Pero adquirirá nuevas características… Hoy la guerra no sólo no ha desaparecido, sino que se ha vuelto total en nombre de la paz, la justicia y la civilización. Conocemos incluso la ley secreta de ese vocabulario, y sabemos que hoy en día la guerra más aterradora sólo se realiza en nombre de la paz, la opresión más terrible sólo en nombre de la libertad, y la inhumanidad más atroz sólo en nombre de la humanidad”.

Las guerras de hoy no hacen más que dar la razón a Schmitt: en nombre de la libertad o de la comunidad internacional, se señala a un enemigo que esta situado fuera de la misma humanidad. Es inhumano, inmoral, criminal. Ante él no hay estrategia no permitida ni castigo no justificado. Esta es la guerra justa del presente, que a veces, adopta el nombre de guerra contra el terrorismo.

Entonces, al final… la teoría de guerra justa es lo opuesto a la práctica de guerra justa, porque la teoría es siempre un argumento, nunca una invasión.
“Es cierto que, al menos en historia, los valores, de la nación o de la humanidad, no sobreviven sin que se haya combatido por ellos, pero el combate (y la fuerza) no son suficientes para justificarlos. También se necesita que el combate mismo esté justificado, y guiado, por esos valores. Las palabras adquieren su sentido vivo cuando se combate por su verdad y se vela por no matarla con las armas mismas con las que se la defiende.”

Crónicas argelinas de Albert Camus

Fuentes

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BOBBIO, Norberto: Teoría General de la Política. (2005). Editorial Trotta.

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ESCUDE, Carlos: La Guerra justa y el fin de la historieta (un manifiesto neomoderno). Serie de documentos de trabajo No. 295, Julio 2005. En www.cema.edu.ar/publicaciones

GROTIUS, Hugo: On the Law of War and Peace. Batoche Books, Kitchener 2001. Canada

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RIGSTAD, Mark, Jus Ad Bellum After 9/11:  A State of the Art Report, The IPT Beacon: Issue 3, (June 2007), Oakland University: http://international-political-theory.net/3/rigstad.pdf

RODRIGUEZ ITURBE, José: Historia de las Ideas y del Pensamiento Político I. (2007). Grupo Editorial Ibañez. Bogota.

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SAENZ, MARIO: Filosofía del Derecho. (1927) Pedro Aquino & Cia Editores. Buenos Aires, Argentina

WALZER, Michael: Guerras Justas e Injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos.  (2001), España

ZINN, Howard: Sobre la Guerra (2007). Debate. Venezuela.

[2] Vale la pena señalar aquí una expresión de Kant: “el derecho es el conjunto de condiciones en virtud de las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, conforme a una ley universal de libertad”. Citado por Saenz, op cit, Pág. 54

[3] La Biblia: (1972) España. Ediciones Paulinas. Lucas 6, 27

[4] La Biblia: (1972) España. Ediciones Paulinas. Mateo 5, 38.

[5] RODRIGUEZ ITURBE, Jose: Historia de las Ideas y del Pensamiento Politico I. Pág. 246

[6] RUNCIMAN, Steven: A History of the Crusades I: The first Crusade and the foundation of the Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press, 1951. Págs. xiv y 377.

[7] AQUINO, Tomas, Summa Theologica 2-2, 64, 7.

[8] Catecismo de la Iglesia Católica, Segunda Sección, Los Diez Mandamientos, Capítulo Segundo, Artículo 5,   http://www.vatican.va/archive/ESL0022/_INDEX.HTM

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] (L’Osservatore Romano, Jan. 21, 1991).

[12] ZINN, Howard: Sobre la Guerra (2007). Debate. Venezuela. Pág. 273

[13] GINES DE SEPULVEDA, Juan: de las Justas causas de la Guerra contra los indios.

[14] “La democracia degenera en demagogia si se parte del supuesto según el cual lo justo en una democracia es lo que la mayoría decide como tal”. En  HAYEK, Friederich: Los Fundamentos de la Libertad. Unión Editorial. 2006. Madrid. Pág. 147

[15] ROUSSEAU, Jean Jacques: El Contrato Social. Espasa-Calpe, S.A., 1981, Madrid.

[16] SAENZ, MARIO: Filosofía del Derecho. (1927) Pedro Aquino & Cia Editores. Buenos Aires, Argentina. Pág. 78

[17] BOBBIO, Pág. 601-604

[18] CLAUSEWITZ, Karl: “De la Guerra”, (2003), Distal SRL, Buenos Aires.

[19] ARENDT, Hannah:  Sobre la Revolución (2006), Alianza Editorial, Madrid, Pág. 14

[20] BOBBIO, p. 603

[21] ARENDT, Hannah: Sobre la Violencia, Ciencia Politica, Alianza Editorial (2006). Madrid.

[22] WALZER, Michael: Just and Unjust wars, (1977), New York, Pág. 4

[23] ESCUDE, Carlos: La Guerra justa y el fin de la historieta (un manifiesto neomoderno). Serie de documentos de trabajo No. 295, Julio 2005. En www.cema.edu.ar/publicaciones

Introducción

El concepto de “democracia” ha sido tratado en nuestro seminario “La Democracia y sus Epítetos” con el objetivo de iluminar un poco el infinito debate acerca de su significado, sus nociones operativas, sus características particulares según ciertos contextos, y los diversos esquemas universales y regionales, con mayor o menor exactitud, para “medir” la democracia.  Del simple análisis etimológico del nombre, se podría inferir que la democracia es “poder del pueblo”, es decir, un sistema político en el que el pueblo, tiene el poder.  Sin embargo la interpretación del término se complica al tratar de entender y dilucidar el significado de “pueblo”, y la manera en que a éste se le atribuye y ejerce el poder .

Por otra parte, el término “democracia” no sólo es complejo desde el punto de vista etimológico, sino que su interpretación exige contextualización y ubicación espacial y temporal.  Decimos que exige contextualización porque hay muchos sistemas políticos que se definen como “democráticos” pero cuyas características varían o difieren en gran medida de otros sistemas también llamados así, y todo depende de su contexto.  Pareciera un concepto con particularidades, o como bien se tituló nuestro seminario, con innumerables epítetos que le brindan al concepto unos atributos diversos.  Así mismo, el término exige comprensión temporal puesto que, por ejemplo, de la democracia ateniense a la de nuestros días, muchos aspectos incluso estructurales, han mutado. Y comprensión espacial, porque puede tratarse de un territorio limitado, de pocas o grandes dimensiones, o puede ser global.

Además, hay que tener en cuenta la perspectiva desde la cual se mira y comprende a la democracia porque no siempre ha tenido el valor que pareciera tener hoy en día, en el que tanto se la evoca y se la desea. David Held señala: “la democracia parece legitimar la vida política moderna… pero no siempre ha sido así. El compromiso con la democracia es un fenómeno muy reciente.” [1]

Partiendo de la idea anterior, es posible señalar que lo que hoy parece utópico, como por ejemplo una democracia global, en el futuro podría ser una realidad prácticamente implementada.[2] Sabemos que al pensar en democracia, por lo general, lo hacemos bajo una perspectiva idealista y prescriptiva, es decir, en función de un ideal de sistema político, no una descripción de la realidad política. Por ello, cuando se acusa a la así denominada “democracia cosmopolita” de utópica, pareciera que no sólamente se hace referencia a algunos aspectos de dificil aplicación práctica, sino más bien, al hecho de que es idealista. ¿Pero acaso no es el mismo concepto de democracia, un ideal?

En este ensayo dedicamos atención específicamente a un modelo de democracia ambicioso, el de la democracia cosmopolita, que, según Inmanuel Kant “no es una forma fantástica ni utópica de concebir el derecho sino un complemento necesario del código no escrito del derecho nacional e internacional existente, y el medio para transformar este último en un derecho público de la humanidad.”[3]

De manera que, de acuerdo Kant, el gran pensador de la ilustración, una democracia cosmopolita no sólo es deseable, sino necesaria para complementar el derecho nacional e internacional, y para legitimar decisiones cuya repercusión e impacto son de carácter global. Y esta necesidad se debe a una realidad que se hace más evidente con la globalización: el Estado-nación no controla absolutamente su propio destino ni esta sujeto a fuerzas que sólo operan en su territorio. La política nacional se entrecruza con las fuerzas internacionales y regionales por el impacto de la globalización, haciendo que los problemas contemporáneos de la humanidad escapen al alcance y control exclusivo del Estado-nación.

Por eso se hace necesario construir un modelo global de democracia como mecanismo para resolver o minimizar, de manera legítima, los nuevos retos de seguridad no tradicional. Varios autores se han dedicado a estudiar y establecer gradualmente este nuevo modelo, acusando las debilidades de la globalización y respaldando la necesidad de un nuevo modelo de gobernabilidad global. Entre otros, destacan Inmanuel Kant, David Held, Daniele Archibugi, Ulrich Beck,  Jurgen Habermas, Zygmunt Bauman, Diana Chigas, Robert Castel, etc. Aquí revisaremos particularmente las visiones de David Held y Ulrich Beck.

La Democracia Cosmopolita, la globalización y el conflicto

Los conflictos tradicionales en el sistema internacional, es decir, entre los Estados nacionales, existen desde que éstos existen.  Parece que la condición de “inevitabilidad” de estos conflictos, postulada por todos los teóricos políticos de la línea realista, se pone de manifiesto tanto de manera permanente como cíclica, local como global, y sin duda, cada vez más letal.

Sin embargo, en obras de autores que estudian y analizan la transformación del sistema internacional para tratar de identificar las principales razones que estimulan el conflicto, podemos encontrar con frecuencia el señalamiento de que los nuevos conflictos y los principales retos, reposan tanto en la violencia a lo interno del Estado, como en las amenazas globales que no distinguen fronteras. Y la principal causa de estos problemas, citada por la mayoría de los analistas, es la crisis y debilidad del Estado nacional.

Los retos de seguridad no tradicionales, es decir, aquéllos no vinculados directamente con la guerra inter-estatal, sino con amenazas contra la persona humana, tales como el cambio climático, las enfermedades contagiosas, el terrorismo, las migraciones, etc… exigen reformular las fronteras territoriales de los sistemas de responsabilidad jurídica para que sean sometidos a control democrático. Esto significa además, repensar el papel y lugar de las agencias regulatorias y funcionales regionales y globales para convertirlas en focos más coherentes y sensibles en los asuntos públicos y reformar la articulación de las instituciones políticas con los grupos, agencias, asociaciones y organizaciones de economía y de la sociedad civil, nacional e internacional para que se integren al proceso democrático. [4]

Al respecto, el filósofo alemán Jürgen Habermas estudia la intensificación de las divergencias multiculturales en las sociedades pluralistas, y los efectos que generan tanto en los ciudadanos como en el Estado nacional los compromisos de integración de Estados Nacionales o de incorporación a entidades supranacionales. Para ello, en varias de sus obras como en  “La Inclusión del Otro” y “Más Alla del Estado Nacional”, Habermas diserta sobre los planteamientos problemáticos que surgen del concepto de nación como comunidad de cultura, e insiste que los problemas que se derivan de la globalización no pueden solucionarse dentro del marco del Estado nacional. Así mismo, Ulrich Beck, señala que es fundamental ir más allá de la concepción clásica de la soberanía de los Estados para entender la nueva dinámica del sistema internacional y estar preparados para atender problemas relacionados con la existencia de redes trasnacionales gubernamentales y no gubernamentales, la jurisdicción extraterritorial, la permeabilidad de las fronteras estatales y los retos o “riesgos globales”. [5]

La globalización fue considerada inicialmente como un fenómeno positivo  por la potencialidad que tenía para crear una sociedad mundial más integrada, con mayor interrelación humana, cultural, comercial, etc; sin embargo recientemente muchos estudiosos del tema parecen señalar cada vez más sus efectos negativos, tales como el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, la exclusión de minorías, vulnerabilidad ante crisis económicas y financieras locales, así como mayor violencia y radicalismo político. [6] Esta dinámica y su consencuente descontento ha impulsado la creación de un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales (ONG´s), organizaciones gubernamentales, grupos organizados de la sociedad civil, grupos separatistas, y grupos terroristas, que se rebelan contra el orden establecido y en contra de las decisiones no legítimas tomadas en el alto nivel de las relaciones globales. Los procesos de interconexion económica, política, legal militar y cultural estan transformando desde arriba la naturaleza, alcance y capacidad del Estado moderno, desafiando o directamente reduciendo sus facultades regulatorias en ciertas esferas. Esta interconexión regional y global altera la naturaleza y la dinámica de los sistemas políticos nacionales y cuestiona desde abajo el Estado-nación como sistema de poder representativo responsable.  [7]

Lo anterior evidencia  la carencia de responsabilidad democrática global, pues muchas de las decisiones que se adoptan dentro de las organizaciones internacionales, bajo preceptos de gobernabilidad global no se basan en decisiones e intereses de los afectados sino de las élites políticas, económicas y legales que debilitan el reconocimiento de las instituciones de gobernabilidad global.

Habermas propone la “inclusión del otro” como vía de acceso a la comunidad política, con independencia de la procedencia cultural de cada cual y la ampliación de las facultades de acción política a nivel supranacional. Es decir, emprender el camino hacia sociedades postnacionales. Para ello, y en esto coincide con Held y Beck, es indispensable partir de la premisa y necesidad de construir una conciencia global, de la misma forma como la conciencia nacional se constituyó en su oportunidad en la base del Estado Nacional, dándole legitimidad a la dominación política. Esta conciencia se construye muy lentamente, pero es la que puede brindar nuevos niveles de cohesión social. Una conciencia de este tipo, pero de carácter global, es la que se requeriría para la construcción de una sociedad cosmopolita, como la que describen Ulrich Beck y David Held en sus obras “La Sociedad del Riesgo Global” y “La Democracia y el Orden Global” respectivamente.

La democracia cosmopolita se construiría a través de una comunidad política compuesta por una “nación de ciudadanos”, cuyos destinatarios del derecho pueden entenderse a la vez como autores de el. La construcción de una conciencia nacional que brinda la sensación de copertenencia a un pueblo o a una misma comunidad política, hace que los ciudadanos se sientan responsables unos de otros y unos ante otros. [8]

La importancia de esta conciencia global, radica en la necesidad de hacer frente a los nuevos retos y formas de conflicto no tradicional, a contradicciones y paradojas desconcertantes cuya “controlabilidad limitada” crea una sociedad de riesgo global. Ulrich Beck describe a esta sociedad del riesgo global como una en la que los riesgos y amenazas a la seguridad  no se limitan a un espacio demarcado o territorio definido bajo el concepto de soberanía nacional, y adicionalmente, son riesgos que nadie, individualmente puede controlar. Esta sociedad del riesgo global exige algún mecanismo que afirme y garantice la coexistencia pacífica y la preparación ciudadana hacia el esfuerzo en conjunto para el logro de metas que le son comunes a todos.

Ahora bien, nos econtramos así ante un círculo que puede ser virtuoso o vicioso, según la perspectiva. La coexistencia pacífica es uno de los requisitos mas fundamentales de la democracia, pues sin ella los elementos deliberativos, representativos y agregativos de la democracia no pueden funcionar satisfactoriamente; y simultáneamente, la democracia, a través de la toma de decisiones legítima, puede coadyuvar a garantizar la coexistencia pacífica y la toma de decisiones por vía legítima. Por eso la democracia, como modelo, debe proveer la resolución no violenta del desacuerdo así como un marco para que todos los ciudadanos disfruten del mismo derecho a la autodeterminación, por vía de representación legítima de los intereses de todos o la participación indirecta de todos los afectados.

De manera que si consideramos la coexistencia pacífica como una condición de la democracia, y ésta sólo llega a materializarse de forma adecuada cuando es garantizada en distintos ámbitos legales, del nacional al internacional; entonces podríamos decir que es vital el derecho internacional y el derecho cosmopolita para lograr una política internacional responsable y sujeta a procedimientos abiertos.  Efectivamente, según Held, un derecho que contribuyera a asegurar la responsabilidad (accountability) de los líderes políticos por delitos de Estado, civiles o criminales, mejoraría las perspectivas de la paz. Es más, si estos derechos estuvieran vinculados con una restricción efectiva sobre el uso de la violencia en el derecho internacional, las perspectivas de la paz serían ciertamente sólidas. [9] Y adicionalmente, con una política internacional responsable se reinventaría el diálogo transnacional de la política y la democracia para limitar y controlar el riesgo global. [10]

Tanto Beck como Held están convencidos de la superación de Estado Nacional y abogan por la integración política de carácter supranacional, como la emprendida en Europa. No muchos estan de acuerdo con esa atrevida posición, a lo que estos autores responden, con firmeza y apoyados en la teoría liberal, que  el Estado ya no es un fin en sí mismo, sino solamente un medio que tiene como fin la tutela de la persona humana y de sus derechos fundamentales de libertad y seguridad colectiva.[11]

La democracia cosmopolita

La Democracia Cosmopolita se apoya en la necesidad de construir un modelo que pueda hacer frente a los retos de seguridad global a través de un Estado globalizado, consciente del rol e impacto que sus decisiones tienen sobre la Humanidad. La propuesta de Held se fundamenta en la re-conceptualizacion y relegitimación de la democracia representativa mediante formas de participación ciudadana más amplias.[12] La democracia cosmopolita es un sistema político que aspira implementarse a escala global, y que es intrínsecamente mucho más legítimo que una democracia  nacional o regional, porque los individuos participan e influyen en las decisiones políticas de carácter global. Según Beck y Held, el reto de la democracia cosmopolita consiste en aplicar algunos valores y normas de la democracia, incluyendo el imperio de la ley, la resolución no violenta de los conflictos y la igualdad entre los ciudadanos, más allá de las fronteras del Estado-nación. Este proyecto requiere la transformación de las organizaciones internacionales así como la creación de otras nuevas, con el objeto de aumentar el grado de control ciudadano sobre la política internacional.

Para Beck y Held, la democracia tradicionalmente ha estado asociada a la idea de Estado-nación, pero la intensificación de las relaciones y fuerzas regionales y globales ponen en entredicho la preponderancia de esta figura en el futuro. No señalan en ningún momento la inminente desaparición del Estado-nación, pero sí la necesidad de visualizar herramientas de soporte para hacer frente a los retos globales.  La democracia cosmopolita es un proyecto que aspira a complementar  la democracia en los niveles regional y global y hacer de ella un sistema legítimo.

En su obra “la democracia y el orden global”, Held concluye que en las condiciones de vida moderna, la forma ideal de gobierno es un sistema democrático representativo en el cual el pueblo ejerce por medio de delegados el poder de control último, y estos delegados, limitados por la división de poderes y un sistema de autoridad circunscrito, son periódicamente elegidos por todos los ciudadanos. Según David Held, los actuales arreglos institucionales asociados a los sistemas democráticos generan desconfianza y escepticismo, porque estan implicados profundamente en la creación y reproducción de desigualdades sistemáticas de poder, riqueza, renta y oportunidades. Esta desigualdad no puede ser legítima para grupos distintos de los que directamente privilegia. Y esta realidad explica que se hayan formado poderosos movimientos sociales y organizaciones de todo tipo que han hecho y continúan haciendo presión en pro de mayores esferas de autonomía para la vida social y política con el fin de construir un orden político que tenga como prioridad la transformación de las desigualdades. [13]

El punto de partida para concebir y construir un discurso sólido sobre democracia que a la vez cuente con legitimidad, reposa, en opinión de Held, en el principio de autonomía. La idea de democracia deriva su poder e importancia en la idea de la autodeterminación, es decir, la noción de que todos los miembros de una comunidad política, los ciudadanos, deben poder elegir libremente las condiciones de su propia asociación, y que sus elecciones deben constituir la legitimación básica de la forma y la dirección de la colectividad política.[14] La autonomía connota la capacidad de los seres humanos de razonar conscientemente, de ser reflexivos y autodeterminantes. Implica la habilidad para deliberar, juzgar, escoger y actuar entre distintos cursos de acción posibles en la vida privada al igual que en la publica. [15] La autonomía, en pocas palabras, consiste en la autodeterminación y en el gobierno limitado y su origen se encuentra en la tradición democrática liberal. Es interesante entrecruzar la idea de autonomía que presenta Held, con la teoría que desarrolla Beck sobre “controlabilidad limitada”, porque básicamente sugieren lo mismo de maneras diferentes.

Según Held, la autonomía se estructura a través del poder como un compromiso que se contradice con la idea del azar en los dados sociales, y que debe contar con varios elementos. Entre ellos: las personas deben disfrutar de los mismos derechos y obligaciones en el marco político; deben contar con el derecho a llevar a cabo una acción sin riesgo de interferencia injusta o arbitraria; deben ser capaces de participar en un proceso de debate y deliberación, sobre una base de igualdad y libertad, en relación con los asuntos de interés público; y debe posibilitar a los ciudadanos la persecución de sus propios intereses y defender el imperio de la ley con el fin de proteger y nutrir la libertad individual. Como el proceso democrático debe ser compatible con los procedimientos y mecanismos de un gobierno mayoritario, el régimen constitucional es una condición fundamental no sólo para la protección de las minorías, sino para la existencia de la democracia.

En opinión de Beck, esa autonomía de la que habla Held sólo puede lograrse a través de la cohesión social, a través de la acción colectiva y la organización política de una sociedad global. Es decir, se debe reconocer la individualización, y al mismo tiempo la diversidad, y entender, o más bien asimilar, que el relativo “control” que podemos tener sobre los riesgos y amenazas globales sólo es posible como sociedad internacional, no como Estados individuales.  Y al respecto señala: “cuando esto se combina con el lenguaje de la globalización ética, estoy convencido que una democracia cosmopolita es un proyecto realista, si bien utópico.” [16]

La antítesis de la autonomía, es lo que Held define como “nautonomía”: “Es el estudio de las fuentes de aquellas desigualdades en las perspectivas de vida que socavan la libertad y minan o impiden la distribución equitativa de oportunidades  de participación política (la desigualdad socava la consolidación de la autonomía democrática)”.[17] La nautonomía se refiere a la producción y la distribución asimétricas de perspectivas de vida que limitan y erosionan las posibilidades de participación política. Es decir, las oportunidades con que cuenta una persona para participar de los bienes económicos, culturales y políticos socialmente generados, las recompensas y posibilidades características de su comunidad.  Y de esta misma forma, las que Held llama estructuras nautonómicas son aquéllas en las que se intenta controlar, si no de monopolizar, cualquier tipo de recursos conforme a un criterio social particular como la clase, la raza, la etnia o el género. Son formas de clausura social o exclusión.

Ahora bien, las diferentes tradiciones políticas difieren acerca de cómo garantizar la autonomía, y de cómo interpretarla. Específicamente para Held, se protege el principio de autonomía cuando existe un sistema colectivo de toma de decisiones que permite la participación extensa y efectiva de los ciudadanos en cuestiones públicas, y tienen oportunidades suficientes e iguales para descubrir y afirmar lo que prefieren, e incluso decidir qué asuntos hay que abordar. [18]

Adicionalmente, Held sostiene que el principio de autonomía requiere un proceso de doble democratización: la transformación interdependiente del Estado y de la sociedad civil. Es necesario una constitución y declaración de derechos que incorporen el principio de autonomía especificando la igualdad de derechos respecto a los procesos que determinan las políticas del Estado. Esto implicaría no sólo el derecho al voto, sino también los mismos derechos para disfrutar de las condiciones para una participación efectiva, una comprensión bien informada y el establecimiento de la agenda política. No obstante, Held aclara que el ideal de autonomía no es un ideal de igualdad en todas las esferas políticas, sociales y económicas, puesto que la desigualdad es significativa para su análisis sólo en la medida que afecta las posibilidades de participación política. El derecho a una justicia igual para todos supondría no solo la responsabilidad del Estado de garantizar una igualdad formal ante la ley, sino también de que los ciudadanos tengan la capacidad real para beneficiarse de las oportunidades que se les presenten. ¿Cómo puede construirse en la práctica y de manera cierta, un sistema de oportunidades iguales para todos?

Para consolidar el principio de autonomía se requiere una concepción de las esferas de poder más amplia que las que sugieren la tradición liberal y la marxista. Held propone siete esferas de poder para el análisis de la autonomía. La esfera de la salud física y emocional, sobre todo en mujeres; la organización y dominio de bienes y servicios que facilitan la transición del ciudadano desde la posición de persona privada a la de miembro pleno de la comunidad (acceso a la educación); la esfera de la cultura (identidad e interés público) que comprende órdenes simbólicos, normas, criterios y tipos de discurso; la esfera de las asociaciones cívicas; la de la organización de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios; la de la organización de la violencia y de las relaciones coercitivas que afecta directamente las perspectivas de vida y muerte; y la esfera de las instituciones regulatorias y legales. [19]

A menos que las personas sean libres en estas siete esferas, no podrán participar plenamente en el gobierno del Estado y los asuntos civiles. Es por lo tanto una condición clave de la democracia, una estructura constitucional que articule y materialice los derechos a través de las siete esferas para promover la mayor libertad humana posible. Deben formularse en términos los suficientemente abstractos y generales como para que su implementación pueda reflejar las diversas circunstancias culturales y materiales de las distintas comunidades políticas.

Ahora bien, Held introduce en su obra un principio de autonomía mucho más ambicioso que el descrito hasta ahora, que es el de la “autonomía global”, como pilar de la democracia cosmopolita. La meta de esta autonomía global es la reducción de la pobreza global y para ello propone como uno de tantos medios, la restructuración de deudas y pagos de intereses de los países en desarrollo y el suministro de ayuda adicional. Si bien es una posibilidad remota en muchos lugares, una estructura común de acción política crea una agenda urgente para la distribución de diferentes formas de recursos, físicos, culturales, educacionales o materiales (un rechstaat democrático). [20]

La nueva forma de distribución de los recursos requiere la reformulación del mercado para afianzar la democracia, es decir, la economía debe rearticularse para formar parte del proceso democrático. Para ello, las corporaciones deberán entablar de iure y de facto, un compromiso con los requisitos de la autonomía democrática; y se debe producir un cambio en la estructura de la propiedad productiva y financiera, puesto que si la igualdad política es un derecho moral, también lo es una mayor igualdad en cuanto a las condiciones de los recursos. Una de las premisas sobre la que apoya Held la teoría de democracia cosmopolita, consiste en el reconocimiento de la necesidad de reducir al mínimo la desigualdad en la propiedad y el control de los medios de producción para posibilitar una agenda política accesible y sin sesgos. Según él, sin una clara restricción de la propiedad privada no podria cumplirse una condición necesaria de la democracia.

La autonomía democrática precisa aliviar las condiciones de los menos favorecidos y restringir el ámbito y circunstancias de los más poderosos, porque la desigualdad mina o limita artificialmente la toma de decisiones democráticas.  Las políticas de Estado deben ser desiguales para los distintos grupos de personas. Es decir, la reducción de los privilegios de los privilegiados si estos restringen las posibilidades de participación de otros y niegan su participación para el compromiso democrático. Pero esto no implica un ataque a las diferencias personales, sociales culturales y en ciertos aspectos, económicas ni la desaparición de la división del trabajo o el papel de la especialización. La razón del modelo de autonomía democrática es reforzar las elecciones y los beneficios que se derivan de vivir en una sociedad que no deja grandes categorías de ciudadanos en una postura permanente de subordinación. [21]

Held sin duda desarrolla ampliamente el concepto de autonomía y lo vincula con aspectos económicos y políticos, para dar forma a su visión de la democracia. Y Beck, por su parte, si bien no con la misma amplitud, apoya esas ideas cuando explicitamente señala que su tesis consiste en una renta mínima garantizada como un sine qua non de una república política de individuos que crearán un sentimiento de cohesión y co-sentimiento mediante el compromiso público.  Esa república de la habla, es un modelo que capacita a los invidividuos para discutir libremente los modos de vida que prefieren y practicarlos; con autonomía y con conciencia cosmopolita.

Beck argumenta que la sociedad del riesgo global requiere de un diálogo transnacional-nacional que se apoye en la conciencia cosmopolita y en insitituciones de la sociedad civil y opinión pública globales y cuyo objetivo sea una democracia global.  Según él, existe una nueva diálectica de cuestiones globales y locales que no tiene cabida en la política nacional,  que se debe llamar “glocal” [22] y que para debatirlos y resolverlos requieren de un marco transnacional, o cosmopolita.

El orden cosmopolita en el sistema internacional

Las personas pueden con el tiempo llegar a ser autónomas si reconocen su dependencia mutua y el interés en el principio de la autonomía que todos tienen por igual.  La consolidación del derecho público democrático requiere la consagración de las siete constelaciones de derechos y obligaciones en un Estado legal democrático. El demos debe gobernar pero dentro del marco de un orden legal que lo autoriza y constriñe a la vez. La autonomía democrática media entre la soberanía estatal y la soberanía popular [23].

Muchos de los derechos ciudadanos se fueron universalizando progresivamente a través del Estado-nación, pero como señalamos más arriba, hoy en dia hay muchas facultades que el Estado ya no puede garantizar. Se han cristalizado declaraciones de derechos (en tratados, documentos regionales y el derecho internacional) que directamente trascienden la competencia de los Estados-nación por separado, y que afectan a los ciudadanos del mundo por igual.  La aceleración de la globalización ha generado fuerzas a favor de los derechos ciudadanos dentro del marco del derecho internacional y fuera del marco del derecho nacional. Por eso es mejor pensar las comunidades políticas como una multiplicidad de redes de interaccion superpuestas. Y como decía Kant, “prevalecerá la justicia cuando el imperio de la ley este consolidado en todos los Estados y en las relaciones internacionales”.

Y para lograr esa meta, el derecho democrático cosmopolita se constituiría en la estructura legal internacional que sostendría y respaldaría el derecho público democrático y el establecimiento de una comunidad internacional de Estados y sociedades democráticos que podría anular la guerra de forma definitiva. Este derecho sería promulgado y defendido por todos los Estados y sociedades civiles democráticos que sean capaces de reunir el juicio político necesario y de aprender como deben cambiar y adaptarse las instituciones y prácticas políticas en las nuevas circunstancias regionales y globales; y eventualmente se incorporarían otros paises.  Este derecho exigiría la subordinacion de las soberanías regionales, nacionales y locales a un marco legal general, pero dentro de este marco, las asociaciones podrían autogobernarse en diferentes niveles. [24]

Construcción del modelo de democracia cosmopolita

La democracia cosmopolita que defiende Held, contaría con los atractivos básicos de la democracia, a saber, soberanía popular, sufragio universal, legitimidad de decisiones políticas, participación, representación y responsabilidad; así como una base para tolerar y negociar la diferencia. La forma en que se implementaría el derecho democrático cosmopolita es a través del establecimiento de una comunidad cosmopolita, que incluya a todas las comunidades democráticas.  [25]

Para muchos autores cosmopolitas, es necesario formular y establecer nuevas organizaciones internacionales, con un sistema mucho más legítimo y representativo de las que existen actualmente. Held sugiere, como primer paso, una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que sea mucho más efectiva para organizar y promover acciones e intereses de gobiernos y Estados; pero por otra parte señala que la ONU en su forma actual, no constituye un marco institucional válido para representar a las poblaciones y movimientos de todo el mundo, muchos de los cuales requieren ser protegidos de los embates de sus propios Estados y gobiernos. [26]

Según Held, para que el modelo de democracia cosmopolita pueda gradualmente construirse, es necesario consagrar el derecho internacional cosmopolita dentro de las constituciones de los parlamentos y asambleas a nivel nacional e internacional y que se extienda la influencia de las cortes internacionales. Este derecho, eventualmente podría promover la creación de un poder legislativo y un poder ejecutivo transnacionales, efectivos en el plano regional y global que celebrarian referendums generales para aquéllos temas a ser debatidos.

Ahora bien,  la implementación integral de la democracia cosmopolita requeriría la formación de una asamblea que reuniera a todos los Estados y agencias democráticas y estuviera dotada de poderes reales. Una asamblea independiente de los pueblos democráticos, directamente elegida y controlada por ellos.  Para los autores que critican acerbamente este modelo, este requerimiento es uno de los más complejos si no imposible de realizar, puesto que si dentro de los Estados-nacionales hay dificultad para contar con asambleas elegidas y controladas por los gobernados, y para que éstas actúen legítimamente en función del mandato de quienes representa, sin duda sería mucho más difìcil de lograr a una escala mayor. Sin embargo, Held considera que éste no es un obstáculo insalvable, y que eventualmente, en la medida que más países adopten prácticas democráticas y las maduren, serán candidatos para ir integrando y construyendo este tipo de asamblea global.

Explica Held, que es posible pensar que “los diferentes tipos de democracia forman un continuum que parte de lo local y termina en lo global, donde lo local esta caracterizado por procesos directos y participativos mientras que las areas mas amplias, con poblaciones mayores, son crecientemente mediadas por mecanismos representativos.” [27] Sin embargo, hasta que no se venza esta duda y esta resistencia, probablemente el modelo cosmopolita no sera más que un proyecto.

Conclusiones

Para Beck y Held, este proyecto no es ni utópico ni irrealizable, pues se apoya en el deseo y en la necesidad de quienes buscan promover mayores grados de equidad en todo el mundo, la resolución pacífica de las disputas y la desmilitarización, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el desarrollo sostenible a través de las generaciones, el reconocimiento mutuo de las culturas y las identidades politicas y religiosas, y la estabilidad de las instituciones públicas. Cada vez se suman más individuos, organizaciones y Estados a este deseo, a este proyecto para constuir una comunidad democrática cosmopolita que suprima los ataques tiránicos, la desigualdad jurídica y el conflicto.

El mismo Held señala, para vencer el escepticismo  y el disentimiento con respecto al valor de una idea como la de los derechos, que la comunidad democrática cosmopolita “no exige una integración política y cultural fundada en la homogeneidad de creencias, valores y normas. Explica que parte del atractivo de la democracia reside en su énfasis sobre la primacía de las preferencias políticas abrigadas por las personas y la resolución pública de sus diferencias. Cada identidad tiene que reconocer a la otra como una presencia legítima con la cual es preciso negociar y todas deben abandonar la pretension de tener la única verdad en el terreno de la justicia, la bondad, el universo y el espacio.” [28]

Mucho del rechazo al modelo reside en el rechazo a la hegemonía occidental que han sufrido algunos países bajo el influjo de imperios occidentales, y la posible asociación entre democracia cosmopolita y hegemonía occidental. Pero es un error desechar el vocabulario de la autodeterminación y la autonomía a causa de su asociación contingente con las configuraciones históricas del poder de Occidente.

El modelo de democracia cosmopolita es un proyecto sin duda muy ambicioso, pero se trata simplemente de un compromiso con una nueva forma de vida y de interrelación que todos los seres humanos quisieran honrar.

[2] Nos gusta la reflexión de Sartori sobre utopía: “…ya no es una ficción mental sin lugar ni tiempo, ya no es irrealizable. En cambio, las utopías son a menudo verdades prematuras”. Sartori, Giovanni, La democracia en 30 lecciones, Bogota: taurus, p. 29

[3] Kant, Inmmanuel, Critique of Pure Reason, Nueva York, St. Martin´s Press, 1970, p. 171, citado por  Held, David, La Democracia y el Orden Global. Del Estado Moderno al Gobierno Cosmopolita, Barcelona: Paidós, 1997, p. 274.

[4] Held, David, La Democracia y Orden Global, Barcelona: Paidos, 1997, p. 318

[5] Beck, Ulrich, La Sociedad del Riesgo Global, Madrid: Siglo XXI, 1999.

[6] Beck, Ulrich, ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Barcelona: Paidós, 1998.

[7] Ver Ulrich Beck, Qué es la Globalización; Zygmunt Bauman, La Globalización; Roland Robertson, La Glocalización;  James Gilligan, Violence; Michel Wieviorka, Violence y Richard Wilkinson, The Impact of Inequality.

[8] Habermas, Jürgen, Más allá del Estado Nacional, México: Fondo de Cultura Económica (Traducción Manuel Jiménez Redondo), 1998, p. 198

[9] Held, David, La Democracia y el Orden Global, Barcelona: Paidos, 1997, p. 227-240

[10] Beck, La Sociedad del Riesgo Global, p. 12

[11] Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La Ley del más débil, España: Trotta, 2006, p. 18

[12] Held, David, La Democracia y el Orden Global, p. 188

[13] Held, La Democracia y el Orden Global, p. 189

[14] Held, La Democracia y el Orden Global, p. 182

[15] Held, Modelos de Democracia, p. 335

[16] Beck, obcit., p. 14

[17] Held, La Democracia y el Orden Global, p. 228

[18] Held, Modelos de Democracia, p. 347

[19] Held, La Democracia y el Orden Global, p. 226-236

[20] Held, La Democracia y el Orden Global, p. 257

[21] Held, Modelos de Democracia, p. 368-371

[22] Para profundizar en el concepto de glocalización, ver Roland Robertson: Glocalization.

[23] Held, La Democracia y el Orden Global, p. 266

[24] Held, obcit., p. 277 y Beck, obcit. p. 19-28

[25] Held, p. 334

[26] Held, la Democracia y el Orden Global, p. 324

[27] Ibid, p. 331

[28] Ibid, p. 334

Referencias Bibliográficas

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En su discurso inaugural, Obama reconoció la necesidad de mayor cooperación multilateral y entendimiento entre naciones para enfrentar de manera más eficiente las amenazas actuales. “El mundo ha cambiado, y nosotros debemos cambiar también”: estas palabras reflejan su disposición a dar fin con el inicuo unilateralismo desplegado durante la administración del Presidente George W. Bush, y a extender su capacidad para percibir la enmarañada dinámica de las relaciones internacionales. EEUU no puede darse el lujo de continuar indiferente ante lo que ocurre más allá de sus fronteras; el mundo esta interconectado de modo tal, que lo que el Dr. Zygmunt Bauman acertadamente define como glocalización, se convierte en una noción indispensable en el proceso de definición de la política exterior estadounidense. Barack Obama parece conocerlo bien, los fenómenos sociales, económicos y políticos no son exclusivamente locales o globales, son “glocales”. Su muy publicitada herencia familiar y sus variadas experiencias de vida le otorgan una capacidad singular para entender este concepto.

A lo largo de su campaña y en sus debates con el senador Jhon Mccain, Obama presentó abrebocas sobre su posición en temas tan sensibles como las guerras en Afganistán e Irak, y el tratamiento que él y su equipo darían al flagelo del terrorismo. Sin laberintos, Obama ha dicho que como presidente de los EEUU ordenaría el retiro gradual y ordenado de las tropas que actualmente ocupan  Irak y que dejará el poder en manos del pueblo iraquí; forjará la paz en Afganistán y se ocupará de manera responsable de las legítimas aspiraciones del pueblo palestino. También se comprometió a cerrar la prisión en la Base Naval en la Bahía de Guantánamo en Cuba y la revisión del status de las personas detenidas en esa prisión así como su traslado a otro lugar.  Tales proposiciones, que esperamos se cumplan, reflejan el interés  del nuevo presidente por tratar las “diferencias” con un nuevo enfoque.  El “hard power” debe ir precedido o reemplazado (al menos hasta probar no ser efectivo) por el “soft power”, es decir, la disposición a negociar y dialogar sobre la base del respeto y el reconocimiento del “otro”.   Su particular enfoque sobre el terrorismo y la manera de combatirlo ha obtenido  la  aprobación de varios ex Secretarios de Estado entre los que destacan Collin Powell, Madeleine Albright, James Baker, Warren Christophe  y Henry Kissinger, quienes públicamente le ofrecieron su apoyo.

Sin embargo, la disposición del presidente Obama a utilizar la diplomacia y la cooperación internacional para tratar esas amenazas no suprime el realismo político que caracteriza la acción política y militar de EEUU, por el contrario, tal como lo destacara el ex Presidente Bill Clinton en la Convención Demócrata  que tuvo lugar en la ciudad de Denver, en agosto del 2008, “Obama  va a utilizar la diplomacia antes que la fuerza militar… pero cuando no pueda convertir a los adversarios en aliados, los va a enfrentar”. Obama señaló al respecto que EEUU tiene un espíritu más fuerte que aquéllos que buscan alcanzar sus objetivos a través del terrorismo y la violencia, y que sin lugar a dudas, EEUU les derrotará y les sobrevivirá.

La iniciativa de cambiar el tono y la forma en que Estados Unidos se relaciona con el mundo musulmán es sin duda una señal positiva y un cambio de paradigma. Para ello, es imperativo descartar la frase “Guerra contra el Terrorismo” (que ha sido interpretada como una guerra contra el Islam) y transformar la actual estrategia exclusivamente militar por una que privilegie la sincera comprensión de las profundas raíces políticas, económicas, sociales y culturales del terrorismo. Ciertamente el General David Petraeus, Comandante de la Fuerza Multinacional en Irak, ha logrado minimizar el impacto de la insurgencia en Irak, pero esto no significa que la Organización Al Qaeda haya sido destruida y mucho menos que la amenaza de nuevos atentados haya desaparecido. Transmitir al mundo musulmán que los estadounidenses no son sus enemigos, es una de las tareas que tiene el presidente Obama.

Y en un acto que denota cuan importante es esta tarea para el nuevo presidente, el 26 de enero brindó una entrevista al canal Al-Arabiya, percibido como una voz moderada en el Medio Oriente y rival del sensacionalista canal Al-Jazeera, en la que comunicó al mundo musulmán su deseo de iniciar una nueva era de relaciones basadas en un lenguaje de respeto y reconocimiento. En la misma, sobresalió su posición conciliatoria así como referencias a sus propias conexiones familiares y de vida con el Islam. Otras decisiones muy bien recibidas por la comunidad de expertos en esta materia, fueron los nombramientos del ex senador y excelente negociador George Mitchell y el diplomático Richard Holbrooke, excelentes negociadores quienes han sido celebrados por sus habilidades en el proceso de pacificación de Irlanda del Norte y de la guerra en Bosnia, respectivamente. Ambos serán Representantes Especiales del Presidente Obama y de la Secretario de Estado Hillary Rodham Clinton, Holbrooke a cargo del conflicto entre israelíes y palestinos y Mitchell  en Afganistán y Pakistán.

Para que el equipo del presidente Obama tenga éxito y  la errada “Guerra contra el Terrorismo” culmine, se deben  materializar los prometidos cambios en las prioridades estratégicas: fin de la ocupación  estadounidense en Irak y reforzamiento de las tropas que se encuentran en Afganistán. Por otro lado, es fundamental que la nueva estrategia cuente con el apoyo  de los países de la región y priorice la transformación de la sociedad y la construcción de la democracia, así como la  reducción de “daños colaterales” que se traducen en la muerte de civiles inocentes y el estímulo a una espiral de resentimiento y potenciales nuevos reclutas para la causa de los talibanes y de Al- Qaeda.

Adicionalmente, para transmitir el mensaje correcto al mundo musulmán, es importante dedicar tiempo y recursos para una resolución justa del conflicto árabe-israelí, negociar de manera dura con Irán para deshacer sus pretensiones nucleares de manera pacífica pero brindándole la oportunidad de jugar un papel en la consecución de la estabilidad regional, tratar a Al- Qaeda como una ideología y no sólo como una organización, propiciar el levantamiento de un aparato endógeno de seguridad en Afganistán y apoyar el proceso de estabilización de Pakistán.

La comunidad internacional tiene la esperanza de que el presidente Obama transforme la política exterior en una efectiva herramienta que coadyuve a la superación de la actual crisis económica y garantice la estabilidad, la prosperidad y la seguridad internacionales. Virtualmente el presidente tiene la genuina aspiración de lograrlo, y para ello no sólo cuenta con un equipo extraordinario, sino con una nación  cuya heterogeneidad cultural y religiosa, sólidas instituciones y consistencia en principios y valores,  le brindan  potencialmente la capacidad para desempeñar un rol trascendental y significativo como líder de todos estos cambios globales. Augurarle éxito es fácil, que realmente lo tenga, no tanto.

In recent years, as the impact of globalisation is becoming known, cosmopolitan theorists have argued that the era of nation-states is over, that national-level governance is ineffective and states have lost some of their – never total – monopoly over the means of violence. Furthermore, transnational structures undermine the economic and political power of nation-states, threaten their authority and render them obsolete.[1] Ulrich Beck, a well-recognized cosmopolitan intellectual, is a sociologist whose work is at the heart of political debates concerning the nature of the nation-state. He has posed the concept of ‘cosmopolitan theory’ in opposition to traditional ‘nation-state politics’. He argues, “States must be denationalized and transnationalized – that is, part of their autonomy must be given up in order to master national problems in the globalized world… because the solo effects of individual states are doomed to be ineffective in almost every sphere of politics”. [2] Beck takes the argument further by stating that cosmopolitanism does not involve giving up local identities, but engaging in a global dialogue, demanding basic rights for the non-national part of humanity and respect for those who are culturally different.

Other scholars, such as James Fulcher, argue that claiming that nation-states are weakened by globalisation and incapable of dealing with transnational issues, overlook the continued importance of national institutions and ‘inter-national relations’, as well as disregard the fact that globalisation has “reinforced the nation-state through the growth of international organisations based on the principle of national sovereignty”. [3]

Based on these opposing perspectives regarding the nation-state, this essay seeks to answer the question of whether violence in the name of culture and identity can be attributed in large part to the nation-state, as Beck proposes.[4] First, the essay discusses if the nation-state embodies a denial of diversity, analysing the nature of both the nation and the state, and examining the extent to which nation-states stand for violence against minorities and foreigners. Second, by investigating the impact of globalisation and neo-liberalism on the integrity of the nation-state, this essay suggests that while it has created greater ethnic and cultural diversity, ‘sub-cultures’ can coexist within the nation-state sometimes combining local and global dimensions. Finally, the last section seeks to outline the challenges of cosmopolitanism and the relevance of nation-states in a globalized world.

This essay’s main argument is that Beck is correct in acknowledging that some nation-states might wish to preserve their identity intact, rejecting and discriminating against minorities and foreigners, at times with violent means. Nevertheless, this is not always the case. There is evidence of plural nation-states that protect minority rights and foster peaceful co-existence among multiple ethnic, cultural, and linguistic groups. [5]

National identity is commonly understood under the framework of a unitary and rigid conception of nationality. This essay views identity as an evolving, changing and adapting phenomenon with a versatile nature, which can have local, regional and transnational dimensions. As identities are ‘constructed’, nation-states will gradually become more homogeneous, promoting a new form of belonging, while preserving simultaneously minorities’ distinctiveness. Based on this approach, the essay argues that a shared sense of identity will eventually reduce violence against minorities.[6]

This essays does acknowledge the fact that, shared membership in a nation-state does not ensure the end of violence. Globalisation and neo-liberalism are reinforcing feelings of fear, insecurity, anger, and the perception of injustice. There is little prospect that people will be encouraged to think nationally and act peacefully in situations of growing inequities of wealth and opportunity.  The focus of this essay, however, is on violence that distinctively emerges from threats to the identity and/or the culture of a group. It notes, that, under some circumstances, aspects of culture and identity blend with political or socio-economic grievances, setting the stage for violence.

Do nation-states embody a denial of diversity?

The term ‘nation-state’ involves two social phenomena. ‘Nation’, which refers to a population that shares an identity and has common ethnic, cultural and historical characteristics as well as distinctive values. It is ‘a community of sentiment’.[7] The term ‘state’ refers to the political institution that rules over the population of a certain territory. Some scholars define nation-states as requiring a match between ethnicity and political borders, [8] a condition that barely exists. As a form of political organisation, nation-states are associated with the rise of the modern system of states, often called the ‘Westphalian system’.

Benedict Anderson says that nations are constructed entities; they exist subjectively as an ‘imagined community’ that defines one’s being. This is why a threat to what the nation represents in an individual’s imagination is a threat to the very self, to the identity. [9] The nationalist definition of a nation is exclusive, based on a clear ‘us-them’ distinction between the majority and the rest. So, do nation-states deny diversity? There is no definitive answer as this depends on the type of nation-state and on many other circumstances. It may be argued that nation-states which were forged artificially – those that emerged out of the legacy of colonialism – tend to be more internally violent than nation-states that evolved naturally over time and around a common language, shared history and common symbols. However, a question remains. If some nation-states embody a denial of diversity and stand for violence against minorities and foreigners, with what do we replace them with? Beck argues that cosmopolitanization is the answer, because at the core of this theory lies the recognition of diversity. Another question arises: will cosmopolitanism reduce violence? Is a cosmopolitan future likely or even desirable? On the other hand, is there still value in the nation-state?

Nationhood and Violence

Although most arguments concerning the types of nation-states overlap, this essay divides them into two broad groups:[10] first, ‘artificial’ nation-states within which several nations have been locked in and tend to have groups with a heavy and strong sense of socio-cultural distinctiveness that clash with others. As the nation-state needs to define and delimit its ‘nationhood’ through, what Michael Mann calls ‘ideologies of nation, race and class’, some policies result in exclusion of ‘others’. On these occasions, it is done by violent means, which will in turn, encourage more violence. Places where nation building is still underway are more prone to violence, not necessarily because of identity and cultural diversity, but because of divergence of interests.

Second, ‘organic’ nation-states that evolved naturally over time and are nationally cohesive, may suppress diversity by drawing a clear dividing line in relation to foreigners. They may marginalize linguistic, ethnic and religious differences, in order to keep or even enhance the sense of nationhood. However, most of these nations are flexible and willing to accommodate minorities. For instance, several European nations that receive immigrants from diverse cultural and ethnic background gradually assimilate them into the dominant identity. Here, the primary reason for movement is material needs (employment), and thus the issue of ‘identity’ is weak. According to Mann, the latest developments of new nation-states have created countries that are now over 85% mono-ethnic, which in turn, makes these countries homogeneous and less violent.[11] To properly analyse whether the nation-states deny diversity, the focus cant just be on migrants to the first world. Looking at the disenfranchised groups of the South, where international migration is not even an option is also required. Socio-economic marginalisation and exclusion in developing nation-states is undoubtedly a fact, but in terms of diversity and violence, it seems that nationalism or the construction of a national identity could have positive effects in articulating the needs of the excluded and thus, in reducing violence.

States, Democracy and Violence

To what extent is it true that “The nation-state is an unfinished state, a state that structurally negates its moral responsibility towards the rights of minorities and foreigners”? [12] Huysman argues that democracies do marginalise opinions as always some opinions are inevitably ignored. In support of this view, Eubank and Weinberg contend that “the more democratic a regime, the more likely various groups will express political protest, non violent as well as violent. Democracy brings to the surface long-simmering ethnic and religious grievances with violent consequences”.[13]

Conversely, sociologists such as Martha Crenshaw, Quan Li and Ted Gurr, argue that democratic rules and legitimacy provide a framework for the non-violent resolution of conflicts. [14] When the nation-state is unable to respond to social, economic and cultural demands of minorities, violent movements emerge. By improving citizen satisfaction, participation in policymaking and political efficacy, democratic nation-states are able to reduce the number of violent incidents in the name of culture and identity.[15] When the government’s policies are perceived as unjust by minorities, violence becomes a morally accepted instrument to force a change in the status-quo.

In what circumstances does the state stand for violence against minorities? Aggressive responses to minorities within the nation-state have ranged from state-enforced cultural assimilation, to expulsion, persecution, violence, and extermination.[16] The fact that so much violence happens within the borders of states proves Beck point when he argues that a particular group (a single group) connects laws to the actual exercise of violence. Basic rights are granted to ‘us’ and denied to ‘them’.[17] In some cases, the monopoly of sovereignty over a territory that is culturally plural and economically stratified creates conditions for state-violence.[18] As states are made up of individuals who serve particular socio-economic interests, which may have competing or even contradictory concerns, they become unable to deliver wellbeing to the nationals, and thus, it is difficult to rule out violence. Only when a legitimate and accountable state mediates and conciliates competing interest groups and dissolves differences between majorities and minorities, can distinct local cultural traditions coexist.

Based on the previous analysis, two early conclusions can be reached: first, the manifestation of violence requires the existence of concrete grievances among a subgroup of a larger population, such as an ethnic minority discriminated against by the majority. Second, the lack of alternatives for legitimate expression of dissent – nation-states with rigid political systems – may create the environment for the emergence of violence. In the specific case of violence in the name of culture and identity, the more genuine, legitimate and wider the spectrum of expression-channels, the fewer the possibilities minorities will perceive unfair treatment towards them, negating the need to resort to violence to demand actions from the state.[19] When the nation-state responds effectively and diligently to minorities’ needs, they feel empowered to shape the decisions that affect them. Conversely, if the state fails to meet national demands, “the government must be singled out to blame for popular suffering”. [20]

Globalisation and the Integrity of the Nation-State

There is much evidence to support the view that neo-liberal policies and globalisation have stimulated and assisted in the emergence of transnational structures that challenge nation-state authority.[21] It is also true, that neo-liberalism and globalisation have deepened highly uneven economic and social conditions, both within nations and between nations. The result is the growth of absolute poverty, social and income stratification, unemployment, relative depravation, and fundamentalism. This, indirectly, creates an environment that facilitates violent behaviour. [22] Wilkinson rightly affirms, “It is the perceived injustice underlying the deprivation that gives rise to anger and frustration… violence is more common where there is more inequality”. [23]

Beck and other cosmopolitans are right when arguing that for some transnational matters, purely national responses are inadequate; particularly, in the defence of human rights and against terrorism and global change. Due to the forces of globalisation and neo-liberalism, the state has abandoned the interests of the people to serve the interests of transnational capital. Quoting DuRand, “the interests of nations and those of states are diverging”[24].  In a context of appalling and growing differences in living standards between the rich and poor nations, it is unlikely that violence will be reduced. Perhaps in the past, violence was limited to specific local areas, most of the time in developing countries, but globalisation has made these struggles a ‘global issue’.  These are, what DuRand calls, the ‘national revolutions of the 21^st century’.

The movement towards neo-liberal policies has been steered by national governments, elites with particular interests. One major effect is stratification and exploitation,[25] creating the conditions for those groups that feel oppressed to rise up against the system.[26] The spread of violence is more obvious in developing countries in Africa, Latin America, East Asia and the Middle East, where there is an abundance of violence inducing elements: inequality, contradictions left by the colonial legacy, unrealized expectations, and non-genuine efforts for the development and integration process.

Globalisation has also weakened national identities by facilitating international migration, which has in turn, created greater ethnic and cultural diversity within the nation-state.[27] New sub-nationalisms that combine different identities in a flexible and versatile manner have flourished. Nation-states will reconcile national identity with diversity by incorporating and accommodating minorities and becoming ‘cultures of hybridity’ – externally homogeneous in terms of ‘values’ but heterogeneous underneath, with identities that can also be both regional and global. Identities in Latin America are good evidence of this transformation, where great internal diversity is compatible with ‘national’ identity. Identity is multi-level in character. As Fulcher puts it, “nation-state as such can coexist with vigorous sub-national and transnational cultures because people have complex and multi-faceted identities capable of combining loyalties to their local community, and to national, regional, and indeed, global units and organisations”. [28]

To sum up, while there is no doubt some truth in the argument that globalisation has generated ethnic diversity and stimulated ‘resistance identities’, there is also evidence that diverse identities can coexist within a nation-state when this diversity is institutionalised and accommodated.  Thus, the state’s power in its national domain has been weakened, but nation-states have not been dismantled, they have been ‘transformed’ by globalisation.[29] Nation-states now have to act collectively through regional and international organisations to respond effectively to the newest demands that arise from society.

Cosmopolitanism and the nation-state

While the previous sections considered whether the nation-state denies diversity and stand for violence against minorities, this section seeks to outline the challenges of cosmopolitanism and the relevance of nation-states in a globalized world. At least three general issues need to be addressed: first, how to stop violence in the name of culture and identity? Beck believes that due to globalisation, the nation-state has no power over nationality. Cosmopolitanism is assumed to have the potential for providing new forms of belonging by making people become ‘citizens of the world’. However, this idea means renouncing to one nationality, implies one is no longer defined by ‘one’s local origins’, but instead, by universal values. This argument neglects the individual’s need to feel certainty and self-assurance, and need to ‘belong’. If nation-states successfully construct ‘nationhood’ based on wide values that can encompass the people that live in its territory, threats to the ‘self’ will be reduced along with violence in the name of culture and identity.

The second question is how to tackle effectively global concerns. Beck makes a compelling case for promoting human rights through legitimate intervention, when necessary. Although this argument clashes with traditional international law restrictions on interference in the internal affairs of sovereign states, he argues, “morality, rather than violence is the source of power, …of global power in the global age. If you have morality, the morality of human rights, then you have the right to exercise military power –anywhere in the world”.

Beck’s argument is problematic in that it elevates the interests of the political elites to a level in which the scope of their interests can be better served. As Bauman notes, it is the wealthy and powerful elites who were and are more cosmopolitically inclined than the rest of the population. [30] In theory, cosmopolitanism can tackle global concerns because the limits currently posed by the selfishness of national interests will disappear. Unfortunately, political life is not rational and calculable. It is driven by irrational desires, a wide diversity of conflicting interests, and “by principles of justice which may not yet be supported by the rule of law”. [31]

Notwithstanding, by agreeing to international rules and being bound by them, nation-states can attain global objectives as well. The international community has shown a high degree of evolution in this regard, by establishing the Human Right Declaration and the International Criminal Court. Thus, there are already international organizations that have the authority to undermine sovereignty when an issue of ‘global concern’ arises and has the endorsement of the international community.

The last question is how to handle particular demands effectively. There are certain particular needs or demands that should be handled at local level. It can be said that all human share common aspirations, and this might be true, but diverse groups of individuals with specific characteristics of identity, would have different needs and demands, particularly in the cultural field.  If it is already difficult channelling the claims of minorities to local governments, to the state and to regional and international organisations, how would they reach the cosmopolitan institutions?

Contradicting cosmopolitanism, Hannah Arendt has noted “equality, in contrast to all that is involved in mere existence, is not given to us, but is the result of human organization… we are not born equal; we become equal as members of a group on the strength of our decision to guarantee ourselves mutually equal rights”. [32]

Conclusions

The preceding analysis suggests that nation-state continues to be an important form of political organisation that can make important contributions to greater respect of diversity, even in a globalizing world. The idea of building a cosmopolitan society seems like a threat to identity as it represents a step beyond multiculturalism, potentially reinforcing the ill effects of neo-liberal forces by favouring the currently powerful nation-states and disregarding the realities of the third world.

Beck is correct though, when he claims that the interrelation between the local and the global –what Bauman has coined as ‘glocal’– is greater today than ever, and it will continue to increase. This means that decisions taken in one place will have consequences somewhere else. However, the existence and multiplication of regional and inter-national organizations, although imperfect and with plenty of defects, are still the mechanisms to tackle, collectively, global concerns.

Nation-states have been transformed by globalisation. They now have to accommodate national and ethnic diversity within its boundaries and construct pluralist national identities. Thus, this essay does not attribute the spread of violence in the name of culture and identity to the nation-state. The occurrence of violence encompasses everything from global economic trends, political interests, social differences, to the variable, complicated and changing nature of identifications and cultures.

On this topic, there is no limit to the range of analytic questions to address. Thus, despite the fact that there are many theories on identity and violence, much work needs to be done in this area of research in order to have the required tools to tackle potential future drivers of violence. It is particularly necessary to develop a more realistic understanding of violence derived, not so much from threats to the identity or from differences in culture and identity within a nation-state, but from the difference that really matters – differences between rich and poor, within, and between nation-states.

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[2] Ulrich, Beck, ‘The Silence of Words: On Terror and War’,  Security Dialogue, Vol. 34, No. 3, September 2003, p. 264 and Beck, ‘Power in the Global Age’, p. 230

[3] James Fulcher, ‘Globalization, the nation-state and global society’, Sociological Review, 2000, p. 523. For arguments against the theory of the ‘obsolete nation-state’, see also Smith, ‘Nationalism: Theory, Ideology, History’; Paul Hirst and Grahane Thompson ‘Globalisation and the future of the nation-state’; David Chandler, ‘New Rights for Old? Cosmopolitan Citizenship and the Critique of State Sovereignty’, Political Studies, Vol. 51, 2003; Meyda Yegenoglu, ‘Cosmopolitanism and nationalism in a globalized world’, Ethnic and Racial Studies, 2005; and Hardt Michael, and Negri Antonio, ‘Empire’, Harvard University Press, 2000.

[4] Beck, ‘Power in the Global Age’, p. 234

[5] It is argued that countries such as Portugal, Norway and Japan are some of the few mono-ethnic nation-states. Others countries such as India and the US are examples of plural nation-states that have been successful in creating a strong nationalism, –including emotional attachment to national symbols and institutions– and in accommodating minorities.

[6] Cultural diversity itself does not give rise to violent conflict. There are many examples of symbiotic coexistence. Switzerland is constitutionally a confederation of cantons with four official languages, but it has a ‘Swiss’ national identity. Canada has preserved francophone identities. The Indian state of Kerala is an example of religious and ethnic tolerance. In Latin America, there are many examples of strong national identities within which several groups with different cultural values coexist. On the other hand, if cultural differences were the source of violence, Somalia, for instance, should have enjoyed peace, being entirely Islamic and ethnically more uniform than any other country in Africa.

[7] Max, Weber, ‘Conceptual Exposition’, in Roth, and Wittich,  (eds.), Economy and Society, University of California Press, 1968,  p. 922

[8] Anthony, Smith, ‘Nationalism: Theory, Ideology, History’, Cambridge. Polity Press, 2001

[9] Cliff, DuRand, ‘State against Nation’, Centre for Global Justice, Mexico.  p. 1

[10] There are different typologies of nation-states. Some of the most widely recognised include those offered by Ernest Gellner, Benedict Anderson and Anthony Smith. When I refer to homogeneous nation-states, I mostly imply all those categorised by Smith as emerging from 1/ a civic route (France), 2/ an ethnic route (Italy) and /3 those that are plural (USA, India). See Anthony Smith, ‘Nationalism: Theory, Ideology, History’, Cambridge. Polity Press, 2001.

[11] Michael, Mann, ‘The Dark Side of Democracy: The Modern Tradition of Ethnic and Political Cleansing’, New Left Review, No. 235, 1999, p. 42

[12] Beck, ‘Power in the Global Age’, p. 234

[13] William Eubank and Leonard Weinberg, ‘Terrorism and Democracy: Perpetrators and Victims’, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 1, 2001, p. 156

[14] Crenshaw, ‘The Causes of Terrorism’; Li, Quan, ‘Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents?’, Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 2, 2005,

[15] It is not possible to establish a direct relation between democracy and violence without bearing in mind the heterogeneity of democratic systems across countries.

[16] In explaining types of ‘ethnic cleansing’ Michael Mann distinguishes between 1/ ‘induced assimilation’, when ‘minorities’ seek assimilation into the dominant group by loosing their sense of socio-cultural distinctiveness to pursue new values; 2/ ‘coerced assimilation’, when minorities are coerced to join the dominant group and abandon its former identity. Its language and religion may be banned, 3/ coerced emigration, 4/deportation, 5/murderous cleansing, 6/ genocide. In Michael, Mann, ‘The Dark Side of Democracy: The Modern Tradition of Ethnic and Political Cleansing’, p.21

[17] “The world wars, the Holocaust and the atomic bombs of Hiroshima and Nagasaki –all bear witness to this, and the list of absolute evil is never ending”. In Beck, ‘Power in the Global Age’, p. 229

[18] Leo Kuper, ‘Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century’, New Haven, 1981 and Roger Smith, ‘Human Destructiveness and Politics: The Twentieth Century as an Age of Genocide’, in Genocide and the Modern Age, Wallimann & Dobkowski (eds.), New York, 1987

[19] Gandhy and Martin Luther King are widely cited as good examples of people that used non violent resistance movements.

[20] Martha Crenshaw, ‘The Causes of Terrorism’, Comparative Politics, July 1981, p. 383.

[21] Although it is not the subject of this essay, it is worth mentioning that another important force is fundamentalism, which is the “deepest manifestation of the demise of the nation-state”. Fundamentalism is appealing the poor, the excluded, and the disenfranchised people of the world.  In Castells Manuel, ‘The Information Age: Economy, Society and Culture’, p. 275

[22] Atanas Gotchev ‘Terrorism and Globalisation’ and Ted Gurr ‘Economic Factors’, both in The Roots of Terrorism, (ed.) Louise Richardson, Routledge, 2006, p. 105 and 86-87 respectively.

[23] Richard Wilkinson, ‘The Impact of Inequality’, Social Research, Vol. 73, No. 2, 2006, p. 718

[24] DuRand, ‘State against Nation’, p. 1

[25] Some immigrants are not removed, but exploited and segregated.

[26] Mann, ‘The Dark Side of Democracy: The Modern Tradition of Ethnic and Political Cleansing’, p. 24

[27] This argument applies to the first world, as it is based on the ‘mobility’ of people. However, in many nation-states in the third world, ‘mobility’ is not an option. Here, identity becomes one resource to convey demands to the state. See ‘Cosmopolitanism and nationalism in a globalized world’ by Meyda Yegenoglu.

[28] Fulcher, ‘Globalisation, the nation-state and global society’, p. 538.

[29] Stein Tǿnnesson belongs to the school of thought that holds that globalisation transforms the state as its priorities of policies change, shifting attention from internal to regional and global affairs. See ‘Globalising national states’, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 1, 2004.

[30] Zygmunt, Bauman, ‘Globalization: Human Consequences’, New York, Columbia University Press, 1998, p. 13

[31] Franz, Neumann, ‘The Concept of Political Freedom’, in W.E. Scheruermann (ed.) The Rule of Law under Siege. Selected essays of Franz Neumann and Otto Kirchheimer, Berkeley: University of California Press. 1996 [1953].

[32] Hannah Arendt, ‘The origins of Totalitarianism’, New York: Harvest, 1973,  p. 301

Ministerial Summary

Australia’s alliance with the United States, expressed in the Australia-New Zealand-US (ANZUS) Treaty signed in 1951, does not specify a particular threat or circumstance under which Australia would be required to send forces to support the US in combat. Two important elements would shape the decision to contribute militarily to US-led operations: 1/ perceived significance and value of the US alliance for Australian security and strategic interests, and 2/ prevailing threat perceptions in a constantly changing security environment.

Although more than half a century has passed, Australia views the Alliance as a critical asset for its own security as it provides deterrence from aggression and keeps constructive US engagement in the region. The alliance thus, is perceived as an outstanding security instrument that Australia ought to maintain. Furthermore, the structural changes in the international security environment and the emergence of new threats have given the alliance new directions. The 2003 and 2005 Defence Updates and Australia’s participation in Iraq and Afghanistan suggest that Australia has granted a special priority status to asymmetrical threats. As Australia seems to share this new approach to security with the US, it is foreseeable that both countries will continue to have military cooperation.

Introduction

Australia’s alliance with the United States is formally expressed in the Australia-New Zealand-US (ANZUS) Treaty signed in 1951. Although more than half a century has passed, Australia views the alliance as a critical asset for its own security, and the security of the region through US engagement. The arguments for it include US protection from strategic threats, and the enhancement of Australia’s self-reliance via improvements to its technological capabilities. The alliance provides training opportunities for the Australian Defence Forces (ADF), gives Australia access to vital high-technology military, high-quality political intelligence, and a preferred status in military equipment purchasing.[1] Furthermore, the alliance with the world’s most advanced conventional power underpins the defence of Australia by providing extended nuclear deterrence.[2]

These benefits, as well as the costs of the alliance for Australia, have been the subject of extensive debate by policy-makers, intellectuals and strategic analysts. Scholars such as Jhon Langmore have argued that ANZUS actually endangers more than it protects Australia, saying, “it complicates our relations with East Asia, undercuts Australian independence, isolates us at the United Nations and increases our visibility in the eyes of terrorists”.[3] Many others, such as Prime Minister John Howard, Foreign Minister Downer, and scholars such as Michael Fullilove, Rod Lyon from the Lowy Institute, and historians Peter Edwards and Paul Dibb, believe that Australia’s alliance with the US has a positive influence in the defence planning and the strategic outlook of Australia.[4]

The most significant aspect of this debate that must be considered is the transformation of the international security environment and the emergence of new security challenges, all of which question the coherence, durability and relevance of ANZUS for Australia. Within the framework of this debate, as well as the context of Australian strategic interests, it now must be asked under what circumstances does the alliance require Australia to send forces to support the US in combat? To answer this question, one would be tempted to say that the ANZUS Treaty provides the response. However, the Treaty’s ambiguity allows for a range of diverse interpretations by the government in turn, reflecting the strategic interests of Australia at the time. The most important article of the Treaty, article 4, obliges parties to act to meet the common danger in the event of an armed attack upon one of them in the Pacific area.[5] While the language is flexible enough to let the Treaty endure successfully for more than 50 years, it neither specifies any particular threat or circumstance, nor defines in which manner either side should act. Thus, an attempt to respond the above question should be addressed by exploring, first, how Australian leaders understand the so-called emerging asymmetric threats and second, in what ways the US alliance suits the new security challenges. This allows for a deeper reflection on what is required from Australia as an ally, while further facilitate estimations on the future of ANZUS and its relevance for Australia’s strategic interests.

In September 2001, following the terrorist attacks in New York and Washington, the Australian government invoked the ANZUS Treaty for the first time, promising Australia’s support in becoming an ally in the global war on terror. The fact that the US and Australia have ‘refashioned’ their alliance in order to meet contemporary challenges in a new international security environment seems to suggest that the Australian government has decided to incorporate the notion of asymmetric threats –such as terrorism– into its highest priorities.

The first part of this essay will briefly study the scope of the ANZUS Treaty and will examine some of Australia’s past military contributions to US-led operations. This will help to explain the rationale given then by Australian leaders to make the ADF participate in operations beyond its immediate neighbourhood. Circumstances that will determine Australian military contribution to US military operations in the future will further be examined from two perspectives: asymmetrical –new threats like terrorism– and conventional interstates conflict –based on traditional perspective of security.

By invoking ANZUS in response to a terrorist attack, the Australian government has given almost unrestricted support to the US in the war on terror.[6] It is important to consider ‘these situations’ separately from conventional threats. In studying them, the importance and directness of Australia’s strategic interests and the significance of the US alliance to Australia’s security for decision makers will be revealed.  The essay will subsequently assess Australia’s flexibility in its responses to such circumstances, and finally, it will offer insights on the prospect of the US-Australia’s security alliance. This essay argues that Australian military forces’ engagement in US led operations depends on what Australian leaders deem essential –and perhaps imperative– in accordance with their prevailing ‘threat perceptions’ and their personal relations with American leaders at the time of decision taking.

ANZUS and past Australian military commitments

In late 1940’s, Australia was determined to upgrade its relationship with the US and secure a Pacific security pact. This was achieved through the signing of a treaty on 1 September 1951 between Australia, New Zealand and the US, based on what was claimed to be enduring shared values, interests and objectives.[7] Article 4 of the Treaty states that “each Party recognizes that an armed attack in the Pacific Area on any of the Parties would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional processes”.[8] According to Australia Foreign Minister Alexander Downer, from the outset, “ANZUS was conceived as a security pact flexible enough to be relevant to a range of challenges. Initially, it was Australia’s concern to be protected against the threat of a militarily resurgent Japan. Then, in the Cold War, it was protection against the threat of Communist expansion. Now, it provides certainty and security in an era of uncertain threats”.[9]

During the Cold War, Australian forces fought against communism on the Korean Peninsula (1950) and in Vietnam (1962).  Historian Paul Edwards states that Australian leaders provided support in those conflicts, not only because they perceived communism as a threat, but also because they tried to achieve close relations with the US while building a sense of mutual alliance in time of need. Australia committed forces to these causes not to defend “its national interests but to ensure the favour of its powerful and protective ally”.[10]

During the Taiwan Strait crises of 1996, Australia gave “prompt and strong diplomatic support for American naval maneuvers intended to support Taiwan”[11] asserting officially its enthusiasm to maintain a strong and healthy alliance, in the post-Cold War era, even in the absence of the Soviet threat.

After the terrorist attacks of September 2001, although the ANZUS Treaty refers to ‘attacks in the Pacific Area on any of the parties’, Australia provided military support to the US in Afghanistan and Iraq in its fight against terrorism.

Under what circumstances does the US alliance require Australia to send forces to support the US in combat?

Australia’s military participation in far-off US-led operations against terror has been debated at length in Australia.  This is because there is much discrepancy on views regarding how to deal with this new security environment. The Howard government has argued that Australia’s best option to secure itself against these new threats is to uphold the security alliance with the US. The government emphasizes that the binding force of shared values between Australia and the US provides the justification –if one is needed– to contributing militarily ‘in all the events’ where the US is in combat.[12] Australia’s participation in Iraq and Afghanistan suggest that the US-Australia security alliance has found new directions. It is reinventing itself, as some have suggested, based on a new approach to security that give special priority status to asymmetrical threats. This approach highlights the risks and impact of terrorism on strategic policy. With this in mind, Australian policy makers favour comprehensive cooperation and military participations whenever and wherever the US requests it.

Those that disagree with this perception, such as former opposition leader Kim Beazley, argue that the alliance has to serve direct and specific Australian strategic interests, and although Australia may contribute to coalitions in other parts of the world, its best contribution arise in its immediate neighbourhood. Beazley maintains that it is in Australia’s region where it can do the most to contribute to the global struggle against terrorism. [13] Bruce Grant, cited by Lyon in the paper ‘Alliance Unleashed’,[14] argues that ‘entrapment’ is one of the principal dangers of the ANZUS alliance. To avoid such a danger, he argues, Australia should focus on its immediate and direct interests, and be more careful when cooperating with the US in distant theatres, especially when those operations are considered ‘excesses of the Bush Administration’. Ross Babbage also has stated, “All such proposals need to be assessed with caution, and large scale distant deployments only approved in the most exceptional circumstances”.[15]

Notwithstanding, what is important to note here, is that beyond the debate on the approaches toward new security challenges and the circumstances that lead to Australian military contribution, the underlying factor that determines the final decision, is the perception of those challenges by Australian leaders. Fullilove confirms this point when he expressed in a public lecture this year that Australia’s interests are intertwined with the US and “part of this is structural, but part of it is personal, too”. [16] Edwards also holds a similar view in stating that “the global war on terror provides the sort of strategic justification and direction for the alliance that the Howard Government has evidently been seeking since coming to office in 1996”.[17] Thus, the judgement on whether such commitments are, on balance, desirable depends very much on the specific circumstances of the case, and how Australian leaders perceive them.

Asymmetrical conflicts: the War on Terror

In the aftermath of the terrorist attacks of 11 September 2001, the US approach to security shifted from fighting conventional wars to combating asymmetric threats.[18] Since then, the US has pressed to deepen security cooperation with its allies in order to tackle terrorism and other linked transnational security issues, citing that “the war on terror can be won only through a strategy based on security partnerships”. [19] Likewise, the Australian government seems to have acknowledged the importance of asymmetrical threats, giving it an important place in Australia’s list of priorities[20]. Prime Minister Howard claimed in a speech “for the foreseeable future, the major threats to Australia are likely to come from terrorists and international criminals than from conventional military attack”.

Prime Minister Howard has been a strong supporter of the US in the war on terror, for various reasons. First, his personal closeness to President Bush, second, his assessment that it is in Australia’s security interests and third, for the leverage Australia can exert in its own region if it sides with the world’s super power. Today, Australian forces are stationed in both Afghanistan and Iraq, and have been expanded in their size and scope in response to the deteriorating internal security circumstances in both countries.[21] In light of today’s transnational threats, geographical boundaries are becoming a less useful way of thinking about security priorities. Australia’s engagement in the war in Afghanistan demonstrates how Australia has reached a point where it can agree to respond to an armed attack against one of the parties, even if it is not limited to the geographical area of the attack. [22]

However, several security analysts argue that Australia ought to think more carefully under what circumstances it has to support the US.  Beazley has suggested that Australia could support the US on distant operations, but just symbolically. Similarly, historian Harries believes that an appropriate Australian response to the US request to join in the invasion of Iraq should have been “restraint, some deep reflection and a request for clarification, rather than eager and unqualified support”. [23]

Potential Conventional Conflicts

Strategic analysts tend to acknowledge that the Asia Pacific region poses the most acute challenges for international security because of the shifting balance of power. These challenges include the nuclear threat from North Korea, tensions across the Taiwan Strait, and concern with the rising power of China.[24] Although Asian strategic specialists, such as Amitav Acharya and David Kang argue that China’s rise should not be perceived as a threat that requires balancing responses,[25] it is not possible to rule out a scenario in which China challenges American hegemony. Thus, there exist several situations which have the potential to create, what experts have called ‘nightmare scenario’, presenting very difficult choices for Australia.

Many analysts view the existence of these challenges as necessitating an Australian contribution to operations in the region and elsewhere –in partnership with the US– to protect Australia’s interests. Since the 1996 Taiwan crisis, Australian policy-makers have been managing the delicate issue of trying to maintain good relations with both China and the US, hoping that a scenario of an American request for support in the event of a military confrontation between the US and China will not take place.  Paul Kelly has warned, “The potential damage to Australia’s interests in terms of its China relationship could represent the most serious cost for Australia in the alliance’s history”.[26]

Certainly, Australia might be called upon to assist the US in a major regional conflict in the event of a Taiwan or Korean peninsula crisis.[27] The ANZUS Treaty could be invoked in such circumstances and if Australia cares for the health of the alliance, it would have few reasons to withhold its assistance[28]. For all the challenges Australia may face in the future, Hugh White asserts the best guarantee for Australia’s security in Asia over the coming decades is continued active US strategic engagement. [29]

How much flexibility does Australia have about how it responds to US requests of support?

Considering the nature and design of the alliance, as well its past record, theoretically, Australia appears to have flexibility in the way it responds to US requests of support. In practice, however, there is not much choice for Australia, but to side with the US. If a decision were made to deny support to the US in a particular operation, it would ultimately affect negatively on the health of the relationship, and have large implications for Australian security policy. In fact, during Cheney’s visit to Australia in February 2007, he said, “decisions on troops deployments are obviously to be made by the Australian government based on their considerations… it’s not for us to stress to our allies what their appropriate response might be”.[30] For Australia to deny its military assistance, there must necessarily be some contingency in Australia’s immediate neighbourhood, or in Southeast Asia, which keeps Australian forces engaged and constrain them from participation in other scenarios. In those circumstances, Australia could offer its diplomatic support for US operations to lend a degree of legitimacy.[31]

In his work, Dibb compared the emphasis given by the government to emerging asymmetric threats in the 2000 Defence White Paper, to the attention paid in the 2003 and 2005 Defence Updates. According to him, Defence Update 2005 echoes the 2003 update by giving “priority to meaningful contributions to coalition operations further afield… expeditionary forces to fight terrorism, combating the proliferation of WMD, and the risks posed by failed states”.[32] This is a change in paradigm compared with 2000 Defence White Paper, which does not mention asymmetric threats at all.[33] What can be concluded is that after the 2001 terrorist attacks, the government of Australia’s willingness to contribute meaningfully to US led coalitions has been reinforced.[34]

Scholars such as Babbage have argued, in contrast, that distant contingencies such as the war on terror do not directly threaten the security of Australia. He says, “A distraction of defence attention to forward theatres could have a serious impact on the backlog of priority programs designed to enhance national territorial security”. [35] He has also stated that Australia has limited defence resources and a slight capacity to sustain military influence in distant locations. Paul Kelly also insists, “There is not disposition in Australia for military commitments in Northeast Asia”,[36] another far-flung arena.  Perhaps for these reasons, the Howard government has handled these distant demands of the alliance by a “judicious combination of a strong declaratory policy in support of Washington with well-timed, but essentially modest, niche contributions”. [37]

The flexibility that Australia has in responding to US requests of support depends  very much on Australian leaders’ perceptions of Australia’s level of interest in dealing with various scenarios. These include, emerging asymmetric threats, the importance given to its alliance with the US, the scale of the commitment required, and domestic factors, such as public opinion.  Fullilove has studied the approaches of past Coalition and Labor governments towards the US alliance and their relative support for Australia’s participation in American-led operations. He argues that “Labor may actually move Australia closer to the US, especially if a Democrat were elected president next November”. He concludes that whatever the combination of US-Australia leaders, the alliance will remain strong. [38] Edwards has also argued that all Australian governments, Coalition and Labor, have seen the benefits of the alliance –in economic and strategic categories– outweighing the costs and the dangers incurred by membership in the alliance.[39]

Conclusion: Prospects of Australia-US alliance

This essay has indicated that Australia will remain a close ally of the US for several reasons. First, the conventional perception of the US guarantee, along with the possibilities of technological improvements for the ADF. Second, the government’s perception that the new security threats require Australia to cooperate more closely with its ally. The experiences of Afghanistan and Iraq show that Australia is giving strategic importance to the emerging asymmetrical threats, and is willing to work beyond its region in order to cooperate in combat with its ally. As ANZUS treaty is not explicit on the ‘circumstances under which each country will support the other’, the decision on Australia’s military support to the US will ultimately depend on the prevailing threat perception of Australian leaders.

Since 2001, Washington and Canberra’s shared perceptions regarding ‘asymmetric threats’ have provided opportunities to reshape both sides approaches to security. It is foreseeable that the alliance will continue to be the bedrock of Australia’s security, and that a new form of cooperation will evolve in order to deal more effectively with the structural changes in the security environment.

If the United States and Australia share a similar view of their security threats, it is possible to expect that their alliance will endure many more years.  By redefining their cooperation activities and security policies in different fields, Australia will be able to find a form to provide militarily support to the US in combat in a way that does not undermine its equally important interests closer to home. Australian leaders with different perceptions may choose under which circumstances Australia would send forces to fight in combat with the US. However the notions of both the new security threats and the continued need to enhance Australia’s security will be foremost in their analysis.

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[2] Paul Dibb, ‘Is strategic geography relevant to Australia’s current defence policy?’, Australian Journal of International Affairs, Vol. 60, No. 2, June 2006, p. 259

[3] Jhon Langmore, ‘Dealing with America: the UN, the US and Australia’, Sydney UNSW Pres, 2005, p. 57

[4] Michael Fullilove, ‘Still Looking to America: Labor and the US Alliance’, Lowy Institute. August 2007; Peter Edwards, Permanent Friends? Historical Reflections on the Australian-American Alliance, Lowy Institute, Paper 08, 2005.

[5] Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America (ANZUS), San Francisco, 1 September, 1951

[6] Pauline Kerr and Shanon Tow, ‘Australia’s changing alliances and alignments: Towards a new diplomatic two-step?’ in Brendan Taylor, ed., Australia as an Asia-Pacific Regional Power: Friendships in Flux? (London: Routledge, 2007), p. 173

[7] Department of Defence, ‘Defence 2000: Our future Defence Force’, p. 34

[8] Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America (ANZUS), San Francisco, 1 September, 1951

[9] Alexander Downer, Australian Minister of Foreign Affairs, Speech at the University of Sydney, Sydney, 29 June 2001.

[10] Paul Edwards, Permanent Friends? Historical Reflections on the Australian-American Alliance, p. 21

[11] Department of Defence, ‘White Paper 1976’, Canberra 1976

[12] Paul Kelly has correctly argued, “…Shared values are ultimately not as important in an alliance as shared interests and strategic purpose”. Paul Kelly, ‘Australian for Alliance’, The National Interest, Spring 2003, p. 89.

[13] Kim Beazley, ‘Address to the Lowy Institute’, Sydney, 18 April 2005

[14] Rod Lyon, ‘Alliance Unleashed: Australia and the US in a new Strategic age’, Australian Strategic Policy Institute (ASPI) 2003

[15] Ross Babbage, ‘A Coast Too Long’, Sydney, 1990, pp. 128-129

[16] Fullilove ‘Still Looking to America: Labor and the US Alliance’, p.4

[17] Edwards, Permanent Friends? Historical Reflections on the Australian-American Alliance, p. 47

[18] Rod Lyon, ‘Alliance Unleashed: Australia and the US in a new Strategic age’, Australian Strategic Policy Institute (ASPI) 2003, p. 16: The new wars have different characteristics: “long duration, weak adversaries, the central role of civilians as both combatants and victims and absence of declaration of war, front lines, uniforms, decisive battles and peace treaties”.

[19] Lyon, ‘Alliance Unleashed: Australia and the US in a new Strategic age’, p. 21, 28

[20] On this regard, Paul Kelly argues, “it is far from obvious that the war against terrorism unites American and Australian interests to the same extent as have previous wars”. In ‘Australian for Alliance’, p. 91

[21] Robert Ayson, ‘When Cooperation Trumps Convergence: Emerging Trends in Australia-New Zealand Defence Relations’, Security Challenges, Vol. 2, No. 3, October 2006, p. 34

[22] Lyon, ‘Alliance Unleashed: Australia and the US in a new Strategic age’, pp. 7-8,  40

[23] Owen Harries, ‘Benign or imperial: reflections on American hegemony’, Sydney: ABC Boyer Lectures, 2003, p. 87

[24] Aaron Friedberg, ‘Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia’, International Security, Vol. 18, No.3, (Winter 1993/94) and Richard Betts, ‘Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War’, International Security, Vo. 18, No. 3 (Winter 1993/94).

[25] Amitav Acharya, ‘Will Asia’s Past Be Its Future?’, International Security, Vo. 28, No. 3, Winter 2003/04,  p. 152 and David Kang, ‘Getting Asia Wrong: the need for New Analytical Frameworks’, International Security, Vol. 27, No. 4 (Spring 2003) p. 68 and 82

[26] Kelly, ‘Australian for Alliance’, p. 91. Kerr and Tow also stress the importance of China for Australia: “Australia’s relationship with China is widening and deepening, and it has become Australia’s second largest export market after Japan”. In Kerr & Tow, ‘Australia’s changing alliances and alignments: Towards a new diplomatic two-step?’, p. 76

[27] Kerr & Tow, ‘Australia’s changing alliances and alignments: Towards a new diplomatic two-step?’ p. 174, 175; Kelly, ‘Australian for Alliance’, p. 89-91

[28] Those two situations (Taiwan and Korea) do not involve an armed attack upon any of them, and thus, legally, Australia is not obliged by ANZUS to assist the US. The same applies to Iraq and Afghanistan. The reason for Australia to participate in US-led operations in those countries is not due to the obligations defined in ANZUS, but by common ‘threat perceptions’ and the strategic importance of the alliance.

[29] Hugh White, ‘Beyond the defence of Australia’, Lowy Institute, p. 49

[30] Organisation of Asia Pacific News Agencies, 25 February 2007, ‘Cheney asks government to boost troops in Iraq.

[31] Kerr and Tow, ‘Australia’s changing alliances and alignments: Towards a new diplomatic two-step?’, p.173

[32] Paul Dibb, ‘Is strategic geography relevant to Australia’s current defence policy?’, Australian Journal of International Affairs, Vol. 60, No. 2, June 2006, p. 252

[33] Department of Defence, Defence 2000: Our Future Defence Force, Canberra, 2000, p. 51, para 6.19 and 6.20: “In general, the closer a crisis to Australia, the larger the contribution we would want to be able to provide…we do not envisage that Australia would commit forces to operations beyond our immediate neighborhood”.

[34] Department of Defence, 2003 Defence Update, p. 23: “The changed global strategic environment and the likelihood that Australian national interests could be affected by events outside of Australia’s immediate neighbourhood mean that ADF involvement in coalition operations further afield is somewhat more likely than in the recent past”.

[35] Babbage, ‘A Coast Too Long’, p. 125 and 128

[36] Paul Kelly, “Australian for Alliance”, The National Interest, Vol. 71, Spring 2003, p. 90

[37] Dibb, ‘Is strategic geography relevant to Australia’s current defence policy?’ p. 259

[38] Fullilove, p. 11

[39] Edwards, ‘Permanent Friends? Historical Reflections on the Australian-American Alliance’, pp. 2, 3

However, a formal security alliance with Australia would be counterproductive, unfeasible and unnecessary for many reasons.

Firstly, the government needs to explain to the public the purpose of such an alliance. Japan specialist Aurelia Mulgan has argued that it is in Japan’s interest to isolate China. She refers to Prime Minister Abe’s repeated call for Japan to build a four-way alliance with Australia, the US and India to contain China’s rising influence in the region.

As Senior Fellow at the Lowy Institute, Allan Dupont rightly affirms, this is a posture endorsed and encouraged more by the US and Australia, than by Japan. The US wants to reinforce its relations with Australia and Japan to triangulate the US alliance in the region, encourage Japan to play a balancing role, and offset China’s emerging power.

Conversely, Prime Minister Abe’s intention for getting closer to Australia is just to send a signal to China – that we are united in the cause of peace and freedom in the region. This message implies that we expect a benign China that is a responsible member of the international community.

Nevertheless, China might view a formal alliance between Japan and Australia as an attempt to restrict its military and economic influence in the region. Such a perception could make Chinese hardliners transform a moderate and self-restrained China into an enraged dragon.

This shift would not be in the interest of either China or Japan. Especially because relations between the two countries are enjoying great momentum. Last year, Prime Minister Shinzo Abe and Chinese President Hu Jintao confirmed strategic, mutually beneficial relations, based on economic and financial interaction, enhanced cooperation in the political and energy fields, defence exchanges and security dialogue.

Secondly, our constitution constrains us to engage in collective self-defence. Under the current legal framework, Japan cannot provide the assurance to come to Australia’s aid if it were attacked. In terms of domestic politics, changing the constitution would be extremely costly, and it would presuppose a series of reforms that would unlikely be undertaken at present.

Thirdly, though Prime Minister Abe has declared that he wants Japan to become more self-reliant in terms of defence, he should first find common ground with the largest opposition Democratic Party of Japan in order to legitimize such a revision. Moreover, a change in the status of the Self-Defence-Forces has the potential to fuel a regional arms race that no-one wishes.

Fourthly, Japan and Australia already have security alliances with the United States. Both countries can have closer policy and strategic coordination within the existing framework of the US alliance without having to establish a new one.

Fifthly, a formal alliance would not offer particularly extraordinary security advantages to Japan. Australia’s Defence Force and defence budget is almost insignificant. Australia has claimed that it might help us to counter potential nuclear threats from North Korea by implementing a missile defence system.  But given that Australia’s anti-ballistic missile defence capability are years away, Japan might do better by holding off allying for now.

For all these reasons, and given our current strategic circumstances, it is premature to move towards a formal defence treaty with Australia. For now, the joint declaration meets our objectives of strategic cooperation while strengthening our role in the region’s security architecture.  Japan must be wary of exaggerated claims about ‘China’s threat’ and about US-Australia own agenda.

China’s rise should not be perceived as a threat to Japan, at least not in the short-medium term. The Asian security order should not be about balance-of-power strategies, but more about a peaceful transformation into a multipolar security landscape. As long as China behaves within the framework of international law and enhances transparency in the military arena, its role as a regional power must be recognised.

Nevertheless, if you are still concerned, remember that Japan has an amazing capacity to adapt to new environments and threats. History speaks for itself.